Por un Plan Nacional Integral contra la violencia hacia las mujeres
Comunicado conjunto.
(9 de diciembre de 2015)
El 25 de noviembre, más de 100 representantes de organizaciones de la sociedad civil, militantes y activistas debatimos sobre los puntos centrales de una agenda integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
A partir de una mirada amplia y abarcadora de las distintas manifestaciones de la violencia que
contempla la Ley 26.485 para la Protección Integral de las Mujeres, y considerando que estas
violencias se expresan en el plano individual, social y estructural, consideramos que los siguientes
son los puntos centrales que debe contener una agenda de trabajo para la construcción de un Plan
Nacional Integral contra la violencia hacia las mujeres:
1. Es imperioso contar con mejores herramientas para un diagnóstico de la situación.
Una política integral debe encontrar fundamento a partir de un diagnóstico sólido de las diversas
formas de violencia, los modos en que afecta a distintos grupos de personas y el funcionamiento
efectivo de las estrategias que se han implementado hasta el momento. Un diagnóstico constituye
una línea de base y la producción periódica de información permite el monitoreo y evaluación de las
políticas. Para eso, es preciso contar con distintas fuentes de información:
a. Encuestas nacionales que permitan medir la magnitud del fenómeno a partir de estudios
periódicos de alcance nacional, con un grado de desagregación que posibilite dar cuenta de
las discriminaciones múltiples.
b. Registros administrativos unificados y/o comparables, que permitan conocer el alcance de
los servicios que se prestan desde diversas reparticiones del Estado nacional y provinciales
(de salud, justicia, prevención, seguridad, servicios sociales, entre otros).
c. Estudios cualitativos para comprender mejor el funcionamiento de las estrategias que se
han implementado hasta el momento y los obstáculos identificados en ese marco (tales
como las dificultades de acceso a la justicia, dificultades en la coordinación entre
instituciones involucradas, el impacto de las diversas formas de violencia en distintos
colectivos de personas).
2. Es necesario impulsar un proceso participativo para elaborar un Plan Integral
Las políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres deben ser producto
de un consenso amplio y participativo, que involucre a la sociedad civil y a los diversos organismos
del Estado, con un verdadero alcance federal. Para eso, es preciso:
a. Garantizar la participación plural de las organizaciones de la sociedad civil, activistas y
académicas, que puedan aportar sus experiencias, conocimiento y evaluaciones construidas
a lo largo de años de trabajo en la asistencia, contención, acompañamiento y reflexión.
b. Comprometer la participación de los diversos poderes y organismos del Estado ya que
requiere su abordaje interinstitucional, incluyendo los diversos ministerios del Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial y los ministerios públicos fiscales y de la defensa, en los diversos
niveles de gobierno.
3. Un Plan Nacional debe seguir ciertos lineamientos para un abordaje integral
La falta de coordinación entre las instituciones y las diversas estructuras recaen en las mujeres, que
ven dificultado y obstaculizado su acceso a la justicia y a los servicios de atención escasamente
disponibles.
a. Coordinación a cargo de un organismo especializado y jerarquizado, dotando al Consejo
Nacional de las Mujeres de los recursos financieros, institucionales y humanos necesarios
para poder liderar las políticas de igualdad de género y contra la violencia promoviendo la
coordinación interinstitucional e interjurisdiccional, con participación activa y sostenida del
Consejo Federal de las Mujeres.
b. Considerar la dimensión estructural y social de las diversas manifestaciones de violencia,
que se expresa entre otras formas en la prohibición del derecho al aborto que limita la
autonomía de las mujeres, así como la explotación sexual y económica.
c. Alcance federal de las políticas y programas, para superar la actual desigualdad entre
quienes habitan en las ciudades capitales, en localidades más pequeñas y zonas rurales.
d. Clara identificación de funciones y responsabilidades que asumen las distintas
instituciones, como herramienta indispensable para la rendición de cuentas, incluido el
presupuesto asignado.
e. Garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en las
normas nacionales y provinciales, estableciendo acciones concretas para asegurar la
gratuidad de todos los procedimientos (certificados, trámites, intervenciones de
profesionales involucrados en los procesos), el patrocinio jurídico tanto para la obtención
de medidas cautelares como en los procesos civiles y penales vinculados con los hechos de
violencia denunciados.
f. Establecimiento de acciones concretas y de indicadores y metas con plazos para
alcanzarlas, que permitan avanzar en programas concretos dirigidos a la prevención,
sanción y erradicación de la violencia. Entre las acciones concretas, enmarcadas en
programas específicos, se encontrarían las siguientes:
o campañas de difusión general;
o estrategias para espacios de educación informal, a través de escuelas populares,
centros barriales, el deporte (incluyendo su práctica profesional) y la recreación;
o estrategias para la educación formal en todos los niveles particularmente la inclusión
de educación sexual integral con perspectiva de género (desde la educación inicial
hasta la formación profesional), incluyendo la capacitación permanente y obligatoria
destinada a docentes, efectores de justicia y de salud, dedicados a la atención de
mujeres víctimas de violencia;
o estrategias para abordar las violencias simbólica y mediática, a través de
capacitaciones de actores clave, entre otras acciones de sensibilización y monitoreo;
o acciones dirigidas a la protección de las mujeres víctimas de violencia (involucrando a
fuerzas policiales, poder judicial, ministerio público);
o políticas sociales activas que involucren soluciones a los problemas de vivienda;
reinserción laboral; políticas de cuidado para niños/as, personas adultas mayores y
otras que requieran cuidados; subsidios económicos; amplia disponibilidad de
refugios para los casos en que sea necesario; disponibilidad de licencias laborales
para los casos de violencia; entre otras.
4. Diseño de políticas dirigidas a abordar las distintas manifestaciones de la violencias y
su impacto en relación con discriminaciones múltiples
Las violencias no tienen el mismo impacto en distintas personas, y por eso es imprescindible diseñar
e implementar políticas que consideren especialmente:
a. El impacto de las distintas manifestaciones de la violencia en mujeres con opciones
sexuales diversas, en personas trans y travestis.
b. El impacto de las violencias en mujeres a lo largo de distintas etapas de la vida (niñez,
adolescencia y ancianidad).
c. El impacto de las violencias en mujeres con discapacidad, considerando los apoyos que
puedan ser necesarios frente a los distintos tipos de violencias, de acuerdo con un modelo
social de discapacidad.
d. El impacto de las violencias en relación con las situaciones de mujeres migrantes, mujeres
de pueblos indígenas, mujeres rurales.
e. Los vínculos entre la violencia y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la
violencia obstétrica y las barreras al aborto legal como una manifestación de la violencia.
5. Garantizar la asignación y ejecución de presupuesto, así como el monitoreo y
evaluación de las diversas políticas implementadas:
a. Implementar mecanismos participativos y transparentes para la asignación
presupuestaria que garanticen la implementación de las políticas y programas.
b. Destinar recursos suficientes para garantizar las condiciones materiales de funcionamiento
de los programas y políticas, incluyendo la infraestructura adecuada y accesible, en
términos edilicios, de equipamiento y de recursos humanos capacitados y en condiciones
laborales estables.
c. Establecer mecanismos de acceso a la información pública que permitan el monitoreo y
evaluación de la ejecución presupuestaria.
d. Mejorar las prácticas actuales para que la información presupuestaria sea presentada con
un mayor nivel de detalle y desagregación, que permita garantizar que las partidas sean
ejecutadas en su totalidad, sin repetir la práctica de subejecución.
e. Establecer mecanismos periódicos que permitan medir el impacto de las políticas
públicas, incluyendo el desempeño y los resultados de los servicios encargados de brindar
atención, asesoramiento y prevención, así como el desempeño de los ministerios públicos
(fiscalías y defensorías) y el Poder Judicial.
Nuestro trabajo y nuestro compromiso con la prevención, sanción y erradicación de todas las formas
de violencia contra las mujeres, diversas, plurales, en distintas circunstancias personales, sociales,
laborales y territoriales, nos comprometen con esta agenda colectiva.
ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
MEI – Mujeres en Igualdad.
CAREF – Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes.
Fundación Siglo 21 – San Salvador de Jujuy, Jujuy.
CEJIL – Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Amnistía Internacional Argentina.
MuMaLá – Mujeres de la Matria Latinoamericana.
FEIM – Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
FUNDEPS – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables.
CLADEM Argentina. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
ADC – Asociación por los Derechos Civiles.
PIAF – Programa de Investigación y Abogacía Feminista, Universidad de Palermo.
Mujeres en lucha – Confluencia Movimiento Popular La Dignidad / Movimiento TUPAJ KATARI.
ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
CEDES – Centro de Estudio de Estado y Sociedad – Área Salud.
Asociación Civil El Ágora.
CEDEM – Centro de Mujer, San Fernando.
La Casa del Encuentro.
Mujeres Trabajando.
Colectivo Ni Una Menos.
RIPVGAR – Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina.
REDI – Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Foro por los Derechos Reproductivos.
Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).
Seamos Libres, Movimiento Popular.
Asociación Descosidas.
Católicas por el Derecho a Decidir
Walk Free.
RedNac – Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva.
Feministas en Acción.
FUTENA – Fundación para el Estudio de Temas Nacionales Sergio Karakachoff.
Centro de Estudios Carolina Muzzilli.
ACDH – Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.
No te rindas ONG.
Museo de la Mujer.
EDUPAS
MACFUT – Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol.
Foro de Mujeres del Mercosur.
Desobediencia y Felicidad.
Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos.
Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (OVG).
Fundación Rumbos.
UNLa-Universidad Nacional de Lanús, Centro de Justicia y Derechos Humanos. Programa Migración y Asilo.
Mujeres por la Solidaridad – Santa Rosa, La Pampa.
Secretaría de la Mujer y Protección de la Niñez del Sindicato de Empleados de Comercio
La Ría. Partido Social de la Ciudad.
Liliana Rodríguez Conde (Consultora Psicológica).
Alejandra Gutierrez (Socióloga – Docente).
Claudia M. Boragni Tomasevich (Politóloga).
Ofelia Stratta Llanos.
María Elena Barbagelata.
Mariana Carbajal (Periodista).
Adriana Vaghi.
Graciela Séneca (Docente – Narradora oral).
Victoria Donda (Diputada Nacional).