Las implicancias de una nueva ley de paridad de género
Medio: Derecho en Zapatillas
Fecha: 27.11.2016
El 20 de octubre pasado la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la paridad de género en la confección de las listas electorales y lo giró al Senado. De ser aprobada, la ley dispondrá que en las listas electorales deberán aparecer mujeres y varones de forma alternada y secuenciada, es decir, una y uno, o uno y una y así.
La discusión por la paridad ebulle en las legislaturas provinciales y en los diversos ámbitos de poder al compás de distintos argumentos basados en la meritocracia y una concepción de la igualdad visión individual que aquí se pone en cuestión. A continuación Celeste Novelli escribió un informe especial sobre el tema para Derecho En Zapatillas. Entrevistas y notas exclusivas. Podés comentar abajo.
Las implicancias del proyecto de ley de paridad de género. Informe especial
Por Celeste Novelli*. Edición a cargo de Laura Ferrarese. Publicación a cargo de Sergio Mohadeb
El Senado deberá tratar la ley de paridad de género que aprobó la Cámara de Diputados: igualdad en cargos electivos, un hombre y una mujer, o viceversa, en cada lista para cargos electivos.
En quinto grado la maestra nos indicó leer un capítulo del manual de Ciencias Sociales sobre la democracia y las elecciones. Era el primer año del mandato de De La Rúa como Presidente y aquel fue mi primer acercamiento a la Ley Sáenz Peña. Luego, en séptimo grado y en el secundario volví a leer sobre la Ley de 1912 y el voto universal, secreto y obligatorio. Así me lo enseñaron nuevamente: el voto que sancionó aquella ley era universal, aunque las mujeres votaron por primera vez en 1951. El voto era universal pero sólo votaban los varones, en un país en el que según el censo de 1947, cuando se sancionó la ley de derechos políticos de las mujeres, había 8.145.175 varones y 7.748.625 de mujeres (1). Las mujeres conformaban el 48,75 % de la población, el sufragio era considerado universal pero ellas, que conformaban casi la mitad del pueblo, no votaban.
Aprendemos desde pequeñas cómo las referencias a los niños, los varones, los hombres a veces nos incluyen – como en la Declaración de los Derechos del Hombre – porque son referencias genéricas, neutrales (dicen) mientras que otras veces no quedamos subsumidas en ese masculino universal: se trata sólo de los niños, de los varones, de los hombres, como ocurrió con la sanción del voto universal.
El nuestro es un aprendizaje a prueba de ensayo y error. Ahora bien, la disputa no es sólo léxica o gramatical. El propósito supera con creces el añadido de una “a” en los adjetivos, un @, una x, un asterisco, que en los medios se diga presidenta en lugar de presidente (cuando sea aplicable, claro) sino que va mucho más allá. Sencillamente lo que no se menciona no existe, está opacado. Y lo que no está, no puede actuar. Esto se aplica al Congreso: quienes faltan en el Congreso ven limitadas sus posibilidades de actuación en el diseño de las políticas públicas.
La estrategia de las mujeres
La paridad de género no estaba originalmente contemplada en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la reforma electoral, que finalmente igual cayó. A través de una estrategia multipartidaria impulsada por diputadas y senadoras de distintos bloques y con la aprobación previa efectuada de manera casi unánime en la legislatura bonaerense, se propuso incorporar al proyecto la paridad de género en la confección de las listas electorales nacionales.
La sociedad civil brindó su apoyo a través de distintas líneas de acción, como por ejemplo el lanzamiento inmediato de la Campaña #MujeresALaPolitica (3) ideado en conjunto por el Equipo Latinoamericano de Género y Justicia y Amnistía Internacional a través del cual se difundieron videos de distintas figuras de la política en los que explican las razones por las cuales reclaman el reconocimiento legal de la paridad de género electoral.
En un escenario marcado por el paro de mujeres, bajo la consigna tomada de los movimientos feministas de México que decía “Si mi vida no vale, entonces produzcan sin mí”, la Cámara de Diputados (que también alberga a diputadas) aprobó el proyecto de la paridad de género en las listas electorales. Ahora el proyecto es debatido en el Senado en donde suscita posiciones enfrentadas. De ser aprobado el proyecto, en particular sus artículos 16 y 17, se convertirá en ley la paridad que dispondrá que en las listas electorales deberán aparecer mujeres y varones de forma alternada y secuenciada, es decir, una y uno, o uno y una, y así sucesivamente.
“Necesitamos avanzar en legislación que defienda los derechos de las mujeres” sostenía con firmeza en aquella sesión Victoria Donda, Diputada de Libres del Sur por la CABA y una de las principales impulsoras del proyecto. En su turno, la Diputada Carla Carrizo (UCR–Cambiemos) se acoplaba a la demanda y se lamentaba por tener que explicar la necesidad de la paridad “porque explicarla es explicar que no somos iguales”.
Infografía: Tea Alberti. Edición: Celeste Novelli.
Igualdad disfrazada: los argumentos detrás del rechazo
Ahora bien, la paridad aumenta al 50 % el cupo femenino que ya está establecido por la Ley 24.012 en un 30 % desde el año ’91. Desde entonces las cuotas electorales tuvieron efectos muy positivos, entre ellos el incremento de las bancas parlamentarias ocupadas por mujeres de un 6 a casi un 40 %, superando largamente el promedio del 25,7% de la región latinoamericana según el informe “Empoderamiento político de las mujeres: marco para una acción estratégica” de ONU Mujeres (4).
Sin embargo, la discriminación persiste al interior del Congreso donde las mujeres permanecen subrepresentadas en los puestos clave como la presidencia de las comisiones de Presupuesto, de Asuntos Constitucionales y de Legislación general. Además, como coinciden diputadas, senadoras y los movimientos de mujeres, lo que la ley planteaba como un piso terminó convirtiéndose en un techo.
Entonces aparecen voces que en nombre de la ciudadanía y de la igualdad sostienen que el cupo dejó de tener sentido porque Argentina es uno de los países con mayor cantidad de bancas ocupadas por mujeres en el mundo. El cupo del 30 % estaba pensado como una medida temporal hasta alcanzar un cierto estado de igualdad. Mantener el cupo sería desde esta perspectiva una suerte de oportunismo por parte del lobby de los movimientos de mujeres. La consecuencia lógica a la que arriba este argumento es que es hora de que las mujeres se ganen su lugar de la misma manera que lo hacen los varones, sino el lugar en la lista no es merecido, es a dedo, es injusto.
Esta forma de ver las cosas tiene varios problemas que pueden agruparse de manera general en dos categorías. La primera, relacionada con las amplias y repetidas dificultades que tienen las mujeres para integrar las listas electorales. La segunda llama la atención sobre el déficit de legitimidad democrática que puede tener un Congreso que toma decisiones donde falta la mirada de más de la mitad de la población.
La aplicación de la ley de cupo femenino demuestra que los partidos políticos la han interpretado de una manera en la que desvirtúan su propósito al entender que el 30 % es el máximo (no el mínimo) y al aplicar el esquema “1) Varón; 2) Varón; 3) Mujer”, con lo cual el armado de las listas no resulta favorable para que las mujeres resulten elegidas. También se sabe que en muchas ocasiones, una vez electas, las mujeres son presionadas para renunciar al cargo y asume el varón que aparece como suplente. La paridad entonces permite sortear la voluntad de quienes lideran las cúpulas de los partidos y que deciden discrecionalmente la posición en la que se ubicará cada candidato/a.
El rechazo a la paridad de género tiene de fondo un argumento liberal que sostiene que el 50% implica una injerencia indebida del Estado en el desempeño de los partidos y fomenta una competencia desleal. Y que la norma desalienta a quien en virtud de sus cualidades, de su trayectoria, con esfuerzo, capacidad y mérito, disputa y obtiene un lugar en la lista para ganar a posteriori una banca. Al fin de cuentas –dicen-, el cupo y la paridad del 50% terminan convirtiéndose en medidas de discriminación contra los varones.
¿Esto es así realmente? ¿Dónde, cómo y cuándo se cocinan las alianzas? ¿Quiénes cocinan y quiénes sirven los platos? Ambas tareas absolutamente necesarias para alimentarse. El problema es que una y otra se vinculan a través de una relación jerárquica en la que con frecuencia a la mujer le toca lavar los platos mientras el varón se arroga el armado del menú y el dictado de las órdenes. Esta división de las tareas tiene un mal sabor y cae mal.
Una carrera de obstáculos
Nos encontramos con la Dra. Mabel Bianco, presidenta de FEIM y actual candidata de la Argentina para integrar el Comité de Expertas de la CEDAW, para hablar sobre estas cuestiones en el marco de una Jornada convocada por ACIJ, ELA y FEIM sobre la incidencia del presupuesto en las políticas de género. Precisamente una de las conclusiones del encuentro fue la marcada ausencia de las mujeres en la Comisión encargada de debatir el presupuesto. Sobre 49 diputados/as que la integran, sólo ocho son mujeres, es decir el 16,36 %, un número que no refleja la composición general de la Cámara.
Mabel Bianco, que fue candidata a senadora de la CABA por el Frente UNEN en 2013, con más de treinta años de militancia en la UCR y una vasta trayectoria nacional e internacional en la defensa de los derechos de las mujeres, revela que
“las negociaciones nunca son en espacios formales, cuando llegan ahí es porque ya hay acuerdos. Eso es así en los partidos y aún así las mujeres tenemos dificultades para ingresar también a los espacios formales. Los espacios informales son las conversaciones en las que se hacen las trenzas, en los bares, en las casas, en las pequeñas discusiones en las que no siempre llegamos las mujeres, nos cuesta más entrar al círculo donde se discute”.
La participación de las mujeres se obstaculiza muchas veces por la misma estructura de los partidos y de las organizaciones en general. Bianco agrega que a ella en innumerables ocasiones la dejaban afuera de las reuniones: “Me tenía que meter cuando me enteraba, pero no te avisan y esto pasa en todos los niveles. Por eso, una vez que te enterás, tenés que ir”. Otras barreras aparecen de forma más solapada, con reuniones interminables hasta la madrugada, con horarios fijados por hombres que no tienen en cuenta que las mujeres cargan con el trabajo de cuidado del hogar, de los hijos y de los mayores que ellos delegan.
Sindicatos, esos clubes masculinos
Esto se ve claramente en los sindicatos que se ha constituido históricamente en un semillero de candidatos políticos. La representación por género no se condice con el número de afiliadas. Y el número de afiliadas no se condice con el número real de mujeres trabajadoras, ya que las mujeres en Argentina transitan el grueso de la subocupación y la informalidad.
Las mujeres que vienen de esos ámbitos saben el costo personal que tiene para ellas participar en la vida gremial, aún a pesar de la sanción de la Ley de Cupo Sindical Femenino en el año 2002. En la sesión del 19O la Diputada Carla Pitiot (Federal Unidos por una Nueva Argentina), también ferviente impulsora del proyecto de paridad y proveniente del mundo sindical, señalaba con énfasis la cantidad de veces que la habían dejado de lado por ser mujer.
Según un informe de la Secretaría de la Mujer de la CGT de 2008, sobre un total de 1448 cargos sindicalistas, sólo 80 eran ocupados por mujeres y, en su mayoría, en vocalías o en el área de la revisión de cuentas. No son ellas las que tienen los cargos directivos ni las que encabezan la lucha por las paritarias.
Aquí es donde podrían reclamarse políticas laborales para desmantelar la brecha salarial entre mujeres y varones, reducir la situación de informalidad de las mujeres y la mayor tasa de desocupación que padecen así como exigir mejores condiciones laborales que permitan conciliar la vida laboral y el trabajo doméstico y que propendan a distribuirlo de manera equitativa. Pero las mujeres no llegan a esos espacios y la realidad demuestra que quienes sí llegan no tienen interés en incidir en la agenda de cuidados.
Días atrás el Comité de Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) evaluó el grado de cumplimiento de los derechos de las mujeres en Argentina. Uno de los puntos centrales fue la paridad de género. El Comité le indicó al Estado que tiene que garantizar la participación de todas las mujeres en todos los ámbitos de toma de decisión, en los cargos legislativos y en los sindicatos pero también en el Poder Ejecutivo, en los gobiernos provinciales y municipales e, incluso, en las empresas.
Según una investigación de GPS del Estado (un proyecto conjunto de CIPPEC y ASAP) (5), a diciembre de 2015 las mujeres representaban aproximadamente el 50% de la mano de trabajo de la Administración Pública Nacional pero se encontraban al mando de solamente el 30% de los puestos de conducción. Actualmente, sólo 3 de 20 Ministerios están a cargo de mujeres (el de Desarrollo Social, el de Seguridad y el de Relaciones Exteriores y Culto) mientras que sólo una sobre cinco Secretarías es conducida por una mujer.
En el resto del país, sólo cinco mujeres ejercen el cargo de gobernadoras de provincias. La exclusión de las mujeres de los más altos cargos también se extiende al Poder Judicial. Desde el año 2009 la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora el “Mapa de Género”(6) en el que está desagregada por sexo la composición de los tribunales de todo el país. De aquí surgen dos constantes a lo largo del tiempo:
a) el Poder Judicial está compuesto mayoritariamente por mujeres. Entre el 54% y el 56% son empleadas.
b) Si bien hay paridad en los cargos de Secretarios/as de juzgados y de Cámaras, los cargos más altos, los de la magistratura, están ocupados predominantemente por varones. Esto es aún más evidente respecto de los cargos de camaristas.
En 2015 en el cargo de jueces/zas de primera instancia, el acceso de las mujeres era del 37.5%. En las Cámaras en promedio sólo el 25 % de los cargos más altos estaban ocupados por mujeres. El informe agrega la ausencia total de camaristas mujeres en cinco Cámaras: en las Cámaras Federales de Córdoba, General Roca, Mar del Plata, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional Electoral
Por último, el panorama no se limita al ámbito público sino también al privado. De acuerdo a información publicada por las EcoFeminitas, en nuestro país sólo el 4 % de las grandes empresas y PyMES están dirigidas por mujeres (7) y sólo dos de cada diez directores de empresas multinacionales son mujeres.
Estos resultados surgen de un informe realizado por la consultora Marcer sobre la base de una encuesta a 200 empresas multinacionales radicadas en el país. Uno de los datos más impactantes provistos por el informe señala que en ese conjunto de 200 empresas, hay 197 gerentes generales varones y sólo 9 mujeres desempeñan el mismo cargo. Aquí – como en todos lados – el porcentaje de mujeres aumenta a medida que se desciende en el cargo: el promedio de mujeres directores es del 16%, 29.8% de gerentas y 44.8% de mujeres analistas. Gabriela Campodónico es Gerenta de Gestión de del Talento y People Caring de una empresa líder de telecomunicaciones admite en una entrevista publicada en Télam que en las empresas lo que importa es el nivel de resultados que alcanza cada empleado/a (8).
Sin embargo, en el día a día se suman otros factores que son decisivos al momento de ascender y que constituyen distintos modos en los que se materializa el sesgo machista en las empresas:
“en lo concreto, en el día a día, esto se traduce, por ejemplo, en que quedás afuera de los partidos de fútbol que se organizan y donde después se terminan tomando decisiones. O bien, si te venís vestida de tal manera estás provocando, o el rumor de que si llegaste a un lugar es porque estuviste con algún directivo. Esto nos hace tener que estar atentas a un sinfín de cosas, desde cómo nos vestimos hasta con quién nos reunimos, que no es privativo de este ámbito pero que sí lo atraviesa”.
Los intentos de aleccionar a las mujeres
Está claro que el reparto asimétrico de las responsabilidades de cuidado son factores determinantes en las dificultades que tienen las mujeres para acceder a lugares de conducción de poder. Pero también es la cultura partidaria y sindical la que obtura la participación de las mujeres. La ausencia de la representación de las mujeres favorece que queden invisibilizadas muchas de las problemáticas que las afectan de manera desproporcionada.
¿Por qué no llegan a ser elegidas? Un sinfín de prácticas y códigos masculinos rigen las estructuras de funcionamiento de las instituciones políticas y limitan el acceso de las mujeres. Esta es la política oculta, no se ve pero se percibe y se advierte en los resultados. El modelo de los dirigentes políticos y de los candidatos electorales está permeado por características asociadas a la virilidad, la racionalidad, la confrontación, la objetividad.
Sus cualidades son las cualidades virtuosas de la política, excepto cuando se ven reflejadas en el accionar de una mujer. En cambio, cuando las mujeres en la arena política muestran decisión y convicción, cuando discuten las ideas, argumentan, pueden recibir respuestas variadas dirigidas a humillarlas y a degradarlas. Las mujeres que ejercen el poder o que lo buscan son calificadas como histéricas, locas, mandonas. Diversas mujeres que han sido candidatas o que han sido electas ilustran esta situación con vivencias personales.
Ana Groussies, delegada de FOETRA (Sindicato de Telecomunicaciones) le contaba en una entrevista a María Julia Oliván que en diversas asambleas, cuando la discusión se ha tornado acalorada, con frecuencia le han dicho “No te excites”(9). Recordemos el episodio de 2013 cuando en plena sesión de comisión un diputado le gritó a la Diputada Laura Alonso “¡Callate, atorranta!”. Y bien sabemos el significado diferenciado que tiene decirle a un varón que es un atorrante –casi un elogio de su viveza– cuando, por el contrario, esta calificación es enteramente negativa en una mujer.
Por su parte, la Diputada Juliana Di Tullio (FPV-PJ) reflexiona en una nota publicada recientemente en la revista Anfibia sobre las expectativas de logro que pueden tener las mujeres en el ejercicio de la política:
“Escribí 19 hojas sobre un Programa de Género y sentite victoriosa porque incluyeron media carilla […] Vas a tener que usar muchas más tácticas y estrategias que cualquier varón.” Victoria Donda cuenta más episodios que son ampliamente conocidos: “me gritaron trola desde los palcos del Congreso cuando juré como Diputada por segunda vez; cuando hice un amparo judicial para que el entonces Ministro de Economía, Axel Kicillof, informara la cantidad de pobres que hay en nuestro país me mandaron “a poner las plumas”; y puedo seguir.”
Estas respuestas son aleccionadoras para el resto de las mujeres. En palabras de la filósofa feminista Celia Amorós, “la democracia representa una cultura política que socializa a las mujeres para el no poder”. Por el modo en que son educados, los varones hablan más en el espacio público, interrumpen más, mantienen más tiempo el tema de la conversación y deciden de qué se va a hablar, en pocas palabras se mueven con la conciencia de que aquel espacio les pertenece.
Con frecuencia las mujeres hablan e intervienen menos, cuando lo hacen, piden permiso y se excusan por interrumpir. Los códigos masculinos afloran en una multiplicidad de ámbitos: en una clase, en un programa de televisión o de radio, en el trabajo, en las dinámicas familiares, y por supuesto también se replica en la política. “La política es reflejo de la sociedad”, sostiene Donda y aclara que “estas anécdotas traen aparejado todo el bagaje del sistema patriarcal y la cultura machista por la cual los lugares de decisión en el espacio público fueron ocupados históricamente por los varones relegándonos a las mujeres a las tareas de menor jerarquía y dentro del hogar.
Entonces no son simples anécdotas, no por casualidad cuando se critica una mujer que hace política se cae en el lugar común de críticas sexistas, esto no es más que un reflejo del machismo y de la decisión y lucha de muchos varones de no ceder sus espacios de poder otorgados por el patriarcado en pos de una sociedad equitativa.
Jugando con reglas ajenas
Varias de estas situaciones no le pasan a una sino que les pasan a todas. Todas reciben el mensaje de que no son bienvenidas con mensajes implícitos y explícitos que les marcan el territorio hostil en el que juegan. Y, además, se les exige revalidar constantemente sus credenciales. El argumento meritocrático que rechaza la paridad tiene un doble estándar porque pone bajo la lupa la capacidad de las mujeres en base a prejuicios y estereotipos pero no pone en duda el mérito de los hombres que sí han llegado a los círculos más exclusivos de la política.
Las mujeres enfrentan un desafío mayor como es el de jugar en un juego donde las reglas han sido creadas por los varones, a su propia imagen, a su medida y en su beneficio, con códigos, comportamientos, maneras de expresarse, de actuar, de vestirse y de reclamar que definen identidades y roles distintos para mujeres y varones. Esto explica, en parte, que las mujeres aumenten sus posibilidades de participación cuando integran partidos nuevos, muchas veces creados por ellas mismas, donde las reglas son otras y no giran en torno a la figura masculina tradicional.
En su libro “Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?”, Roberto Saba, Profesor de Derecho Constitucional en la UBA y en la UP, denomina a aquellas circunstancias como “situaciones de desigualdad estructural”. No hay normas que intencionalmente prohíban a las mujeres ejercer los derechos políticos pero ello no implica que se encuentren en iguales condiciones que los varones para elegir y ser elegidas o, en general, para ocupar cargos de poder.
Es elocuente la serie de imágenes que Saba ha subido a su cuenta de Twitter que ilustran la ausencia casi total de mujeres en los principales espacios de decisión en Argentina como el gabinete, las reuniones de intendentes, gobernadores y sindicalistas. El punto de partida no es el mismo y el Estado debe intervenir porque si no, de hecho, está discriminando y garantizando una situación de privilegio de los varones.
En suma, el Estado no puede ser ciego al diferente punto de partida de mujeres y varones porque su rol es construir una sociedad igualitaria. Es lógico que las mujeres no puedan llegar a instancias de decisión como resultado de una organización social en la que cargan con el trabajo doméstico menos valorado (que ni siquiera es considerado trabajo ni es remunerado) y donde están expuestas a prejuicios y maltratos cotidianos. Pero el problema es mayor, una vez que las mujeres son electas, la discriminación persiste al interior de las cámaras legislativas debido a que tanto en el Congreso Nacional como en los parlamentos provinciales se configura una división del trabajo marcadamente sexista.
Lo social para ellas, lo económico para ellos
También el modo en que se distribuyen los fondos para la campaña refuerza desigualdades de género. De acuerdo a una investigación realizada por Tiffany Barnes del Observatorio Electoral Argentino de CIPPEC (10), en el año 2009 en promedio el 42% de las bancas provinciales en las comisiones de contenido social eran ocupadas por mujeres, pero la participación de las legisladoras en las comisiones dedicadas a temas económicos o presupuestarios era de apenas el 18%. Esta dificultad de las mujeres electas para alcanzar posiciones de liderazgo hacia el interior de los parlamentos limita sus posibilidades de delinear la agenda pública en decisiones que podrían afectar al electorado en general y a las mujeres en particular.
Finalmente, revisemos cuáles son los criterios que establece la Constitución Nacional para la composición de ambas Cámaras legislativas y que tienen un rol relevante en las elecciones. Estos criterios refieren a la edad, al origen geográfico y al origen partidario. Dice la Constitución que para ser diputado o senador se requiere “ser natural de la provincia que lo elija o con años de residencia inmediata en ella” (arts. 48 y 55). El origen geográfico es un criterio relevante y la Constitución establece una representación proporcional a la población de cada provincia en la Cámara de Diputados. “El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos”. El punto es cuáles criterios son relevantes para la representatividad. La representatividad por origen geográfico siempre ha sido primordial y esto es razonable.
La participación de representantes de los habitantes de cada entidad política del país y de cada provincia le otorga legitimidad a las decisiones que se toman. Esta legitimidad está dada también porque se supone que allí, en ambas Cámaras, están representados los intereses de toda la Nación, de cada una de las regiones. Pero nadie se pregunta si la Constitución exige que sea elegido el mejor habitante de cada provincia. Sólo debe cumplir con el requisito de ser natural de su provincia o de contar con dos años de residencia en ella. Sin embargo, cuando surge el reclamo por la paridad de género también aparece implícita la exigencia del mérito, un requisito que la Constitución no contempla para varones ni para mujeres, ni tampoco establece cómo evaluarla.
Exigir esta presunta capacidad es tan inconstitucional como exigir que sólo los mejores habitantes de cada provincia se postulen para ser Diputados. Y acá es esencial marcar una diferencia: el cupo provincial es aceptado como una reglamentación legítima de la representación, mientras que el género no. Entonces, ¿acaso son legítimas las decisiones que adoptan dos Cámaras legislativas compuestas mayoritariamente por varones pero que afectan a la totalidad de la población, compuesta en más de la mitad por mujeres?
La agenda de las legisladoras
Algunos dirán que la incorporación de mujeres al Parlamento no garantiza la incorporación también de la perspectiva de género, es decir, que en este sentido no estarían representados los intereses de las mujeres. Esto podría ocurrir. Y también podría ocurrir que haya varones diputados que defiendan muy bien los derechos de las mujeres en el Congreso.
Pero también podría suceder que un diputado electo no representara adecuadamente los intereses de su provincia. Sin embargo, nadie pone en duda por ello el “cupo provincial”. Para poder afirmar lo primero, sería necesario realizar un estudio empírico que no existe sobre el vínculo entre la composición de las Cámaras, el contenido de los proyectos aprobados y desechados y la evaluación de la mejora de la situación de las mujeres.
No obstante, sí es posible señalar un dato objetivo que permite evaluar el impacto positivo que tiene la presencia de las mujeres en el Congreso a través de una serie de leyes que abordaron de lleno problemas que enfrentan las mujeres y que fueron sancionadas desde que se implementó el cupo femenino: la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (año 2003), Parto Humanizado (2004); la Aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW (2006); Ligadura de trompas y vasectomía (2006); el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (2006); Protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (2009); la derogación de la figura de avenimiento (2012); la incorporación del tipo penal de femicidio al Código Penal (2012); el Régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares (2013); Acceso a las técnicas de reproducción médicamente asistida (2013). Estas leyes son el resultado de estrategias llevadas adelante por mujeres de distintos bloques que se rebelaron frente a la disciplina partidaria.
Hay otro argumento de naturaleza normativa y constitucional: el artículo 37 de la Constitución que desde 1994 establece “La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios” que debe garantizarse “por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.
La propia Constitución analizada de manera integral, desde una perspectiva real y estructural de la desigualdad, exige –por lo menos– la paridad de género en la confección de las listas electorales. Según el último censo nacional, las mujeres conformamos el 51% de la población. Los intereses de este porcentaje mayoritario de la población deberían estar representados en todos los ámbitos de poder y sus puntos de vista deben ser tomados en cuenta en la adopción de decisiones.
La presencia de las mujeres en los espacios donde se toman decisiones – especialmente decisiones que las afectan – y donde se define la agenda pública es necesario y es valioso per se para remedir el déficit que padece la democracia.
¿La ley de paridad garantizará la igualdad? Definitivamente, no. Pero es un paso gigante en el camino a la igualdad, una herramienta más en la construcción de una sociedad más igualitaria y un requisito de una democracia entendida de forma robusta. El debate continúa abierto y ahora es el turno del Senado nacional.
* La autora es abogada (UBA) y Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe (CIEP-UNSAM). Es becaria doctoral (CONICET) y docente de Derecho Constitucional (UBA). Correo electrónico: celestenovelli@gmail.com. La autora agradece la lectura previa de este texto, los comentarios y las sugerencias a Laura Clérico, Martín Aldao, Laura Ferrarese, Camila Fernández Meijide, Julieta Palmieri y Liliana Ronconi.
Notas:
- Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires Argentina “El Censo Nacional de 1947. La Ciudad de Buenos Aires en el IV Censo General de la Nación.” en Población de Buenos Aires, 2009, vol. 6, Núm. 10, p.100.
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- http://w4000416.ferozo.com/rompamos-el-techo-de-cristal/ Economía Feminita
- http://www.telam.com.ar/notas/201605/148965-mujeres-puestos-directivos-multinacionales.html
- http://www.mariajuliaolivan.com.ar/2016/09/12/sindicalismo-el-mundo-donde-las-mujeres-no-tienen-lugar/
- http://cippec.org/oear/novedades/la-representacion-de-las-mujeres-en-las-provincias-argentinas/
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