Eduardo Porretti, Consejero de Embajada Segunda y Tercera Comisión de la Misión Permanente de Argentina en Naciones Unidas, comentó para este Boletín la posición de Argentina en la 46 Sesión de la Conferencia de Población y Desarrollo y las alianzas entabladas para abordar el tema de la migración.

“Desafortunadamente, año tras año, algunas delegaciones buscan desmantelar el compromiso internacional adoptado en torno a asuntos de población y desarrollo”, opinó Porretti y aseguró que para nuestro país “la ratificación e implementación del mandato de El Cairo y su Plan de Acción resulta fundamental”.

 

-¿Qué mandato llevó Argentina para la CPD46?
El mandato de la delegación argentina fue el de consolidar un texto que proteja los derechos humanos de las personas migrantes, en particular, los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, en el marco de las políticas de promoción y protección de los derechos humanos, destacar la relevancia de implementar acciones y programas específicamente orientados a las personas migrantes en el marco de la ley y el Plan Nacional de Lucha contra toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, como también la necesidad de crear mecanismos de monitoreo para garantizar el libre ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, tal como lo establece nuestra constitución y la legislación específica, en su enfoque de derechos humanos y el derecho al trabajo decente, a la educación y a la salud, garantizando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en base a una perspectiva de género (según lo establecido por la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El Plan de Acción de El Cairo de 1994, así como el mecanismo de seguimiento –ICPD más 5, más 10 y más 15-).

-¿Cómo se conformaron las alianzas de los países en torno a la garantía de los derechos de las mujeres y los jóvenes a reconocidos en tratados e instrumentos internacionales?
Usualmente, la CPD es escenario de una coalición informal entre una docena de países de América Latina y el Caribe y un número similar de países europeos que buscan garantizar los derechos de mujeres y jóvenes, a partir de una resolución que no sólo defienda el lenguaje alcanzado en los instrumentos internacionales, sino que busque la implementación de los compromisos adquiridos y propiciar la creación y el fortalecimiento de mecanismos de seguimiento confiables y eficaces a nivel nacional e internacional.
En esta ocasión, el título de la resolución (nuevas tendencias migratorias), modificó ese escenario, generando espacio para una posición del Grupo de los 77 más China en parte del texto. Asimismo, la alianza informal que se conforma habitualmente contó con menos participantes de América Latina y el Caribe, aunque delegaciones que habían adoptado posiciones conservadoras en el pasado se sumaron a la Argentina y a otros países en la búsqueda de un lenguaje progresista que tienda a proteger los derechos de los grupos que viven o deben enfrentar condiciones de mayor vulnerabilidad.

-Luego de asistir a las discusiones en la CPD46, ¿considera que hay posibilidades de retroceso con respecto a los acuerdos logrados hace dos décadas en Cairo?
Desafortunadamente, año tras año, algunas delegaciones buscan desmantelar el compromiso internacional adoptado en torno a asuntos de población y desarrollo, tal como fuera asumido por la comunidad internacional en El Cairo en 1994 y en el proceso de ratificación y seguimiento posterior.
Esas posiciones desoyen el mandato asumido en el pasado reciente por sus propios gobiernos en base a acuerdos consensuados y de lenguaje balanceado, poniendo en peligro la implementación de mecanismos de seguimiento y protección para situaciones de riesgo en materia poblacional. Esto impacta negativamente en el desarrollo económico, social y cultural y obstaculiza o impide el fortalecimiento de garantías de la protección de derechos humanos, especialmente para los grupos poblacionales afectados, especialmente en el caso de mujeres, jóvenes y adolescentes.
Para la Argentina, cuya política interna y externa en materia de población y desarrollo se basa en el reconocimiento de derechos a los ciudadanos y los habitantes, así como en la obligación del Estado de garantizar esos derechos e implementar los servicios correspondientes, la ratificación e implementación del mandato de El Cairo y su Plan de Acción resulta fundamental. Para ello, trabaja con otros países y con las agencias, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas en tal sentido, al tiempo que participará activamente en la Conferencia Regional que se llevará próximamente a cabo en Uruguay a efectos de ratificar el mandato de El Cairo más allá de 2014.

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