Crítico Informe Sobre Derechos Sexuales y Reproductivos Ante ONU
Crítico informe sobre derechos sexuales y reproductivos en argentina fue presentado ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Un conjunto de 10 organizaciones presentó un informe sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Específicamente aborda las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos, a anticoncepción quirúrgica, a educación sexual y al aborto y sus consecuencias.
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Foro por los Derechos Reproductivos (Foro DDRR), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR), presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe que será analizado, en octubre del presente año, en el segundo «Examen Periódico Universal», donde se evaluará a nuestro país. Este examen es un nuevo procedimiento de la ONU donde se evalúan los niveles de cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.
Entre los principales problemas que se abordaron en el informe, que deberá ser confrontado con el que debe presentar el Estado argentino hasta el 23 de julio próximo, se encuentran las fallas aun existentes en la distribución de métodos anticonceptivos ‐en forma eficaz y equitativa‐en todo el territorio nacional. Ello obliga clarificar qué medidas efectivas se impulsan, con qué presupuesto y sobre la base de qué normativa, para garantizar los objetivos del PNSSyPR a nivel provincial teniendo en cuenta la distribución de competencias federales y locales. Con la misma tónica, se destacan las deudas pendientes en materia de educación sexual integral.
Igualmente, se hace referencia a la importancia de la participación de la sociedad civil en el diseño y evaluación de las políticas públicas destinadas a garantizar la salud sexual y reproductiva, en todas las jurisdicciones del país, por lo que impulsa que se generen canales efectivos para ello.
También se abordan las nefastas consecuencias que tiene la nula regulación de la objeción de conciencia, siendo necesario que se avance en una norma que respete los estándares internacionales de derechos humanos aplicables en la materia.
Un énfasis especial tiene en el informe el tema de las muertes de mujeres con relación al embarazo y el aborto desde una perspectiva de derechos humanos. En relación a lo primero, ante los datos existentes, se insta una vez más al Estado a que adopte medidas eficaces para reducir la tasa de mortalidad, incluida la vigilancia activa de las muertes maternas y la atención adecuada y oportuna de la emergencia obstétrica. En referencia a lo segundo, se solicita que se avance en garantizar la atención de calidad de las complicaciones de abortos, y la legalización del aborto.
Las organizaciones firmantes afirman la necesidad de que el Ministerio de Salud Nacional asuma una posición activa y responsable en relación con la implementación de los abortos no punibles que habilita el art. 86 del Código Penal Nacional, según la interpretación emitida en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, coherente con la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles, y que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) apruebe el misoprostol para las indicaciones obstétricas, que ya fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud sin restricciones para su uso fuera de los servicios de salud. Los obstáculos y resistencias que observan para el ejercicio de este derecho requieren que se refuerce su cumplimiento en las provincias.