Recomendaciones de la sociedad civil al Gobierno Nacional para dar respuesta a la violencia de género en pandemia

Las organizaciones participantes del proyecto Cerrando Brechas enviaron una carta a Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación con diez puntos a tener en cuenta para implementar políticas contra la violencia por razones de género.

(Buenos Aires, 8 de abril de 2021). Alertadas por el aumento de casos de COVID en el país que implican nuevas restricciones a las circulación de personas y que por lo tanto en muchos casos obligan a situaciones de convivencia complejas, las organizaciones participantes del proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la igualdad, enviaron a Jefatura de Gabinete y al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación una carta con diez puntos a tener en cuenta para implementar políticas concretas que den respuesta a las violencias por razones de género en el contexto de pandemia.

Estas recomendaciones fueron elaboradas a partir de los aprendizajes en la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y los desafíos por delante en el marco de las disposiciones del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO).

Entre los argumentos a tener en cuenta, figura: “Durante el DISPO es fundamental garantizar la oferta de una respuesta interseccional, integral y efectiva frente a las situaciones de violencias. Como sabemos, de acuerdo con la información disponible, las mujeres se encuentran en una situación agravada de vulnerabilidad, con extensos periodos sin ingresos económicos regulares y enfrentando los obstáculos adicionales que supone el acceso a las comunicaciones. En ese contexto, es particularmente problemático que no se responda con debida diligencia a las denuncias y medidas de protección solicitadas o que no se garantice el cumplimiento de las medidas ya vigentes”.

Las siguientes son las recomendaciones enviadas por carta al Gobierno Nacional:

1. Promover una respuesta estatal capacitada y sensibilizada, interseccional y efectiva con atención presencial en la medida de lo posible

Durante el ASPO se avanzó en la implementación de las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, un proceso que ya se había iniciado en 2019 en distintas instituciones públicas en cumplimiento con el mandato de la Ley 27.499. Estos espacios de formación son importantes y necesarios porque contribuyen de manera significativa a la sensibilización y capacitación de los agentes estatales, pero no son suficientes en sí mismos sin una evaluación de su impacto para lograr cambios socioculturales en los abordajes estatales de las violencias y desigualdades de género. A fin de asegurar que se cumpla con los objetivos, es fundamental evaluar también estos contenidos apostando a un proceso de formación y no meramente de información.

Durante el DISPO es fundamental garantizar la oferta de una respuesta interseccional, integral y efectiva frente a las situaciones de violencias. Como sabemos, de acuerdo con la información disponible, las mujeres se encuentran en una situación agravada de vulnerabilidad, con extensos periodos sin ingresos económicos regulares y enfrentando los obstáculos adicionales que supone el acceso a las comunicaciones. En ese contexto, es particularmente problemático que no se responda con debida diligencia a las denuncias y medidas de protección solicitadas o que no se garantice el cumplimiento de las medidas ya vigentes.

Debe garantizarse la vuelta al funcionamiento presencial y en horario normal de todos los espacios que atienden, asesoran y acompañan a mujeres y LGTBIQ+ en casos de violencias. Asimismo, el MMGyD debe garantizar, en coordinación con las provincias y municipios, el acceso a recursos materiales y humanos que resguarden el derecho a una vida sin violencias. En esta línea, la promoción y efectiva implementación de medidas de apoyo económico necesario para todas las mujeres y LGTBIQ+ en situaciones de violencia de género es urgente.

2. Fortalecer un abordaje integral e interseccional de las violencias de género

Los índices de violencia aumentaron durante el ASPO y las líneas de atención telefónica registraron un gran incremento de llamadas. Las estadísticas disponibles de la Línea 144 registran que entre el 20 de marzo y el 6 de noviembre de 2020, se recibió un promedio diario de comunicaciones que evidencia un aumento del 17% respecto al mismo lapso de tiempo anterior a las medidas de aislamiento.

Aunque importantes, las acciones de escucha y asesoramiento necesitan ser acompañadas por políticas que permitan garantizar la autonomía física, económica y social de las mujeres. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil observamos con preocupación los obstáculos que dificultan un abordaje de las situaciones de violencias, como el acceso a la vivienda, la necesidad de acompañamiento psicológico para las mujeres en situación de violencia, la inserción económica sostenida para lograr autonomía económica, así como también el cumplimiento efectivo de las obligacones de cuidado y alimentarias por parte de los progenitores no convivientes, que muchas veces ejercen violencia económica hacia las mujeres que no reciben la protección de la justicia.

El reciente anuncio de la creación de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad representa un paso en esta dirección. Para garantizar su éxito, pedimos difusión de información pública periódica que permita monitorear su implementación, con información sobre los territorios donde se establecen, los recursos que se destinan y una evaluación de su alcance e implementación desde un enfoque interseccional.

3. Garantizar el acceso a la justicia

Durante el ASPO, el acceso a las vías de ayuda promovidas por el Estado fue muy heterogéneo según el lugar de residencia, el acceso a documentos de identidad, las condiciones de pobreza y la condición de discapacidad, entre otros factores. La distancia espacial en este contexto se tornó en un problema aún mayor. La accesibilidad a los espacios de denuncia era clave y, en algunos casos, las oficinas del Estado encargadas de brindar atención en estos casos se encontraban a kilómetros de distancia de las mujeres que requerían asistencia¹. A ello se sumó la imposibilidad de acceder al acompañamiento necesario para el fortalecimiento de la mujer antes de hacer la denuncia y la consecuente evaluación de estrategias para hacer la denuncia sin aumentar el riesgo de las mujeres y LGTBIQ+.

En esta nueva etapa, las instituciones vinculadas con el servicio de justicia deben ampliar sus espacios y posibilidades de atención presencial con horarios amplios, ya que las herramientas tecnológicas (si bien útiles) mostraron sus limitaciones para brindar efectivo acceso a la justicia. En la misma línea, es indispensable avanzar en la pronta implementación del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para garnatizar el patrocinio jurídico gratuito para todas las mujeres en situación de violencia, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 27.210.

4. Garantizar el acceso a la información y a una comunicación responsable

Durante el ASPO, la difusión de información ha supuesto la existencia de un acceso a la tecnología y/o centros especializados que no se condice con las realidades de muchas mujeres y LGTBIQ+ que viven en situaciones de pobreza y/o en lugares alejados de centros urbanos, que poseen alguna discapacidad, sufren barreras idiomáticas como migrantes, no tienen conocimientos sobre uso de tecnología o que cuentan con poco o nulo acceso a conexión internet.

Durante el DISPO la estrategia de comunicación debe reflejar las distintas condiciones tecnológicas e idiomáticas de las personas y multiplicarse a través de espacios territoriales y comunitarios. Es importante que las comunicaciones estén dirigidas a desarrollar campañas de concientización y desnaturalización de las violencias de género; difundir líneas de atención a través de canales diversos y las acciones destinadas a la prevención y protección de la violencias de género.

Es también imprescindible que se agilice el contacto con la Línea 144 en todo el territorio del país, con igual calidad y prontitud en la atención. Asimismo, sugerimos que se revisen los criterios de información ya que en ocasiones sólo se da información sobre la zona desde la que se llama, lo que afecta el acceso al asesoramiento requerido cuando se busca asistir a alguien en otra jurisdicción.

Insistimos en que la línea 144 no remplaza otras formas de acompañamiento territorial, indispensable para un verdadero abordaje integral. Es necesario garantizar espacios de atención presencial para frenar el aumento de casos de violencias registrado en el último año. Debe priorizarse el acceso a organizaciones territoriales, asegurando el apoyo del Estado para sostener estos espacios de atención.

5. Contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el sostenimiento del trabajo en el territorio

Las OSC son, en muchos territorios, las únicas que tienen llegada directa a personas en situación de exclusión y violencia. Durante el 2020, las organizaciones enfrentaron grandes dificultades para poder garantizar la continuidad del trabajo esencial que muchas realizan y que reiteradas oportunidades es la única opción a la que acceden mujeres y LGTBIQ+.

Sin embargo, estas organizaciones trabajan en un contexto de muchas dificultades. De acuerdo con el relevamiento que hicimos en 2020 el 75% de las organizaciones vio como un gran obstáculo el “acceso a recursos económicos para solventar las actividades y/o el personal de la organización” y el 61% vio como un gran obstáculo para desarrollar su trabajo la falta de “claridad en el funcionamiento del poder judicial durante el ASPO”.²

Los gobiernos locales, provinciales y nacional deben fortalecer su vínculo y coordinación con todas las organizaciones locales, sin sesgos ni exclusiones, y ayudar a garantizar la continuación de su trabajo esencial. Todas brindan un servicio fundamental a la comunidad y es importante apoyarlas así como también sus posibilidades de articulación con actores estatales.

6. Promover políticas de reactivación económica con perspectiva de género

Durante el ASPO la precarización laboral, el desempleo y los altos índices de inflación han tenido un impacto diferencial en las mujeres y LGBTIQ+. Las medidas de apoyos económicos como el IFE fueron positivas pero no lograron cubrir a todas las personas y comunidades por igual, reforzando exclusiones y discriminaciones.

Un informe devela que solo un 22,2% de las mujeres trans/travesti recibió el IFE mientras que un 66,7% no recibió ningún subsidio. Algo similar ocurre con las mujeres migrantes: el 12,3% recibieron el IFE, el 12,3% percibe la AUH y el 79,7% no recibió ningún subsidio, siendo el grupo de mujeres que, junto con las mujeres afrodescendientes, presentaron mayores dificultades en acceder a las políticas públicas y beneficios sociales³. Esto se encuentra vinculado a las dificultades, agravadas durante el ASPO y DISPO, que pueden afrontan las personas migrantes para acceder a la documentación argentina y acreditar años de residencia en el país, requisitos para el ingreso a dichos programas.

Durante el período de DISPO hubo una caída generalizada en términos de empleo y de sostenibilidad de los ingresos, pero los datos parecen mostrar que los indicadores de los varones se recuperan mucho más rápido que los de las mujeres, posiblemente debido al impacto de la distribución desigual del cuidado al interior de los hogares y de las familias. Es preciso que las políticas que adopten en esta nueva etapa contribuyan a la reactivación económica atendiendo el impacto de género y las distintas realidades de las mujeres, en toda su diversidad.

7. Fortalecer la respuesta de los gobiernos provinciales y municipales

Durante el ASPO la adaptación de las respuestas locales a las medidas nacionales, considerando las particularidades de cada territorio, fue lenta y en muchos casos estuvo mediada por las demandas de las organizaciones de la sociedad civil. La difusión de la información sobre cómo actuar frente a situaciones de violencia de género y/o las medidas habilitadas para proteger a las personas no llegaron a todos los territorios por igual, profundizando las relaciones de exclusión social y territorial de grupos que ya estaban en situaciones de precariedad.

El Programa GENERAR impulsado desde el Estado nacional es una iniciativa positiva. Para que se cumpla con los objetivos propuestos en esta nueva etapa del DISPO, es fundamental que se monitoreen y evalúen las acciones de transversalización de la perspectiva de género y su impacto en la elaboración de políticas aterrizadas en las particularidades del territorio para garantizar la prevención, erradicación y sanción de las violencias.

Para ello, también debe promoverse una mayor participación social y política de OSC en el diseño e implementación de las políticas públicas. Asimismo, se debe garantizar la participación de las mujeres y LGTBIQ+ en el diseño e implementación de políticas orientadas al abordaje de la crisis sanitaria y la correspondiente reconstrucción económica, social y cultural^4.

8. Garantizar el derecho a la protección y autonomía física

La prevención y protección de las personas en situaciones de violencias de género demandan un accionar capacitado, sensible y efectivo de las fuerzas de seguridad. En el contexto del ASPO se denunciaron muchos casos de detección arbitraria que reforzaron los estereotipos de persecución sobre personas LGTBIQ+ y de grupos sociales excluidos. Por ejemplo, los colectivos trans y travestis que vivían en la calle, y quienes vivían en barrios en los márgenes de la ciudad y debían trasladarse para el abastecimiento reportaron casos de discriminación, violencia policial y abuso de autoridad, en donde las mujeres trans y travestis fueron criminalizadas y detenidas arbitrariamente. Asimismo, la falta de información y homogeneización entre disposiciones nacionales y provinciales vio afectado el derecho a la protección ya que se desconocían en muchos casos la extensión de medidas de protección y no se respondieron en tiempo ante denuncias y situaciones de riesgo.

Otro punto grave a trabajar es el hecho de que según la asociación civil Mumaláel 4% de los femicidas pertenecía a alguna fuerza de seguridad, de éstos el 60 % era policía, el 20% militar y el 20% policía retirado. El Ministerio de Seguridad debe no solo avanzar en las capacitaciones sobre problemáticas de géneros y diversidades, sino monitorear y sancionar a los integrantes de las fuerzas que tengan antecedentes de violencias de género.

Es fundamental tomar medidas efectivas para prevenir posibles situaciones de abuso de parte de las distintas fuerzas de seguridad que en todos los casos deben actuar de manera respetuosa de los derechos humanos y las garantías individuales.

9. Poner en agenda el cuidado como responsabilidad social

El ASPO visibilizó y aumentó la carga de trabajo no remunerado que las mujeres asumen cotidianamente. En el marco de las medidas adoptadas para el ASPO, se ha producido una intensificación y una re-familiarización de los cuidados debido al cierre de los establecimientos educativos y de cuidado, el aumento de las tareas de higiene requeridas para la prevención de los contagios, sumado a las limitaciones para contar con el apoyo de redes familiares o el servicio de trabajadoras de casas particulares para el trabajo doméstico en el hogar^5.

Durante el DISPO no hay claridad sobre cómo van a resolver el cuidado las familias con hijos e hijas en edad escolar, que deberán hacer frente a un esquema alternado de clases presenciales y virtuales (especialmente para quienes no gozan del beneficio de no tener que concurrir al espacio de trabajo, no tienen redes familiares que les puedan asistir o bien no tienen los recursos económicos para pagar un servicio particular).

Ante la ausencia de políticas públicas que prevean esta situación, se asume que son las familias quienes deberán resolver estas tensiones, lo cual oficia como un vector de reproducción de las desigualdades de género y socioeconómicas al interior de las familias. La reactivación económica y los planes post pandemia deben contener como un componente central a los cuidados en sus distintas expresiones, incluyendo la posibilidad de contar con licencias, espacios de cuidado, compensaciones económicas para poder pagar servicios de cuidado, modificación de las dinámicas de empleo para permitir la compatibilización de responsabilidades laborales y familiares, etc.

10. Poner en agenda la precarización de las profesiones relacionadas al cuidado que se encuentran mayormente feminizadas

El ASPO dejó en evidencia las condiciones precarias en las que se llevan a cabo las tareas en los ámbitos de salud, educación y centros de atención de personas mayores. Estos sectores tuvieron un rol clave en las medidas dirigidas a la prevención y atención de la emergencia sanitaria, y la respuesta resultó muchas veces en una mayor sobreexplotación de la carga de trabajo de mujeres trabajadoras.

Es importante resaltar la precarización de las empleadas en casas de familia. Un estudio de la unión de Trabajadores Dométicos y Afines (UTDA) da cuenta de la situación «desesperante» del sector. De acuerdo con el informe, el Consejo de Casas Particulares da cuenta del despido «tácito o explícito» de 367.500 empleadas. «En la medida en que se encuentra vigente el DNU 367/20, que prohíbe las cesantías y al mismo tiempo establece la doble indemnización, la inmensa mayoría de esas bajas se produjeron sobre la base de inducir renuncias reteniendo haberes durante la cuarentena y abonándolos todos juntos a modo de indemnización. Otra parte surge de aquellos casos (un 6,6% del total) que asegura haber sido abandonada por sus patrones que dejaron de depositarle el sueldo sin comunicación alguna”^6.

Durante esta nueva etapa de DISPO se observa que se mantiene una sobrecarga de tareas en estas instituciones y personas. Por lo tanto, es imprescindible comenzar a dar respuesta a problemas estructurales asociados a la desfinanciación de dichos sectores. A ello se suma la ausencia de otras respuestas institucionales en torno al aumento de las tareas de cuidado. Las medidas que se propongan no deben reproducir cargas y tareas de responsabilidades que refuercen las desigualdades de género laborales. En este sentido, deben discutirse propuestas de mejora sobre las condiciones de precarización de las profesiones mayormente feminizadas, desde una perspectiva de género e interseccionalidad, que contribuya al fortalecimiento y profesionalización de las condiciones de empleo de sus trabajadoras y trabajadores (en muchos casos, migrantes). Asimismo, se requieren políticas de apoyo a cuidados no remunerados y estrategias activas para la cobertura de las trabajadoras domésticas que se encuentran dentro del mercado informal.

¹ María del Carmen Lucena, Huellas de Mujer, Provincia de Santa Fe. Cita del documento “Las brechas de las políticas públicas. Miradas desde la sociedad civil sobre el abordaje de la violencia por razones de género en tiempos de COVID-19.” de ELA.
² ELA. “Las brechas de las políticas públicas. Miradas sobre la sociedad civil sobre el abordaje de la violencia por razones de género en tiempos de COVID-19”. Buenos Aires, mayo 2020.
³ Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, CONICET y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2020). Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto COVID-19. 
⁴ Articulación Regional Feminista (ARF): “Los derechos de las mujeres de la región en épocas de COVID-19. Estado de situación y recomendaciones para promover políticas con justicia de género”. Buenos Aires, mayo 2020.
⁵ ELA & UNICEF. (2020). Los desafíos del cuidado en el regreso gradual a los espacios laborales.
⁶ https://www.tiempoar.com.ar/nota/al-menos-400-mil-empleadas-de-casas-particulares-perdieron-su-trabajo- durante-la-cuarentena