Organizaciones de derechos humanos solicitan que la Legislatura de Tucumán adhiera a la Ley Micaela
Las organizaciones del proyecto Cerrando Brechas observamos con preocupación el proyecto de
adhesión a la Ley Micaela presentado en la Legislatura de Tucumán y adherimos al pedido de
adhesión a la ley sin modificaciones.
(Buenos Aires, 18 de mayo de 2020).- La Ley Nº 27.499 de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (más conocida como Ley Micaela) fue promulgada en 2018 por el Congreso de la Nación y tiene como uno de sus objetivos reforzar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Argentina. En particular, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (“Convención de Belém do Pará”) obliga a los Estados parte a fomentar “la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer” (artículo 8 inciso c).
Hasta la actualidad, todas las Provincias del país han adherido a la ley nacional sin modificaciones. Sin embargo, las organizaciones del proyecto Cerrando Brechas observamos con preocupación los proyectos de adhesión a la ley presentados en la Provincia de Tucumán, por lo que enviamos una carta dirigida al Presidente de la Legislatura de dicha provincia. La adhesión que se sancione no debe incluir modificaciones a la ley nacional. La posibilidad de incluir la objeción de conciencia para realizar las capacitaciones, la distinción entre quién será la autoridad de aplicación de la ley y quiénes serán los organismos con competencias para realizar las capacitaciones, así como la designación de los titulares de cada uno de los Poderes del Estado para la aplicación y control de la ley.
En este sentido, las modificaciones propuestas por el proyecto podrían producir una desnaturalización del objetivo de la ley, desconociendo el ordenamiento jurídico vigente. Por ello,
es importante destacar que diversos organismos internacionales de derechos humanos han reconocido la importancia de la capacitación en temáticas de género para evitar la vulneración de
los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado. Entre ellas se destacan las Recomendaciones Generales Nº 19, 33 y 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, así como las observaciones planteadas concretamente al Estado Argentino por el mismo Comité y por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres.
Recordando que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están interrelacionados, entendemos que el Estado no puede avalar el incumplimiento de sus propias
obligaciones en la materia, ya que el avance en la promoción y protección de un derecho humano permite el avance en la promoción y protección de los demás derechos. Asimismo, la igualdad y la
no discriminación son principios transversales del derecho internacional de los derechos humanos. Por ello, resulta fundamental que el Estado actúe teniendo como objetivo el respeto, la protección y la realización de la igualdad de género y de los derechos humanos incluyendo la incorporación de la perspectiva de género en su actuación.
Por ese motivo, desde las organizaciones que integramos el proyecto Cerrando Brechas instamos a la Legislatura de la Provincia de Tucumán a la aprobación de una ley que adhiera a la Ley Micaela sin demoras ni modificaciones y estableciendo mecanismos de aplicación que aseguren el cumplimiento de su objetivo.
Sobre el proyecto Cerrando Brechas
El proyecto Cerrando Brechas II: Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género promoviendo la igualdad cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea e involucra a organizaciones referentes de la sociedad civil con una amplia trayectoria de trabajo en relación con la igualdad de género: el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Comisión
Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mujeres en Igualdad (MEI), y la Fundación Siglo 21.
Leer la carta AQUÍ