OTRA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE UNA NIÑA

Publicado en Clarín – Entremujeres.com

Fecha: 12.08.2011
Por Mabel Bianco.-

Hace unos días se conoció otro triste caso de una niña de 14 años embarazada, producto de la violación de un tío, en la ciudad de Posadas, Misiones. Este familiar durante más de un año abusó de dos de los diez hijos de su hermana, niñas de 10 y 14 años que no lo decían porque las amenazaba con que iba a matar a sus padres.

El drama se conoció en la escuela, durante una actividad en la que tenían que contar el día más triste y lograron relatar los abusos. Esto fue informado a la madre, quien se sorprendió e indignó, e hizo la denuncia. Los tiempos legales se alargaron y el tío, enterado de la denuncia, esperó a la niña a la salida del colegio para violarla en un descampado. Producto de esa violación, hace dos semanas se detectó el embarazo en la niña, que ella y su familia pidieron interrumpir. Se trataba de acceder a un derecho contemplado desde 1921 en el Código Penal, pero sobre el que cada funcionario del Estado interpuso trabas y sus propias creencias para impedir la práctica médica.

A partir de allí, se iniciaron idas y vueltas entre los jueces, los médicos y las autoridades. Todos opinaron y se pasaron la responsabilidad unos a otros, mientras permitieron que la niña y su familia sean expuestas a los medios, revictimizándolas y atentando aún más contra ellas.

Finalmente, los médicos, quienes no pudieron seguir “mirando para otro lado”, convencieron a los padres de la niña que el embarazo estaba  avanzado y su interrupción pondría en riesgo su vida. La familia, ante la desesperación de que su hija muera, aceptó seguir con el embarazo. Ante esto, la niña dijo: “Voy a tener que sufrir con el bebé del tío nueve meses”.

Como ya ocurrió en otros casos anteriores, organizaciones religiosas –esta vez fue la Red Federal de Familias- también influyeron en la niña y su familia ofreciendo “ayuda” hasta el parto, porque lo importante para ellos es que nazca el hijo, como si la niña sólo fuera un “envase” y deba resignarse y “aguantar” el embarazo.

Frente a esto, nos queda el sabor amargo de cómo las autoridades, los funcionarios públicos de la justicia y la salud pública local, provincial y nacional, los medios de comunicación y la sociedad no hicieron nada para ayudar a la niña. Cada actor actuó en base a sus propias necesidades, no las de la niña y su familia.

Los errores empezaron cuando, ante la denuncia, no hubo apoyo gubernamental para dar contención y protección a la niña y su familia y se prolongaron los tiempos de la justicia, permitiendo al violador agredirla nuevamente. Continuaron con los jueces intervinientes que, ante el pedido de un aborto no punible, trataron de trasladar a otros la responsabilidad: sea otro juez, los médicos u otra persona o institución.

El subsecretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación dijo a la prensa que la norma ministerial amparaba a esta práctica, pero no lo esclareció a los médicos de la provincia. El Ministro de Salud provincial se excusó en la intervención judicial para no asumir responsabilidad. Lo mismo habían hecho al principio los médicos, pero finalmente aconsejaron no actuar por los riesgos para la niña, sin esclarecer sus fundamentos y desconociendo casos anteriores en los que se interrumpieron gestaciones más avanzadas aún.

La identificación de la niña, su familia, su casa, su escuela y su entorno fue un abuso que no sólo no ayudó, sino que la lastimó y revictimizó. Todo esto evidencia la violación a sus derechos que tienen las niñas pobres y sus familias. Pareciera que la Convención sobre los Derechos del Niño rige sólo para los niños, niñas y adolescentes ricos.

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