Interrupción Legal del Embarazo: cómo se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires y qué pasó durante la cuarentena

El Ministerio de Salud porteño reveló que entre centros de salud comunitarios y hospitales de la ciudad, el año pasado se hicieron 8388 procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 100 veces más que en 2014, cuando habían registrado 91.

El dato se conoció en una reunión de la comisión de salud de Legislatura, que empezó a discutir la adhesión de la ciudad al nuevo protocolo nacional de ILE, un protocolo presentado en diciembre pasado y que da por sentado derechos de las mujeres y se concentra en lineamientos de salud pública.

Sobre eso hablamos con la médica feminista Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, elegida el año pasado entre las mujeres “más influyentes e inspiradoras del mundo” en la lista “100 Mujeres de la BBC”.

—¿Ese aumento significa que no hay «trabas» para acceder a estos procedimientos, que hay menos, que hay políticas para informar sobre este derecho?
—En la ciudad se viene haciendo esta atención y se hace de acuerdo a la recomendación del Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia del 2012 y al protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. En realidad se debería hacer en todas las provincias del país porque la Corte dice expresamente que es para todo el país. En realidad lo anormal es que haya provincias en las cuales no se aplica y se niega a las mujeres el derecho que el Código Penal reconoce desde 1921. El Código Penal; el fallo FAL y el protocolo del Ministerio son los instrumentos legales y sanitarios que indican la conducta en estos casos, pero insisto en que hay 16 provincias donde no se respeta esto plenamente. Creo que lo que se hace en la Ciudad es lo que debería hacerse en todo el país, eso es cumplir la ley.

—Las estadísticas que presentó en la Legislatura Fabián Portnoy, director de Coordinación de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual porteño, marcan que el 84% de las prácticas se hicieron en centros de salud. Hace cinco años, se hacían principalmente en hospitales. ¿Esto significa que es un proceso menos traumático? 
—Si, el protocolo de atención del Ministerio de Salud de la Nación que se basa en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las interrupciones hasta las 12 o 14 semanas de gestación se hagan con medicamentos. Aquí se usa el Misoprostol. Esto significa que no requiere internación, tampoco uso de sala de cirugía. Es algo que se aplica la mujer. Y la consulta es para verificar que se completó la evacuación, a veces por los dolores que son fuertes o por un sangrado abundante o incluso hemorragia, pero la aplicación y la evacuación ocurre en el domicilio de la mujer y es un método muy incruento. Creo que los datos que mostró Portnoy hablan de cómo esta práctica con medicamentos es sencilla y satisfactoria, y evitan las internaciones y las complicaciones que muchas veces se generan, y producen enfermedad y muerte de mujeres. O sea, es como se plantea en la OMS, un procedimiento ambulatorio y sin riesgos. Por eso es tan importante que no se posterguen las decisiones si la mujer solicita la ILE: para poder hacerlo en esta modalidad.

—De los casos atendidos el año pasado, 858 casos fueron mujeres víctimas de una violación, 7300 mujeres con embarazos que ponían en riesgo su salud y 611 casos de embarazos que directamente ponían en riesgo su vida, que son las tres excepciones que prevé el Código Penal. ¿Qué se entiende por poner en «riesgo su salud» y quién debe demostrarlo?
—Si se pone en riesgo la salud o la vida no es algo que demuestra la mujer, sino que son los médicos los que  plantean este riesgo a la mujer y ella decide, esto es importante remarcarlo, porque no es la mujer sino los médicos los que le plantean el riesgo. En casos de violaciones, la Corte en el fallo FAL plantea que la mujer solo debe hacer una declaración y eso vale. La Corte aclara que si los profesionales creen que se están cometiendo excesos en esto, se debe investigar, pero siempre antes cumpliendo con la solicitud de la mujer. Y si quieren investigar no deben suspender o retrasar la atención de la mujer. La mujer no puede pagar por el mal manejo de la institución y/o de los profesionales.

—Si la Legislatura porteña resolviera adherir al nuevo protocolo, ¿qué cambios habría respecto al acceso de las mujeres a la ILE?
—Si se aprueba el protocolo por ley es menos probable que se les niegue la prestación a las mujeres y se las postergue como ocurre. Los marcos legales son importantes porque dan estabilidad a la vigencia, y abiertamente las personas tienen derecho a reclamar cuando se les niega la atención. Y si se oponen otras fuerzas, esta norma indica la conducta legal. No cumplirla es estar en la ilegalidad. Por eso, espero que pronto el pleno de la Legislatura porteña aporte este proyecto que ayudará a eliminar rechazos y espero pronto se aplique en todas las provincias con resoluciones similares. De esta forma estaríamos ahorrando recursos económicos por doble aplicación del gasto. Y también lograríamos mejores resultados porque sería mucho más benigna la frecuencia de los procedimientos y ahorraríamos meses de recuperación de las mujeres que experimentan complicaciones y de recursos de internación, además recursos de diagnóstico y tratamiento, y lo más importante disminuirían las muertes y las secuelas graves cuando no mueren.

Podés ver la reunión en la Legislatura en este video

—Otros datos que se conocieron son que el año pasado, el 14% de los procedimientos de ILE fue en menores de 19 años, incluidas las 58 niñas de menos de 14 años. Y que el 86% restante de las mujeres tenía entre 20 y 45 años. Pero todas estas cifras son del sector público. ¿Qué sabemos del sector privado? ¿Hay estadísticas?
—No hay información del sector privado, donde incluso en algunos casos disfrazan la  intervención de legrados. Es decir hay casos de abortos realizados en la forma tradicional no medicamentosa registrados como otras prácticas. Por supuesto menos se sabe sobre ILE realizadas por médicos en forma privada con Misoprostol.

—En estos tres meses de pandemia, ¿hubo complicaciones específicas más allá de las que plantea el propio sistema para acceder a la ILE?
—No sabemos, pero en estos meses de cuarentena sospechamos que ha habido episodios de embarazos no planificados e incluso forzados o producto de abusos, porque en muchos casos especialmente las más jóvenes dejaron de usar los métodos anticonceptivos por no salir, por miedo a infectarse y a que las paren y no las dejen llegar al centro médico porque el motivo no sea valorado por las fuerzas de seguridad. Entonces es posible que haya habido embarazos, como dije, no planificados e incluso violaciones, que pueden ser generadores de problemas de salud. Además no sabemos cuántas han sido violadas en sus casas por familiares, especialmente las adolescentes pasibles de abuso sexual en la infancia, un hecho habitual y que con el encierro pudo haber crecido. Pero no sabemos, no tenemos datos. Esto es preocupante.

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