“Los DD.HH. de las mujeres, una deuda”

“Es problemático que el Estado reconozca que tiene muchas dificultades para implementar el protocolo de aborto no punible. Túñez dijo en varias oportunidades que las provincias tienen autonomía. Eso es preocupante porque no hay ninguna organización política que justifique que no se cumplan esos derechos”, observó Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, uno de los organismos de control que junto con una amplia coalición de 18 ONG –entre ellas Cels, FEIM, ELA, Otrans, Cladem– presentaron informes “sombra” sobre distintos ejes vinculados a los derechos humanos de las mujeres, mujeres trans y travestis, para que el Comité Cedaw, tuviera otra visión, distinta a la del informe del Gobierno.

“En muchos casos el Comité le pidió a la delegación oficial que diera respuestas concretas y no ‘meras declamaciones’. Quedó en evidencia que la agenda de derechos humanos de las mujeres en Argentina es una deuda pendiente”, comentó la abogada Edurne Cárdenas, del Cels.

El lunes el Estado argentino rindió cuentas sobre las políticas que garantizan los derechos de las mujeres, travestis y trans ante las 23 expertas del organismo, en el examen periódico –cada 4 o 5 años–, que pasan los países que ratificaron la Convención Cedaw. Las recomendaciones del Comité –observaciones en la jerga de la ONU–serán publicadas el 21 de noviembre.

“Hubo mucho énfasis puesto en la implementación del Plan Nacional contra la violencia de género y las respuestas fueron muy acotadas”, analizó Malacalza. “Llamó mucho la atención que no haya respuestas concretas en áreas sensibles como salud, trabajo, acceso a la tierra y al agua. En algunos casos, se vio que la delegación no tenía idea de los temas. Es preocupante que la conformación del equipo que fue no pudiera dar respuesta”, opinó Milena Páramo, de Cladem, organización regional que articula a personas y organizaciones feministas de América latina y el Caribe. “Túñez hizo una presentación institucional del CNM, separada de otras áreas del Estado. Habló de las 169 acciones previstas en el Plan Nacional contra la violencia de género. Pero el tema de pobreza de ninguna manera se puede trabajar desde el CNM, un organismo con escasa jerarquía, que no puede interferir en la política económica. Falta a la verdad cuando dice que se va a solucionar el problema de la pobreza, cuando las políticas económicas del Gobierno la fomentan, como ya lo hemos vivido”, agregó. Páramo observó además que cuando una de las expertas le preguntó a Túñez sobre las 3000 niñas que se convierten en madres cada año en el país, la respuesta fue que habían intervenido en el caso de Juana, la niña-wichi embarazada tras una violación en una zona rural de Salta, a quien se le había negado un aborto no punible y terminó la gestación forzada con un parto prematuro de feto anencefálico. “Dio respuestas por un caso pero no por el problema general. Esa fue una constante. Pareciera que la problemática se va a enfrentar a partir de dar respuesta a lo más crítico de lo más crítico. Es la vuelta al paradigma de la focalización”, advirtió Páramo.

En otros casos, siguió la referente de Cladem, las integrantes de la delegación oficial “faltaron a la verdad”. Por ejemplo, cuando se les preguntó sobre las estrategias que tiene el Estado para que la prostitución no sea la única opción de vida para mujeres trans y tavestis, Túñez aseguró que podían acceder al programa Ellas Hacen, pero luego Claudia Vázquez Haro, de Otrans, señaló que en realidad no todas las que solicitan su incorporación pueden ingresar y además, con los 3000 pesos que otorga el programa –menor al costo de una canasta básica– “no soluciona el problema del acceso al trabajo para el colectivo trans”. “Muchas preguntas dejaron sin respuesta o no fueron precisas”, coincidió Vázquez Haro y destacó que las expertas de Comité “fueron al hueso, y repreguntaron”.

Otros puntos analizados:

– Aborto: El Estado reconoció que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en la Argentina, pero no dio información sobre acciones concretas para evitarlas, dijo no tener datos oficiales sobre cuántos de los abortos contemplados por la ley se realizan, ni cifras sobre prácticas clandestinas. El Comité de la Cedaw invitó a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan. El Estado también dijo que era un desafío la implementación efectiva del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

– Mujeres, travestis y trans privadas de libertad: El Estado reconoció que no cumple las reglas internacionales de tratamiento de personas detenidas, como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok.

– Violencia de género: El Comité resaltó la importancia del paro de mujeres convocado por Ni Una Menos y preguntó por acciones concretas.