Solicitamos políticas para la igualdad de género y Plan Nacional de Acción contra la Violencia en el Presupuesto Nacional

Hoy, varias organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentra FEIM, hicimos llegar, en una carta dirigida al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Luciano Andrés Laspina; a la Presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Silvia Alejandra Martínez; al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña y a la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Fabiana Tuñez, la preocupación por la formulación del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2019, a ser debatida en las próximas semanas en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Hemos tenido acceso a los documentos presentados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y sus anexos. Del análisis que hemos realizado surgen algunos temas de preocupación sobre los que deseamos llamar su atención a fin de que ustedes puedan, dentro del marco de sus competencias, realizar las reformas necesarias previo a la aprobación del presupuesto que regirá la asignación de recursos financieros para la realización de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres durante el próximo ejercicio.

El proyecto de presupuesto para 2019 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional muestra avances en la implementación transversal de la perspectiva de género a partir de la identificación de políticas de género por programa y categoría, a través de la incorporación la etiqueta de Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG). Esta herramienta permite identificar la contribución que realizan diferentes dependencias estatales y programas a la reducción de las brechas de género y la no discriminación contra las mujeres, aportando a la transparencia presupuestaria que facilita también su seguimiento. Si bien todavía es necesario seguir avanzando en una mayor desagregación de los datos, la etiqueta permite identificar las partidas asignadas a programas y políticas tales como el Plan Nacional de Acción para la Prevención Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres (PNA); Prevención del Embarazo Adolescente; el Registro de Casos de Violencia contra las Mujeres y el Programa Fortalecimiento de Educación Sexual Integral.

Destacamos como señales positivas las partida asignada al programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable que pasó de $245.506.635 a $560.344.785 en 2019, lo que constituye en términos reales un aumento del 69%; así como al programa de Fortalecimiento de Educación Sexual Integral (ESI) que pasó de $21.852.645 a $102.906.633. Valoramos el reconocimiento que esto implica frente a la masiva demanda social demostrada durante el debate parlamentario de la ley por la legalización del aborto, por mejorar el acceso de los derechos sexuales y reproductivos en todo el territorio del país. Será de gran importancia, en el transcurso del ejercicio 2019, que el Poder Legislativo se involucre también en forma activa en el seguimiento de la asignación y ejecución de este presupuesto.

Por otra parte, señalamos con preocupación el ajuste presupuestario y su impacto en los recursos destinados al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), así como en algunos programas claves para la prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, y en algunos programas vinculados con la erradicación de las desigualdades de género que se llevan adelante desde otros organismos:

  • Al INAM se le adjudicará para el 2019 un total de $234.394.881. Si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, teniendo en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior.

  • El proyecto de presupuesto 2019 prevé $32.099.395 para la implementación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias. Esto implica una reducción en términos nominales del 36%, mientras que en términos reales implica una pérdida del 55%. Además, representa una reducción importante respecto del monto que el propio Poder Ejecutivo indicó que se destinaría a este Plan en el momento de su presentación, en el mes de julio de 2016.

  • Las Líneas 137 y 0800-222-1717 a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación contarán en el 2019 con $301.790.243 pesos. En términos nominales es apenas un 2% de aumento, mientras que en términos reales implica una pérdida de 24%.

  • En 2019 el Programa Hacemos Futuro Juntas (anteriormente Ellas Hacen) tendrá $3.658.695.500 pesos. En términos nominales representa una pérdida de un 24% mientras que en términos reales implica una pérdida del 44%.

Por otro lado, llama la atención la ausencia de los hogares de protección integral (HPI) entre los objetivos institucionales del presupuesto, aunque en 2018 se les destinó la mayor parte de la partida destinada al PNA. Sin embargo, no hay información en el proyecto presentado en relación a los avances de las metas de construcción en el 2018 y las que deberán alcanzarse en el 2019.

Por último, el documento revela los escasos recursos destinados al empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Es el caso de la Secretaría de Trabajo (antes Ministerio) con poco más de un millón de pesos, que tiene entre sus objetivos “entender en la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo y en el trabajo, así como la protección de la maternidad”. En el mismo sentido es preocupante la reducción real  de un 44% del programa Hacemos Futuro Juntas (que representa la continuación del Ellas Hacen).

Como hemos dicho en otras oportunidades, el presupuesto es lo que revela el compromiso del Estado con las políticas públicas que garantizan derechos. Los derechos no pueden ser garantizados ni las desigualdades transformadas sin presupuestos acordes. Por ello, solicitamos que las Comisiones a su cargo puedan revisar con detenimiento las partidas presupuestarias previstas en forma previa a la aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2019.