La agenda de las ONG

Medio: Revista Tercer Sector

Facha: 14.08.2017

De cara a las próximas elecciones, las Organizaciones de la Sociedad Civil delinean las prioridades que deberán atender los futuros legisladores en materia social. Pobreza, género, infancia, educación, salud, empleo, seguridad, vivienda y medio ambiente son algunos de los temas. Aquí, un relevamiento sobre las principales asignaturas pendientes.

Texto Fátima Cheade, Silvina Oranges y Andrea Vulcano

Más allá del trabajo que día a día llevan adelante miles de Organizaciones de la Sociedad Civil a lo largo y ancho del país, muchas de ellas bregan, al mismo tiempo, por promover transformaciones y garantizar derechos a través de la incidencia parlamentaria. Basta con ver la dinámica de las reuniones de comisión en el Congreso, para comprobar que, allí, la voz de las OSC se hace sentir e, incluso, deja huella.

Cada una desde su área de acción, son convocadas por legisladores y asesores para que expresen su opinión, o bien son las mismas instituciones las que salen a buscar espacio en esos debates, que son –o deberían ser– pivote de cambios en la realidad.

Por eso, frente al inminente recambio legislativo –con un primer capítulo en las Paso y su posterior definición en las elecciones del 22 de octubre–, Tercer Sector recopiló temas y proyectos que, a criterio de las OSC, deberían ser prioritariamente atendidos por el Congreso de la Nación con la composición que surja del voto popular.

“Argentina es un país de legislación de avanzada pero de muy bajo o difícil cumplimiento”, advierte Torcuato Tozio, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Su mirada parece resumir la de muchos: “Más que nuevas leyes, lo que necesitaríamos es que se cumplan las que ya existen”, postula Alejandra Sánchez Cabezas, referente de Surcos Asociación Civil.

A continuación, un repaso por las principales inquietudes del sector.

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Género

Paridad de género en la participación política, aumento de licencias por paternidad a los varones, despenalización del aborto y equiparación de las responsabilidades del trabajo de cuidados no remunerados son algunos de los temas prioritarios pendientes de resolución en el Congreso, según las OSC consultadas.

“El Ni Una Menos hizo actuar más rápido a los legisladores. Necesitamos que en casos de violencia se tengan todas las leyes aprobadas rápido y en plena implementación, una tarea de los tres poderes del Estado”, dice Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim). En ese marco, si bien destaca leyes que fueron aprobadas en el último tiempo, advierte que el problema reside en su falta de implementación. Tal es el caso de la asesoría legal y gratuita para las mujeres víctimas de violencia, sancionada a fines del 2015. “Necesitamos que se implemente ya. Es difícil pero no se puede demorar”, plantea.

Algo similar pasa con la llamada Ley Brisa, que cuenta con media sanción en el Congreso y busca otorgar una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio. “Es fundamental para que esos niños y adolescentes tengan una protección. Ellos son las víctimas invisibles de los femicidios”, dice Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, para quien “en estos temas, lo partidario debe quedar de lado”.

En materia de licencias maternales, paternales y familiares, las organizaciones coinciden en que es crucial contar con una nueva ley nacional que “contribuya al desarrollo infantil, facilite la inserción de las mujeres en el mercado laboral y favorezca la construcción de una más justa división de roles intrahogar”. Así lo indican Unicef, el Cippec y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que señalaron la existencia de 43 proyectos con estado parlamentario en ese sentido. Desde las tres OSC proponen que la licencia por maternidad aumente a 98 días, en base a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, y por paternidad se extienda a 30 días.

El otro tema pendiente es la paridad de género en la participación política, que volverá a incumplirse en las próximas legislativas. Si bien hay distintas iniciativas presentadas, que establecen una participación del 50 por ciento de mujeres y 50 de varones en las nóminas electorales, ninguna llegó a aprobarse. En un reciente informe sobre los lugares que ocupan las mujeres en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo determinó que la cantidad de representantes femeninas en algunos estamentos de la vida institucional del país resulta ser “excesivamente baja”.

Nota completa: http://tercersector.org.ar/la-agenda-de-las-ong/