“Urge una respuesta inmediata de derechos humanos al COVID-19 y la recesión global que se avecina”, afirma experto de la ONU
Comunicado de prensa
GINEBRA (20 de marzo de 2020) – La mejor respuesta frente a una potencial catástrofe económica y social provocada por la crisis del COVID-19 es poner las finanzas al servicio de los derechos humanos y apoyar a las personas de menores recursos a través de enfoques financieros audaces, señaló hoy un experto en derechos humanos de la ONU.
“Los estímulos fiscales y paquetes de protección social directamente dirigidos a quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son esenciales para mitigar las consecuencias devastadoras de la pandemia”, afirmó Juan Pablo Bohoslavsky, el Experto Independiente en deuda externa y derechos humanos de la ONU. “Exhorto a los gobiernos a considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia”.
“Me alienta que muchos países estén contemplando medidas de estímulo económico a gran escala. Sin embargo, estas medidas deben ser diseñadas cuidadosamente para asegurar que su principal contribución va mucho más allá de salvar solo a grandes compañías y bancos”, señaló.
“Es esencial que los servicios públicos sean provistos sin cargo a quienes no puedan pagarlos. El pago de deudas debe ser suspendido para aquellas personas que de otro modo no serían capaces de hacer frente a la crisis de salud pública. Los desalojos masivos tienen que ser absolutamente prohibidos”, urgió el Experto Independiente.
“Quienes trabajan en el sector informal, lo/as trabajadores/as autónomo/as, y quienes no pueden trabajar desde sus casas, necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en sus hogares. En caso contrario, necesitarán ir a trabajar, poniendo así en riesgo su propia salud, la de sus familias y la de la comunidad”, señaló.
Señalando que la recesión global que se está desplegando puede ser un completo desastre o una oportunidad para soluciones innovadoras, el experto de la ONU urgió a los gobiernos a enmarcar sus políticas económicas relacionadas con el COVID-19 en los términos de los Principios Rectores sobre Evaluación de Impacto de las Reformas Económicas sobre los Derechos Humanos.
“En los últimos años hemos visto las consecuencias adversas de la mercantilización y privatización de un número de servicios esenciales, incluyendo el cuidado de la salud y la salud pública. Estas tendencias deben ser revertidas de manera urgente para que los Estados puedan enfrentar los desafíos de derechos humanos y fiscales que impone la crisis del COVID-19”, afirmó Bohoslavsky.
De acuerdo al Experto Independiente, los contratos de deuda y los derechos de propiedad (real, personal o intelectual) existen en un universo legal y social más amplio en el cual los derechos humanos deben prevalecer. Si están debidamente justificadas, los Estados están habilitados a tomar medidas económicas y legales para enfrentar la actual crisis de salud. En particular, ningún derecho económico privado puede triunfar sobre el derecho a la salud pública y la supervivencia.
El Experto Independiente también llamó a las instituciones financieras internacionales a movilizar de manera urgente sus recursos financieros para ayudar a los países a combatir la pandemia. “Estoy profundamente preocupado por la reciente respuesta negativa del FMI frente a la solicitud de Venezuela de recibir ayuda financiera para afrontar la crisis del COVID-19.”
“El argumento del FMI sobre la falta de “claridad” acerca del reconocimiento internacional del gobierno del país no puede justificar una decisión que pone en grave riesgo a la totalidad de la población venezolana y, por añadidura, al mundo entero. Esta decisión podría constituir una violación seria de derechos humanos y exigiría una rendición de cuentas por parte de la institución y sus gestores”, afirmó Bohoslavsky.
“La crisis es una oportunidad para reflexionar y revertir la ideología de acuerdo a la cual el crecimiento económico es el único camino para avanzar. En particular, nos apela a cuestionar y cambiar nuestros patrones y comportamientos de consumo si somos serios en cuanto a intentar asegurar el disfrute de los derechos humanos de todos y la protección del medio ambiente”, concluyó Bohoslavsky.