UN RESUMEN DEL INFORME DE LA ALIANZA ARGENTINA DE ORGANIZACIONES CON TRABAJO EN EL PROCESO DE CAIRO+20 Y MÁS ALLÁ DE 2014

El informe de la sociedad civil fue realizado con base en el mismo cuestionario oficial proporcionado por UNFPA y analiza las políticas públicas desarrolladas en los últimos años por el Estado argentino vinculadas a las metas del Programa de Acción de Cairo.
La tarea fue compleja porque el cuestionario no permitía reflejar adecuadamente las particularidades de cada región. Argentina, por su condición de país federal, requiere un diagnóstico detallado de la situación en cada jurisdicción para dar cuenta de las desigualdades existentes en diversos aspectos: legislaciones, programas, políticas o estrategias.
Si bien se reconocen importantes avances, sobre todo a nivel nacional y en términos legislativos, en muchos casos hay fuertes brechas en su implementación y en el real acceso de la población a los derechos enunciados en normas, políticas y programas.
Esta es una breve síntesis con los puntos críticos más destacados por las organizaciones no gubernamentales en cada capítulo de la Encuesta Mundial sobre el cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo.


DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SALUD REPRODUCTIVA
SALUD, MORBILIDAD Y MORTALIDAD
El informe de las ONG valora el adecuado marco legal relativo a los derechos sexuales y reproductivos, pero a la vez señala la falta de implementación eficaz de leyes y políticas sobre salud sexual y reproductiva y la alta razón de Mortalidad Materna que se debe a la ausencia de garantías para el acceso a los abortos permitidos por la ley en las distintas provincias y a fallas en la atención obstétrica de emergencia. Las organizaciones destacan que la Guía Técnica para la Atención de Abortos No Punibles está disponible en la página web del Ministerio de Salud pero “la falta de resolución ministerial que la refrende y de voluntad política para su difusión e implementación hacen que su aplicación sea irregular”. El informe señala que varias jurisdicciones dictaron protocolos locales, pero muchos de ellos agregan requisitos que obstaculizan y demoran el acceso de las mujeres a esta práctica y no cumplen con los estándares establecidos por la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo de 2012. Este fallo, continúa el informe, “no fue acompañado de ningún pronunciamiento público de la autoridad máxima de la política sanitaria del país, el Ministerio de Salud de la Nación”.
Las organizaciones no gubernamentales también destacan la desigualdad entre jurisdicciones y la ausencia de incentivos y regulaciones del gobierno nacional para que las provincias cumplan por igual normas y políticas de estado en esta materia. “La implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable es muy desigual en el país”, asegura el documento y detalla que “el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva está sujeto a la voluntad de los poderes ejecutivos locales, e incluso de los profesionales a cargo de los servicios, incumpliendo el Estado nacional su obligación de garantizar estos derechos humanos a toda la población”.
La falta de acceso a información gubernamental que permita a la sociedad civil controlar y que el Estado rinda cuentas es una deuda a saldar y mejorar.


ADOLESCENTES Y JOVENES
La atención de las necesidades de adolescentes y jóvenes está contemplada en algunos programas de los ministerios nacionales de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Sin embargo, las organizaciones juveniles cuestionan que su sola existencia signifique que alcancen realmente a toda la población de entre 10 y 24 años. Su implementación “es muy débil” y en muchos casos sólo son efectivos si cuentan con la voluntad política de la autoridad local, señala el informe.
Un marco legal favorable en salud sexual y reproductiva, sustantivas mejoras (aunque aún insuficientes) en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, buenos niveles de alfabetización, y mejoras en el acceso a tecnología de los jóvenes son los principales logros reconocidos en este capítulo.
Entre los aspectos críticos se destacan las dificultades para garantizar la atención de la salud en espacios confidenciales, seguros y de calidad para adolescentes, quienes mayormente llegan a los servicios cuando están embarazadas. “La realidad muestra que faltan servicios especializados que promuevan la participación y la conciencia sobre el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, que no violen la confidencialidad, y consultorías sobre la salud sexual y reproductiva”, enumera el informe de las ONG.
Por otra parte, las medidas para mejorar la situación del Trabajo y Empleo juvenil, según las ONG, “no cumplen con las expectativas” debido a que se implementan sólo en algunos municipios y no hay recursos humanos suficientes para asegurar un seguimiento continuo y de calidad al proceso de inserción laboral de cada joven. Además: “la legislación laboral vigente permite la existencia de trabajo mal pago, no registrado y con pocas posibilidades de inserción estable en el mundo laboral; existen figuras de empleo informal bajo la forma de 'pasantías' que precarizan las condiciones laborales de estudiantes y jóvenes. A esto se suma que el mercado laboral tiene poca oferta de trabajo formal para jóvenes”.
Los organismos de orientación de las políticas de juventud fueron cuestionados por no estar integrados por personas jóvenes y porque cuando sí son llamadas a participar solamente lo pueden hacer en las instancias de ejecución de las acciones, no así en su planificación o evaluación.
El informe asegura que la implementación de la Educación Sexual Integral varía considerablemente en cada provincia, en algunos casos el abordaje sigue siendo biologicista, los materiales no se distribuyen, se solicita autorización a las familias, y se evitan contenidos considerados “tabú” (diversidad sexual, sexualidad y placer, perspectiva de derechos).


IGUALDAD DE GÉNERO, EQUIDAD Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
Si bien se reconoce que el Consejo Nacional de las Mujeres mejoró su nivel jerárquico, aun no logra tener ni el personal capacitado, ni ser capaz de desarrollar su papel. El ejemplo más patético es la mínima implementación de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009), de la que el Consejo es el órgano ejecutor. Aún no existen estadísticas nacionales sobre violencia contra mujeres y niñas, pese a que la ley prevé la creación de un observatorio, y tampoco hay protocolos de actuación en Ministerios, además de las dificultades para el acceso de las mujeres a la justicia y la ausencia de campañas mediáticas de sensibilización y prevención.
El informe menciona el problema de la trata de personas para explotación sexual y advierte que a ley sancionada en 2010 “debe ser modificada para ser útil”. Respecto a la Igualdad, hay avances en la participación política por la Ley de Cupo femenino, pero esto aun no existe en otros ámbitos, como la justicia, las empresas privadas y el Estado.


FAMILIA, BIENESTAR DE LOS INDIVIDUOS Y DE LAS SOCIEDADES
Las organizaciones de la sociedad civil cuestionan la ausencia de registro y monitoreo sobre legislación relativa a necesidades específicas de las mujeres como: permisos de maternidad/paternidad, para la lactancia, normativa relativa a la protección y estabilidad del empleo por maternidad, licencias por cuidado de hijo/a enfermo/a, servicios de cuidado en el lugar de trabajo, entre otras cuestiones.
“Algo preocupante en el país es el cierre de los programas y actividades de apoyo a las trabajadoras para cuidado de hijos. También pocos programas para mejorar a nivel social y familiar la igualdad entre mujeres y hombres. A nivel laboral, mujeres con salarios inferiores y principalmente trabajo en el sector informal sin beneficios sociales”, enumera el informe.
Si bien las mujeres de escasos recursos son mayoría entre los beneficiarios de los programas sociales, éstos no incorporan una perspectiva de género tanto en el diseño y la implementación como en el impacto diferencial que tienen para las mujeres, reforzando estereotipos y mandatos de género estereotipados.


URBANIZACIÓN Y MIGRACIÓN INTERNA / INTERNACIONAL
El informe de las ONG destaca las iniciativas de urbanización desarrolladas pero advierte que muchas veces estas políticas no tienen ejes articuladores, se superponen o son sumamente focalizadas, descuidando otros aspectos claves y generando nuevos efectos negativos. En este sentido, las ONG reclaman generar instancias de participación en los planes habitacionales, leyes de Ordenamiento Territorial Nacional y de Vivienda y Producción Social del Hábitat, procesos de adjudicación más transparentes y mecanismos de control por parte de la comunidad, así como líneas de financiamiento para formas colectivas de acceso a la vivienda.
Respecto a la migración internacional, no es posible identificar si hay coordinación entre los diferentes organismos y tampoco analizar la normativa ni las prácticas de los funcionarios. “Este dato es relevante en tanto estas cuestiones funcionan como barreras de acceso a mucho de lo conseguido en el plano formal”, señala el informe y destaca algunas buenas prácticas, tales como los “espacios de diálogo y discusión de algunas políticas que informalmente son habilitados con algunos funcionarios”.


PUEBLOS INDÍGENAS
El informe retoma las expresiones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anayatras: “si bien Argentina cuenta con la estructura legal de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, como ser la inclusión del inciso 17 en el artículo 75 de la Constitución Nacional, la sanción de la Ley 26160 que tiene por objeto regularizar las tierras indígenas en el país, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y el voto favorable ante la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas existe una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real”.


PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en septiembre de 2008 y la incorporó a su ordenamiento jurídico (Ley N° 26.378), pero “aún persisten estereotipos, prejuicios y perspectivas asistencialistas en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en la normativa, políticas públicas, como en numerosas prácticas sociales. Incluso, continúan existiendo prácticas discriminatorias que profundizan la segregación y la exclusión de las personas con discapacidad”.
Las políticas públicas y las instituciones estatales para la discapacidad aun no fueron adaptadas al nuevo paradigma que establece la Convención. Por ejemplo, persisten dos subsistemas educativos diferenciados: uno especial y otro “común”, para personas con y sin discapacidad respectivamente.
El informe de las ONG retoma la preocupación del Comité de ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “ante la ausencia de una estrategia coherente y general para aplicar el modelo de derechos humanos que establece la Convención, que incluya medidas de carácter positivo, para lograr la igualdad de hecho y de derecho de las personas con discapacidad y la plena efectividad de los principios y mandatos consagrados en la Convención a todos los niveles”.


POBLACIÓN, DESARROLLO Y EDUCACIÓN
Uno de los aspectos de la política estatal que es motivo de preocupación para las organizaciones de la sociedad civil es, por ejemplo, la Educación Sexual Integral. “La calidad de los materiales producidos y las bases generales de la política educativa en la materia representan un importante avance”, señalan, pero reiteran que su aplicación aun es muy insuficiente en el país y que los docentes no reciben formación sistemática y continúa. Por otra parte, la calidad educativa debe “incrementar la cantidad de días y horas de clase, fortaleciendo la oferta educativa con jornada extendida o completa; y, al mismo tiempo, intensificar la formación docente y mejore las condiciones de enseñanza”. Finalmente, se cuestiona que el acceso de los niños y niñas al nivel inicial varía de acuerdo a los ingresos familiares, por lo que se debería ampliar la oferta educativa pública y gratuita de las salas de 4 y 5 años.

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