La educación sexual integral, una deuda en la Argentina
Medio: La Voz del Interior – Córdoba
Fecha: 2.08.2017
Por Mariana Otero.
Un informe presentado al Comité de los Derechos del Niño revela la baja implementación del programa nacional.
El Estado no informa el presupuesto, lo cual impide monitorear el cumplimiento.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) advirtieron al Comité de los Derechos de Niño sobre la baja implementación de las políticas públicas en relación a la Educación Sexual Integral (ESI) en la Argentina y la falta de información por parte del Estado nacional sobre el presupuesto destinado al programa nacional, lo cual impide el monitoreo de la ejecución presupuestaria, la evaluación del cumplimiento de las metas y la rendición de cuentas.
Las organizaciones, con amplia trayectoria en el trabajo por la igualdad de género y la defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, presentó el lunes un informe al comité encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para tal fin, evalúa periódicamente a los Estados que se han comprometido por este tratado. En el 78° periodo de sesiones, que se realizará en 2018, el Comité evaluará al Estado argentino y emitirá observaciones finales.
Entre otras cosas, el informe releva el estado de situación de los derechos de las niñas y adolescentes en Argentina y brinda información sobre femicidios, violencias, matrimonio o convivencia de niñas y adolescentes y embarazo adolescente.
El documento subraya que la ley de ESI ha sido muy poco implementada. “Dado el carácter federal del Estado argentino y que el sistema educativo se encuentra dentro de las esferas de regulación provincial, la mayoría de las jurisdicciones no imparte los contenidos de la ESI y el Ministerio de Educación de la Nación no ejerce su función de rectoría indispensable para garantizar los contenidos mínimos en todo el territorio del país”, sostiene.
Y agrega: “Uno de los mayores desafíos es la falta de transparencia de los presupuestos, producto del nivel de agregación de los datos: el presupuesto nacional no permite identificar con claridad los fondos asignados a los programas dedicados a diversas formas de promoción de la igualdad de género y protección de los derechos de las mujeres, entre ellos, la ESI”.
Violencia doméstica
El informe indica que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que durante el primer trimestre de 2017, el 17 por ciento de los 2.588 casos planteados por situaciones de violencia doméstica tuvo como afectadas a niñas y adolescentes (hasta 18 años).
Del total de casos analizados por la OVD en ese trimestre, en el 50 por ciento se trató de situaciones de riesgo medio o moderado, y en el 36 por ciento de los casos se trató de situaciones de riesgo alto o altísimo.
Revela, además, que la ley de ESI ha sido muy poco implementada. “Dado el carácter federal del Estado argentino y que el sistema educativo se encuentra dentro de las esferas de regulación provincial, la mayoría de las jurisdicciones no imparte los contenidos de la ESI y el Ministerio de Educación de la Nación no ejerce su función de rectoría indispensable para garantizar los contenidos mínimos en todo el territorio del país”, sostiene.
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