Salta la linda y la crueldad del patriarcado colonialista
Página 12 – 11 de marzo de 2022
El femicidio de Florencia Isabel Torrez, una niña wichí de 14 años asesinada en Salta por un varón criollo que se declaró su «ex pareja» y que la abusaba por lo menos desde los 11 años, desnuda la situación de las infancias y adolescencias indígenas vulneradas, en una provincia donde el patriarcado colonial, conservador y rancio, hunde a las comunidades en la pobreza y el sometimiento.
En apenas dos meses y medio se marcó la medida inconmensurable de las violencias contra niñas, adolescentes, mujeres y diversidades en ese tramo del Norte conservador que es Salta. Este 8M, mientras el grito colectivo clamó por Ni Una Menos, Vivas, Libres y Desendeudadas Nos Queremos, la familia de la niña wichí Florencia Isabel Torres despedía su cuerpo apuñalado por un varón criollo de 25 años que se declaraba “ex pareja”, y la abusaba desde que ella tenía por lo menos 11 años. Mientras que otro detenido de 19 años, que se encontraba con Florencia en el momento del femicidio, se autodenominó “novio actual”. La crueldad del patriarcado colonialista desplegada en territorios donde se promociona turismo de calidad al tiempo que se naturaliza que las niñas “debuten” tras su primera menstruación y se unan a varones mayores, volvió a caer esta vez sobre Florencia, sobre Pamela Julia Flores, de 12 años, en enero, y aun sobre el cuerpo gestante de Aldana Quico, de 18 años, por quien la familia responsabiliza de su muerte al personal médico del Hospital Público Juan Domingo Perón, de Tartagal. Aldana cursaba un embarazo y había llegado a ese centro de salud con fuertes dolores y el feto muerto, pero pasaron horas hasta que le realizaron una intervención. En estos nombres se condensan lineamientos de los reclamos pronunciados en la lectura del documento del nuevo Paro Internacional Feminista: “Son años de colonización sobre los cuerpos indígenas, negres y marronxs, y de trabajadoras domésticas que hoy no están aquí. Juntes le decimos basta al racismo estructural”.
“A veces leo que escriben ´ya, superen la colonización, están hablando siempre del pasado…´; ´ya, eso que le pasó a tu abuela, es tiempo de superarlo, piensa positivo…´ Estuve leyendo la noticia sobre lo que pasó con Florencia Torres, de Pichanal. Antes de eso, con Pamela Flores. Y antes de eso, antes de eso… ¿Hasta cuándo? Leemos cuando la gente se horroriza con lo cruento de los femicidios, y escuchamos decir ´es el patriarcado´”, reflexiona Lourdes Albornoz, del pueblo diaguita, integrante del Tejido de Profesionales Indígenas. “Por otra parte, en los mismos territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros seis meses de 2021, se registraron 64 casos. Y escuchamos a la caridad decir: ´qué terrible´. Con el sentipensar de nuestras ancestras, entendemos que Toda la tierra es una sola alma y somos parte de ella. Nosotras decimos, no es solo el patriarcado. También es la colonialidad.” (ver columna aparte)
Las condiciones quebradas
Florencia vivió en circunstancias de carencia extrema desde su nacimiento. Tras el fallecimiento de su madre, hace unos años, ella y su hermana de 13 años debieron convivir con su padre, Ariel Torres, la pareja de éste, Nancy Campos; con dos medios hermanos y otros hijos de Nancy, en la comunidad Nueva Jerusalén, del Pueblo Ava Guaraní, en Pichanal. Con el tiempo se volvió una migrante interna, pasaba sus días recorriendo las comunidades. “Me duele el abandono, me duele la invisibilización que tenía”, confió a este diario una vocera de la familia, del grupo Kuape Kuape Äi (Aquí estoy), de «mujeres que ayudan a mujeres», de la comunidad Misión San Francisco, también en Pichanal.
“Cuando ocurrió lo de Pamela nos preguntábamos cuánto tiempo iba a pasar hasta que volviera a suceder otra muerte. Entonces pasó lo de Florencia, y lamentablemente va a seguir pasando. No hay intenciones para intervenir y detener esto”, afirma Germán Vildoza, cofundandor junto a Florencia Rey Lacoste de De la Mano Por el Mundo, una organización que trabaja en el territorio salteño y acompaña a la familia de Pamela Flores, de la comunidad Misión Kilómetro 2, desde enero, tras el femicidio y el abandono de su cuerpo con indicios de abuso sexual, al costado de la Ruta nacional 81. “Estos hechos requieren intervención urgente del Estado nacional, con todos los ministerios y organismos competentes, para resolver una situación que afecta a las comunidades, que piden a gritos ayuda y ser escuchadas, pero no tienen respuesta.”
En el caso de Florencia Torres, agrega Vildoza, el agresor, un criollo que la dobla en edad, responde a un patrón que se repite en todas las comunidades. “Las niñas son abusadas y ni siquiera lo saben, a veces con el consentimiento de las familias, por su condición de extrema pobreza, y son entregadas a los criollos. Falta Educación Sexual Integral y programas de prevención que deberían estar activos en las escuelas. Salta es una provincia cerrada a la ESI, pero en el territorio hay una gran necesidad. En los últimos años hubo un incremento de embarazos de niñas de entre 11 y 13 años, que afrontan una maternidad de por sí riesgosa en un entorno de extrema vulnerabilidad”, advierte. “Hace poco, una niña de 13 años en su noveno mes de gestación, perdió el bebé camino al hospital, en circunstancias que todavía no están claras, presuntamente por mala praxis. La cuestión sanitaria es central, porque en muchos casos se detectan violaciones o embarazos que tampoco son denunciados por el mismo personal sanitario, que los encubre.”
En la Argentina, el 4,7 por ciento de las niñas se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años, según información del Censo nacional de 2010. Hay un total de 132.398 niñas, de entre 14 y 18 años inclusive, que se encuentran unidas o en matrimonio en todo el país, estimación que a esta altura es subregistro, a once años del relevamiento. Los datos fueron difundidos en el informe “El matrimonio y las uniones convivenciales infantiles en la Argentina”, un estudio cuantitativo que elaboraron las investigadoras Mabel Bianco y Cecilia Correa, de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim). En Salta, un total de 5.356 niñas de 14 a 18 años se ha unido o casado tempranamente, lo que representa el 5 por ciento del total de esa edad que residen en la provincia, que es de 106.261 niñas.
“Florencia es un ejemplo de cómo viven estas niñas; obligan a pensar en todas las carencias, familiares e institucionales. No tienen un lugar, una escuela que las contenga, no hay otras instituciones. La poca contención llega tarde, como sucede ahora, a una familia que ese padre no puede sostener porque no tiene trabajo ni medios. Eso no se ve y nadie lo piensa, por eso las niñas están totalmente abandonadas”, considera Bianco. “Es preocupante porque no tienen dónde estar, y se unen porque creen que van a encontrar a alguien que las contenga, como le sucedió a Florencia en una unión anormal y abusadora, que cuando la niña quiere salir encuentra el castigo de la muerte.” Para Bianco, la reacción institucional es patológicamente tardía. “Y en definitiva reaccionan porque somos los movimientos de mujeres y los feminismos lxs que visibilizamos. Lo ocurrido merece ser tomado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, y articulado con las provincias. Debemos asumir que estas niñas necesitan protección y una institucionalidad que se ocupe de ellas, porque no tienen un proyecto de vida.”
Hace tiempo que mujeres de diferentes pueblos denuncian las violaciones a niñas indígenas como un modo de marcar el poder y la propiedad sobre los cuerpos, describe Claudia Korol, integrante de Feministas del Abya Yala. “Estas situaciones se vinculan además con las denuncias realizadas por comunidades wichí, por las muertes recientes de jóvenes, niños y niñas, como consecuencia del maltrato en hospitales; por hambre, por despojo, por el desplazamiento forzado que generan las políticas extractivistas, por distintas formas de violencia estatal”, enumera. El racismo, el patriarcado, el capitalismo se encuentran en estas violencias, que se expresan desde el poder, desde las instituciones, advierte Korol, pero que dan cuenta también de la débil respuesta de muchos sectores de la sociedad, que naturalizan esos crímenes. “Necesitamos responder con más energía desde los feminismos al crimen de Florencia, acompañando la denuncia, multiplicándola”, enfatiza. “Es imprescindible sacudir la modorra, que impide hacer real para todas la consigna ´Si tocan a una, respondemos todas´. Quiero decir, frente a todas las que tocan, violan, matan, respondemos todas/todes. Que el dolor no nos sea indiferente. Los feminismos serán antirracistas, anticoloniales, o perderán su fuerza revolucionaria, para decorar muchas violencias y opresiones.”
Son femicidios
La muerte de Pamela Julia Flores dio inicio al primer registro de femicidio/infanticidio del año, que apremia una investigación eficiente y rápida. En una carta a Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, la Comunidad Indígena Wichí le pidió su intervención para esclarecer estos crímenes, y que destine todos los recursos disponibles de la provincia, y que se cree un comité provincial de emergencia en contra de la violencia a niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas. «Debe estar conformado con el protagonismo de los pueblos indígenas de la provincia. Los mismos deben contar con una presencia activa en la toma de decisiones. Dentro de sus funciones, el comité debe garantizar la aplicación y el ejercicio de las leyes vigentes para la protección de la niñez, la adolescencia y la mujer indigena», remarca el petitorio que firmaron asociaciones indígenas y organizaciones civiles. “Estamos pensando diversas formas de profundizar nuestra estrategia de lucha, porque no nos escuchan”, dijo Octorina Zamora Niyat, referenta de la Comunidad Wichí de Salta y presidenta de la Organización Kaianteya del Pueblo Wichí, que asiste a la familia de Pamela.
La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, exigió investigar hasta las últimas consecuencias, diseñar políticas de prevención de femicidios de niñas, y que el organismo de protección auxilie a las familias, que necesitan contención especializada. “Pedimos informes a los poderes Ejecutivo y Judicial provincial, o a las áreas que debieron actuar y no lo hicieron. Queremos saber qué pasó con una denuncia de abuso, en el caso de Pamela, y con otras dos hermanas que estarían en situación de vulnerabilidad”, detalla. “En el caso de Florencia Torres, su hermana de 13 años está muy inestable anímicamente y quiere matarse, por eso es urgente nuestro pedido de contención a lxs familiares y niñxs que quedan. En el asesinato de Pamela concentramos el nivel de complejidad de los femicidios que son infanticidios.»
Algo pasa con la sociedad y los organismos, interpela Graham. «A veces pareciera que las niñas y las adolescentes no son mujeres, incluso en el abordaje de sus problemáticas, y desde la Defensoría asumimos el femicidio y el femicidio vinculado, este último en tanto sistema de crueldad contra lxs niñxs, como temas de incumbencia. Estamos empeñadxs en desnaturalizar las violencias y el abuso intrafamiliar de niñxs y adolescentes. Gran parte de la ciudadanía no termina de comprender que lxs chicxs también son ciudadanxs. Ni hablar de les niñes pobres indígenas. No hay reconocimiento como un otrx igual», cuestiona. «Y la apropiación de los cuerpos nos recuerda al pater familias, el varón que tenía bajo su control los bienes y los cuerpos de su mujer, de sus hijas, de esclavos y de otros hombres. Pese a los avances, todavía hay algo de eso, y cerca de fechas queridas, como el 8M, cuando revitalizamos nuestras conquistas. Es el amor y el horror en un mismo tiempo.”
Hasta sus 14 años Florencia, o sus 12 Pamela, fueron luchadoras, dicen aquellxs que no pudieron llegar a tiempo o que no se atrevieron a ponerse en sus zapatos. Florencia Rey Lacoste, de De la Mano por el Mundo, también menciona a Víctor, un niño que murió envenenado por agroquímicos, a Saúl, un adulto mayor que falleció deshidratado por el consumo de agua en mal estado, a otras niñas que murieron porque las ambulancias nunca llegaron a buscarlas, debido al estado deficiente de los caminos. “Pero nos duelen y nos indignan las ausencias, como nos indigna la indiferencia del Estado en todos sus niveles. La situación de vida de las niñas es compleja, sobreviven en zonas vulnerables, donde las comunidades indígenas se enfrentan a problemas con los que tienen que luchar todos los días”, lamenta. “La falta de oportunidades, de trabajo, de educación, y básicamente la falta de territorio por los desplazamientos territoriales y los desmontes. Todo eso incide en la vida de las infancias.”
Hace poco más de una década que desde la organización alertan sobre el incremento de adicciones en la región, no solo donde ocurrió el femicidio de Florencia, en Pichanal, sino en comunidades indígenas de todo el Chaco salteño. “Tanto Pichanal como Embarcación son ´zonas rojas´, históricamente conflictivas, afectadas por las adicciones, el contrabando, la trata y la prostitución. Todo eso influyó en las comunidades y fue afectando las vidas de niñas y niños que crecen en un entorno de pobreza y marginalidad”, precisa Germán Vildoza. “En Morillo, otra localidad en la Ruta 81, por ejemplo, hace tiempo que se registra el consumo de nafta en adolescentes. Las muertes de estas niñas se suman a una larga lista de otras niñas asesinadas, violadas y desaparecidas, y desnudan la ausencia de los estados provincial y nacional en políticas de géneros», concluye Rey Lacoste con pesadumbre. «No son casos aislados, tanto el de Pamela como el de Florencia forman parte de una estadística que si bien no se conoce, existe. Los abusos sexuales y las violaciones por parte de las comunidades criollas involucran a autoridades locales, policías, personal de salud, enfermeros.”
En febrero, por primera vez en la historia, treinta mujeres de la comunidad Misión Kilómetro 2, cerca de Pluma de Pato, el pueblo donde le arrancaron la vida a Pamela, denunciaron ante el ministerio de Seguridad y Justicia de Salta los abusos sexuales que cometieron hombres criollos contra niñas y mujeres de pueblos originarios, amparados en el silencio cómplice de la sociedad. Muchas de esas relaciones no fueron consentidas, y otras tantas comenzaron en su niñez o adolescencia. Reclaman que se repare «el daño causado» por esos varones, y que la Justicia investigue e intervenga para devolverles derechos a lxs niñxs nacidxs de los abusos. «Esta decisión no fue fácil, pero sentimos que es el momento, que nuestra hora ha llegado», anunciaron en un comunicado. «Hoy somos fuertes, estamos en unidad, por lo que creemos que es tiempo de alzar la voz.» Todavía esperan una respuesta.