Luego de 30 años, Argentina sanciona una nueva ley de VIH

Autora: Amy Booth para The Lancet desde Buenos Aires 

La legislación también establece disposiciones para pacientes con hepatitis viral, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual

Activistas y médicos en Argentina han celebrado la sanción de una nueva y progresista ley de VIH que combatirá la discriminación, la inación, mejorar el acceso a los medicamentos y promoverá la producción nacional de medicamentos. La ley, que abarca otras infecciones de transmisión sexual, virales hepatitis y tuberculosis, también aborda discriminación laboral e implementa nuevas disposiciones de bienestar para pacientes. 

Los Senadores de la Nación aprobaron la ley con una mayoría de 60 a uno el 30 de junio de 2022. Activistas con banderas y pancartas aplaudieron y se abrazaron unos a otros en los balcones del Senado cuando se anunciaron los resultados. Desarrollado conjuntamente con una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil y personas que viven con el VIH, la ley ha sido elogiada por su perspectiva de derechos humanos y de género, así cómo adoptar un enfoque holístico hacia la salud. La ley argentina anterior sobre el VIH era más estrictamente un texto médico aprobado en 1990, el cual había quedado obsoleto frente a las nuevas tecnologías en tratamientos. La nueva ley había llegado a la agenda del Congreso tres veces antes, pero fue no adoptada.

«Las respuestas biomédicas por sí solas no acabarán con el sida para 2030», dijo Matías Muñoz abogado y activista del grupo de defensa de la Asociación Ciclo Positivo Asociación Ciclo Positivo. Ciclo Positivo). Destacó que muchos argentinos con VIH se enfrentan a problemas interrelacionados de pobreza y estigma. «Los Estados y las sociedades deben comprender que vivir con el VIH no es sólo una situación física o médica: es una situación política». En Argentina, se estima que 140 000 personas tienen el VIH, de las cuales el 17% no sabe que lo tiene, según el boletín de respuesta al VIH e ITS del Ministerio de Salud argentino en diciembre de 2021.

La legislación anterior ya estipulaba que el tratamiento del VIH debe ser gratuito en todo el sistema sanitario, incluyendo el sistema público, la seguridad social y los seguros privados. Sin embargo la nueva ley incorpora la hepatitis vírica, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual, y también cierra algunas lagunas problemáticas. La profilaxis previa a la exposición (PrEP) no estaba cubierta ya que no existía cuando se elaboró la ley de 1990, lo que significa que los proveedores de servicios sanitarios han cobrado normalmente a los pacientes una parte del precio, según Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito del VIH, la salud sexual y los derechos reproductivos. Además, la redacción era incompatible con las nuevas tecnologías más recientes, como los testeos en casa.

«Los Estados y las sociedades tienen que comprender que vivir con el VIH no es sólo una situación física o médica física o médica: es una situación política».

La nueva ley prohíbe estrictamente las pruebas del VIH en los exámenes médicos previos a la contratación laboral. Una resolución aprobada en 2015 permitió denunciar esta práctica a las autoridades, pero no la prohibió estrictamente, y sigue siendo una forma importante de discriminación contra personas con VIH en el lugar de trabajo. «Incorporaban [la prueba] sin decir nada a la persona, y luego no las tomaban, pero no les decían por qué», dijo Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Educación e Investigación de la Mujer, una organización sin fines de lucro para la salud reproductiva. «No las dejan trabajar, pero no inician el tratamiento si no se les dice. Es un doble prejuicio».

En Argentina, algunas personas se han enfrentado a acciones legales por cargos como la propagación de la enfermedad después de haber transmitido el VIH a sus parejas. La ley impide explícitamente que se criminalice a las personas por vivir con el VIH, la hepatitis, otras infecciones de transmisión sexual o la tuberculosis, lo cual debería evitar casos similares en el futuro, dijo Cahn.

La nueva ley también implica que las personas con VIH y hepatitis B o C podrán jubilarse si tienen 50 años o más, han cotizado al menos 20 años para la pensión, llevan 10 años o más viviendo con su enfermedad y no tienen un empleo formal. También establece una ayuda asistencial equivalente al 70% del salario mínimo mensual a los adultos que viven con el VIH o hepatitis B o C.

La ley declara que investigar la producción de medicamentos y otros insumos médicos por parte del sector público es de interés público nacional. «Tenemos laboratorios de producción de medicamentos en diferentes provincias que, con inversión y modernización, podrían estar produciendo estos fármacos y reduciendo los costos», dijo Bianco. «Por poner un ejemplo de otro ámbito, hay un laboratorio en la provincia de Santa Fe que está produciendo misoprostol ahora, y eso es más barato que si lo compramos e importamos».

Aunque estas garantías de producción pública podrían abrir la puerta a que los medicamentos que no están disponibles actualmente en Argentina lo estén a través de mecanismos como las licencias obligatorias, seguirán existiendo obstáculos, como las patentes, que deberán abordarse con la legislación, afirma Cahn.

«No es que mañana cualquier laboratorio público pueda empezar a producir cualquier medicamento antiviral; es mucho más complejo», dijo Cahn. «Pero hay productos y suministros médicos que potencialmente podríamos estudiar para colaborar con los laboratorios públicos para producirlos».