Violencia y desigualdad, el gran desafío

Todos los días conocemos un nuevo episodio de violencia contra una mujer y/o niña y muchos terminan con la muerte, es decir un femicidio. Este año llevamos más de 40 mujeres/niñas muertas y ante cada caso la sociedad dice Basta. Pero se repiten los casos. El último es el asesinato de Micaela, que produjo una reacción clara y contundente. En este caso se agregan hechos especiales (aunque no nuevos, porque existen precedentes): que el asesino es un hombre condenado por haber violado a dos mujeres y ser sospechoso en un tercer caso, al que antes de cumplir la pena el juez le autorizó la salida condicional. Esto generó una fuerte censura contra el juez, cuya conducta es agravada porque hubo tres informes que desaconsejaban darle la libertad condicional y él, de todos modos, la concedió.

Es lógico que el juez debe explicar en un juicio en qué se basó para adoptar esta medida. Si bien esto es importante no es la única medida que debe adoptarse. La Justicia, y más específicamente los jueces, consideran la violencia contra mujeres y niñas con mucha benevolencia. Esto evidencia una falta de conocimientos que debería ser superada con capacitación especial sobre género; algo que la Oficina de la Mujer de la CSJN hace pero solo a los que quieren informarse: Debería ser obligatorio, así como una mayor exigencia en la designación de jueces y la evaluación de su desempeño.

A raíz del caso Micaela se habla de “endurecer” la legislación, o sea aumentar las penas. Y si bien es posible que se deba revisar la legislación actual nacional y provincial, es más urgente lograr que las que existen se implementen. Por ejemplo, en relación a este caso, en Entre Ríos y a nivel nacional hay desde hace años una ley para establecer un registro de violadores, que tiene por objeto que se pueda consultar los antecedentes de las personas, pero además saber dónde están y permitir el control. Estas leyes no se reglamentaron; por lo tanto, no se implementan. No podemos decir que la implementación de esta ley hubiera alcanzado para evitar el asesinato de Micaela. Pero hubiera permitido conocer que en esa ciudad que estaba, entre ellos, este violador y además la Justicia que autorizó su libertad debió haberlo controlado.

Lo más importante, y que esta sociedad debe aprender, es la gravedad de la violencia contra mujeres y niñas, y que esta se debe a la desigualdad de las mujeres en esta sociedad. Por ende, la prevención solo se lograra cambiando estas pautas; para eso las leyes ayudan pero no alcanzan. Es necesario un cambio cultural que requiere una clara decisión política para hacer campañas y adoptar políticas que condenen la discriminación de las mujeres. Condena que debe ser moral, económica, política y social. Esto debe ser acompañado por el cumplimiento de leyes, como la de Educación Sexual Integral, que se debe implementar en todo el ciclo escolar para promover y asegurar la igualdad de mujeres y varones. Esta ley no se aplica, ni tampoco el control de contenidos sexistas en los medios de comunicación, sin afectar la libertad de expresión. Este es el arduo camino a recorrer.