Opinión

No basta sacarse la foto con el cartel «Ni una menos»

Publicado en Clarín, 6.09.2015

 

Por Mabel Bianco.- Hace 10 años en un panel en Naciones Unidas señalé: “En América Latina la casa es el lugar más inseguro para las niñas”, aludiendo al abuso sexual que sufrían. Esto no solo no mejoró, sino que empeoró, y era y es lo que también viven miles de mujeres victimas de violencia de género para quienes la casa es un infierno. Aún no tenemos cifras de todo el país, porque a seis años de sancionada la ley casi nada se avanzó, pero inferimos de datos parciales que no solo aumentó sino que las lesiones son más graves. Los femicidios aumentaron, no solo porque se los clasifica ahora como tales, sino porque las agresiones son con mayor crueldad. Es cierto que ahora se denuncian más los casos de violencia, algo positivo, pero que debería acompañarse de una preparación de la mujer y su apoyo, lo que no ocurre. Es más fácil hacer la denuncia que sostenerla. Hecha la denuncia, la mujer queda más expuesta porque el agresor se entera enseguida y después de negar todo en la comisaría va a buscar a la mujer, en general para explicarle, pero el resultado es casi siempre otro episodio de violencia y más grave. Porque está comprobado que en casos de violencia lo que debe evitarse es que se encuentre el agresor con la víctima, porque no se puede predecir su conducta. Por eso, en casos de violencia de género nunca se debe recurrir a la mediación, ni a las negociaciones presenciales, como en el caso reciente del country de Pilar, en que para negociar las condiciones del divorcio la mujer no renovó la orden de alejamiento y fue a discutir con el agresor junto a su abogado.

La peligrosidad en que viven miles de mujeres no parece importar a las autoridades, ya que no hay acompañamiento para apoyarlas, tampoco tienen acceso a patrocinio jurídico gratuito y les cuesta llegar al juicio por los múltiples trámites que deben hacer sin tener con quién dejar a sus hijos y sin poder trabajar. Por eso insistimos en que es difícil sostener la denuncia porque los tiempos y los procedimientos de la justicia no se adecuan a la urgencia que viven las mujeres por los riesgos que corren ellas y sus hijos. Frente a esto lo habitual es la impotencia que sienten ante las puertas que se les cierran y las barreras que se les plantean. La principal es que la mayoría del personal de las fuerzas de seguridad y de la justicia cree que ellas padecen violencia porque algo han hecho y la aceptan. Esta convicción que generó estupor cuando recientemente fue expresado por la senadora Rojkes, es algo aún vigente en el imaginario colectivo. Y es así como se las revictimiza, porque cuando se las investiga a ellas más que a los agresores y se buscan los motivos que provocaron la violencia, se está justificando al agresor. Es lo que vemos a diario cuando las mujeres relatan sus experiencias. El 3 de junio, la movilización en todo el país fue impresionante pero pasaron tres meses y pocos observan que el Gobierno no dio respuesta a nada de lo que se le pidió, que no era más que cumplir con lo que fija la ley aprobada hace seis años y aún no implementada.

La mayoría de los funcionarios y parlamentarios se sacaron la foto con el “Ni una menos”, pero no se ocuparon de ver qué tenían que hacer para realmente lograrlo. Si los policías hubieran hecho los cursos que los gobiernos debían brindarles, si los jueces resolvieran estos casos en los plazos que fija la ley y no evitaran caratularlos como “violencia” para no tener plazos, si los servicios de salud atendieran los abortos pedidos en casos de violaciones como permite el Código Penal, o los servicios de apoyo a las víctimas tuvieran el personal necesario y atendieran la demanda sin demoras, si los ministros de Educación incorporaran esta enseñanza y capacitaran a los docentes … Nada de esto ocurre, así que es hora de empezar, desde el gobierno nacional, los provinciales y municipales. Si seguimos mirando para el costado y horrorizándonos con cada nueva muerta, somos todos responsables de que el Ni Una Menos nunca se logre.