FEIM presentó tres informes sombra al Comité de ONU que evaluará la situación de los derechos de las mujeres en Argentina

(28 de octubre de 2016)

 

 

 

La situación de los derechos de las mujeres en Argentina será evaluada a partir del martes 1 de noviembre por el Comité de Naciones Unidas que revisa la implementación de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW, por sus siglas en inglés).

 

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM participó, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración de tres de los informes sombra que aportarán datos y sugerencias para que el órgano de expertos de ONU tenga en cuenta tanto al considerar el informe de país, como al emitir luego sus recomendaciones a la Argentina. Todos los documentos pueden consultarse en el siguiente enlace y el martes la revisión de Argentina será transmitida en vivo desde: http://webtv.un.org/.

 

Falso SAP, abuso sexual en la infancia y Educación Sexual integral

El primer informe fue elaborado por FEIM junto a una amplia coalición de más de veinte organizaciones de la sociedad civil y da cuenta de los avances, retrocesos, falencias y omisiones del Estado argentino en cuanto a su obligación de respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención. Este documento analiza diez temas cruciales: Marco legislativo e institucional; Acceso a la justicia; Mujer, paz y seguridad; Estereotipos y prácticas dañinas; Violencia contra las mujeres; Trata de mujeres y explotación de la prostitución; Participación en la política y vida pública; Educación; Trabajo y empleo; Salud y Grupos de mujeres con desventajas.

 

En el punto sobre “Estereotipos y prácticas dañinas”, el informe hace hincapié en la fuerte discriminación persistente en los operadores judiciales, en especial con la aceptación y uso del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) en causas de Abuso Sexual en la Infancia. Esta práctica “da lugar a que se ponga en duda la veracidad de los abusos y la palabra de niñas y niños y a que prospere en juicio el argumento de que las denuncias son resultado de la influencia de la madre, forzando la revinculación con el abusador”, señala el reporte sombra. Las organizaciones denuncian también “la falta criterios y de coordinación institucional que redunda en situaciones de revictimización de niños y niñas”. Esto debe cambiarse a la brevedad y capacitarse al personal judicial sobre estos temas.

 

Por otra parte, en el punto sobre Educación, el documento de las ONG informa al Comité que el gobierno no está implementando la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que no es posible conocer la partida asignada en el presupuesto nacional y tampoco a nivel provincial.

 

Aborto

El segundo informe en el que participó FEIM se refiere exclusivamente a la situación del acceso al aborto seguro y fue realizado junto a una veintena de organizaciones de la sociedad civil. “Durante los últimos 30 años, las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna y han representado un tercio del total de esas muertes. Las estadísticas del quinquenio 2007-2011 muestran que el 23% de las muertes maternas derivaron de abortos inseguros. En la actualidad, el aborto continúa siendo la principal causa de mortalidad materna en más de la mitad de las provincias del país. Las complicaciones por aborto inseguro son la primera causa individual de muerte materna en 17 de las 24 provincias”, se remarca en el informe de las organizaciones.

 

En este contexto, las organizaciones requieren que el Gobierno: Adopte medidas y desarrolle acciones concretas para reducir la mortalidad materna, especialmente como consecuencia de los abortos inseguros; Garantice la atención del aborto legal o no punible en todo el territorio nacional según la exhortación formulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los distintos niveles de gobierno en Marzo 2012 en el caso FAL; Otorgue rango de resolución ministerial al protocolo de atención elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y sus actualizaciones (incluyendo el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”), entre otras cuestiones.

 

También se informa al Comité sobre la necesidad de que el Estado asegure el acceso a los abortos legales en todas las jurisdicciones dentro del sistema de salud público, apoyado por campañas de difusión pública para promover el conocimiento de este derecho; garantice la provisión y acceso a anticonceptivos y a medicinas esenciales en todo el país en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; y adopte medidas específicas para reducir la mortalidad materna como consecuencia de abortos inseguros.

 

Tabaco y salud de las mujeres

El tercer reporte en el que participó FEIM aborda el problema del control del tabaco y la salud de las mujeres. Fue realizado junto a FIC Argentina, O’ Neill Institute for National and Global Health Law, FUNDEPS y ALIAR Argentina para informar al Comité sobre los escasos o nulos avances en relación con las recomendaciones de la Comisión para prevenir y reducir el consumo de tabaco entre las mujeres.

 

En Argentina, 11.731 mujeres mueren por año a causa del consumo de tabaco. El país tiene uno de los índices de consumo de tabaco más altos de América Latina y, entre adolescentes, las chicas fuman un 20% más que los varones.

 

El informe enfatiza la necesidad de que Argentina ratifique el Convenio Marco para el Control del Tabaco, a fin de tener a disposición más herramientas para proteger la salud de las mujeres. A su vez, las organizaciones recomiendan que se prohíba toda forma de publicidad de tabaco y que se aumenten los impuestos al tabaco por medio de una política efectiva y sostenible en el mediano y largo plazo. También sugieren que el gobierno prohíba el uso de aditivos y saborizantes en los cigarrillos y que promueva la adopción de políticas de control de tabaco a nivel subnacional con el objetivo de que las provincias tengan un estándar mínimo de protección de la salud de las mujeres.