40 años de movimiento feminista latinoamericano y Caribeño en la CEPAL
(27 de octubre de 2016)
XIII Conferencia Regional de la Mujer. CEPAL – Montevideo 25 al 28 de octubre de 2016
Compartimos la Declaración Política del Foro de Organizaciones Feminista
Nosotras, mujeres feministas de América Latina y El Caribe, de diversos pueblos indígenas, afrodescendientes, del campo y la ciudad, mujeres lesbianas, bisexuales y trans, mujeres con discapacidad, trabajadoras sexuales y de diversos ámbitos y edades, reunidas en Montevideo en el Foro de Organizaciones Feministas,
Decimos:
En América latina tenemos 40 años celebrando Conferencias de la mujer y hemos logrado avances significativos en la construcción de nuestra ciudadanía, pero reconocemos que en este momento los retos que enfrentamos se agudizan ante un contexto de desigualdad y crueldad.
Nuestra región enfrenta retrocesos democráticos por golpes destituyentes de la voluntad ciudadana y por la asunción de gobiernos que profundizan y expanden modelos económicos extractivistas, causando pobreza, destruyendo posibilidades de soberanía alimentaria y generando mayor exclusión de las mujeres.
La arremetida fundamentalista intentando expandir la supuesta existencia de la “ideología de género” busca frenar las luchas feministas por la igualdad. La perspectiva de género es una categoría científica analítica y política, tal como se ha reafirmado en las conferencias de la mujer precedentes, y es la herramienta conceptual indispensable para garantizar la igualdad y acabar con el patriarcado en nuestras sociedades.
En América Latina y el Caribe, la mayoría vivimos en las ciudades. En Quito se acaba de aprobar la nueva agenda urbana global y nosotras participamos con una evidencia clara: las mujeres debemos ser- pero aún no somos- parte central de las decisiones en las ciudades.
Para el feminismo latinoamericano, la paridad enriquece a la democracia representativa y es fundamental para avanzar hacia la igualdad. Ésta sitúa al sistema democrático en el centro de las transformaciones, en el cual la igualdad sustantiva y la no discriminación a ningún ser humano, constituyen las bases para que nadie quede atrás.
En nuestra región la discapacidad continua invisibilizada. Las mujeres con discapacidad no accedemos a servicios de salud, educación, rehabilitación y empleo en igualdad de condiciones, ni cuentan con servicios básicos de rehabilitación funcional.
Aquí las mujeres defensoras de derechos humanos somos objeto de ataques y amenazas por la labor que realizamos, intentando frenar nuestro trabajo y amedrentarnos.
Persisten alarmantes brechas de desigualdad entre las mujeres indígenas y afro descendientes con el resto de las mujeres de la región por ello es indispensable priorizar fondos, planes y programas interseccionales dirigidos al empoderamiento económico y político de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas y afrodescendientes promoviendo el fortalecimiento de economías sostenibles propias y autogestivas garantizando un modelo de desarrollo basado en el cumplimiento de la agenda 2030.
En nuestra región vivimos en una cultura vergonzosamente permisiva con las distintas formas de violencias contra las mujeres. Violencia naturalizada y arraigada pero, sobre todo, solapada e invisible. Somos testigas preocupadas del aumento de los feminicidios/femicidios y de los crímenes de odio; somos las principales víctimas de la violencia institucional, del acoso callejero, de la estigmatización y agresiones por parte de los medios de comunicación y de discriminación y segregación en nuestros trabajos.
Por todo lo anterior, una vez más exigimos a los gobiernos de nuestra región:
Que cumplan con los compromisos asumidos en las Conferencias Regionales para la igualdad sustantiva, la democracia paritaria y la justicia
Que las leyes y políticas públicas reconozcan la identidad de género de las personas trans como paso indispensable para su ciudadanía plena.
Que nuestro derecho a amar y vincularnos afectivamente, pueda ejercerse sin peligro. Las mujeres lesbianas y bisexuales estamos hartas del armario forzado, de la tortura y de las violaciones “correctivas” para “castigarnos” por nuestra orientación sexual.
Que reconozcan y respeten la diversidad de nuestras familias. Ninguna reducción política o conceptual logrará modificar la realidad de la diversidad que somos.
Que dejen de mirar para otro lado cuando nos morimos por abortos clandestinos. Reivindicamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que incluye el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
Que garanticen el acceso a servicios de atención a la salud reproductiva, a métodos de reproducción asistida y a anticonceptivos modernos, incluida la Anticoncepción de Emergencia, así como que implementen leyes y políticas de Educación Integral de la sexualidad.
Que eliminen el estigma, discriminación y violencia que viven las Mujeres con VIH para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, la atención integral y el acceso a servicios, tratamientos y acciones concretas para la eliminación de la transmisión vertical.
Que niñas, adolescentes y jóvenes sean plenamente reconocidas como sujetas de derecho, que se promueva y garantice su plena participación política y social para el fortalecimiento de sus autonomías.
Que tomen medidas efectivas para erradicar la discriminación, marginación y exclusión que enfrentan las mujeres con discapacidad y se comprometan a remover las barreras arquitectónicas, urbanísticas, comunicacionales y sobre todo las actitudinales, que cada día deben enfrentar.
Que pongan fin a la trata y a la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres y que entiendan que la trata de personas y el trabajo sexual no son lo mismo, demandamos un marco de garantías para las mujeres que ejercen el trabajo sexual, de manera voluntaria y autónoma.
Que rechacen de forma categórica la injerencia religiosa en el Estado y en las políticas públicas. La laicidad debe ser un principio rector de las democracias para garantizar el ejercicio de nuestros derechos.
Que garanticen para las defensoras de derechos humanos un entorno propicio y seguro: ¡respeten y promuevan el derecho a defender derechos!
Que constituyan mecanismos interinstitucionales, en los que participen organizaciones de mujeres, comprometidos a vigilar que se implemente la Nueva Agenda Urbana.
Que los gobiernos reorienten sus políticas publicas respetando los usos costumbres de los pueblos indígenas y garantizando el derecho a la consulta libre, previa e informada, así mismo demandamos que los Estados cumplan con los principios rectores para las empresas y los derechos humanos que es proteger, respetar y remediar.
Que reconozcan la desigualdad estructural que afecta a la sub-región del Caribe en términos ambientales socioeconómicos y raciales e implementen medidas integrales, políticas y económicas para revertir esta situación.
Que la política fiscal tenga un enfoque de género. Ello implica esquemas progresivos de recaudación en los que se reconozca de manera diferenciada el aporte de las mujeres y gasto público con enfoque de género.
Que hagan monitoreo a los impactos socio-ambientales de la concentración de la riqueza, así como de su impunidad; si hay una región del mundo que puede y debe hacerlo, esa es la nuestra.
Que implementen la Agenda 2030 con los más altos estándares de los derechos humanos, recordando que esa agenda de desarrollo trae consigo el reto de la articulación de las dimensiones social, económica y ambiental: nada sin bienestar, justicia y un entorno sano.
Que escuchen el llamado urgente a tomar acciones para erradicar las violencias contra las mujeres. Es hora de garantizar nuestras vidas, de evitar que continúen asesinándonos en todo el continente. Nuestras voces seguirán clamando #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos
Que recuerden que no basta con que reconozcan nuestro aporte, necesitamos recursos y sostenibilidad para nuestras acciones. El Fondo Autónomo Regional para la Igualdad de Género, tres años después, sigue siendo una aspiración sin concretarse. Es urgente que nos cumplan.
Por último, las feministas de la región expresamos nuestra solidaridad con las mujeres, niñas y adolescentes colombianas así como con toda una nación que lucha por alcanzar la paz tras más de 50 años de conflicto armado. Creemos que son dos los imperativos: que se firme pronto un nuevo acuerdo y no desaprovechar la oportunidad política para que lo que se firme contenga los más elevados estándares posibles de verdad y justicia. La paz es un requisito imprescindible para el pleno ejercicio de la ciudadanía, así como la igualdad de género es imprescindible para lograr esta última.
Ayer, durante la inauguración de esta Conferencia, Alicia Bárcena hacia eco de una de nuestras demandas históricas, que hoy reafirmamos:
¡Nunca más, nada sobre nosotras, sin nosotras!
