Medio: Clarín

Fecha: 15.02.2017

Por Mariana Iglesias

 

El 26 de julio de 2016, Mauricio Macri lanzó el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El presidente habló bastante de la problemática en un colmado Salón Blanco de la Casa de Gobierno, frente a montones de familiares de víctimas de violencia de género. Pero cinco meses después, el 11 de enero, el presupuesto previsto (y votado por el Congreso en noviembre) para luchar contra la violencia de género, fue recortado por el Jefe de Gabinete. Seis organizaciones no gubernamentales salieron a denunciar esta medida inconstitucional y presentaron un amparo ante la justicia.

El Congreso Nacional había aprobado un presupuesto que incluía una partida para el Plan Nacional de Acción por 47 millones de pesos más un aumento de 20 millones de pesos al presupuesto previsto para el Consejo Nacional de las Mujeres (que pasó de 96 a 116 millones). Así se promulgó la Ley de Presupuesto. En la Decisión Administrativa del 12/2017 del Jefe de Gabinete (publicada en el Boletín Oficial), esos fondos ya no están, sólo está el monto de 96 millones para el CNM. Según dicen las organizaciones, Peña distribuyó los créditos presupuestarios y recortó 67 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto al CNM y a la implementación del Plan Nacional de Acción. Por esa razón ayer se presentó una acción de amparo por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21.

“Decidimos recurrir a la Justicia no sólo para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM, sino también para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita. Dicha medida es violatoria de los derechos de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto”, explicaron.

En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017, no era posible identificar una partida destinada al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que según los anuncios realizados requería fondos por 47 millones de pesos para su primer año de ejecución (excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral). Además, en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional el presupuesto asignado al CNM se reducía un 8% en términos reales, si se tomaba en cuenta la inflación prevista por el propio Poder Ejecutivo. Diversas organizaciones hicieron en ese momento una presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas centrales de preocupación. El presupuesto votado por el Congreso en horas de la madrugada del 3 de noviembre incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados por las organizaciones. Finalmente, según el artículo 16 de la Ley de Presupuesto N° 27.341, se aprobó una asignación adicional de $20.000.000 al CNM (pasando de $96.500.250 a $116.500.250). En segundo lugar, se agregó al Presupuesto nacional una línea presupuestaria específicamente destinada a las acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la suma de $47.000.000.

En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM, partidas sustraídas de forma ilegítima. Para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.

“Fue un error, la plata está”, dijo a Clarín Fabiana Túñez, al frente del CNM. Más tarde, hubo un comunicado oficial: “Debido a un error, la mencionada Disposición no refleja el presupuesto real del Consejo Nacional de las Mujeres, el cual ha sido garantizado mediante la reasignación de partida correspondiente por parte del Jefe del Gabinete. Dicha partida asigna un total de 151.556.786 de pesos contemplando gastos en personal, actividades del Consejo Nacional de las Mujeres y el presupuesto específico para la implementación de las actividades lideradas por este organismo establecidas en el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2019), el cual contempla tal y como lo establece el punto 53 de los 100 Objetivos de Gobierno 750 millones para su ejecución total en tres años, incluida la construcción de 36 nuevos Hogares de Protección Integral”.

“Si fue un error hay que rectificarlo. Esos fondos estaban y ya no están”, dijo a Clarín Natalia Gherardi, de ELA. Mabel Bianco, de FEIM, agregó: “Es la Jefatura de Gabinete la que debe aclarar este error, ellos son los que manejan el presupuesto. Sin esa plata se deja al Consejo sin capacidad de acción ni de poder aplicar el Plan”.

Entre otras acciones, el Plan debe garantizar a las mujeres en situación de violencia una respuesta integral, que implica la contención inmediata y financiamiento temporal para que puedan independizarse de su agresor. Desde el 2008 a octubre de 2016 hubo 2.324 femicidios, pero en lo que va de 2017 ya fueron asesinadas 45 mujeres, una cada día.

 

http://www.clarin.com/sociedad/admiten-error-recortaron-fondos-luchar-femicidios_0_rkEwMUMtx.html