“Hay conformidad con la redacción final de la Guía Operacional”

Una de las integrantes de la delegación oficial argentina en representación de la sociedad civil reflexiona sobre los desafíos de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. La socióloga María Alicia Gutiérrez, integrante de la Asociación civil FUSA, habló además sobre los obstáculos para alcanzar las metas referidas al acceso al aborto seguro en Argentina.

¿Estás conformes desde la sociedad civil con la redacción final de la "Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo"? 

María Alicia Gutiérrez (MAG): El líneas generales, diría que hay conformidad con la redacción final de la Guía Operacional. Aun quedan por revisarse algunos indicadores de distintos capítulos que lo llevará a cabo la comisión ad hoc en el tiempo establecido. Solo dos cuestiones: el capítulo J no fue desagregado como tal con sus indicadores particulares que refieren a Evaluación, Monitoreo y Rendición de Cuentas, pero fue desagregado en los diferentes capítulos. De todos modos, considero que es un capítulo que no quedó expresado con la suficiente fuerza e importancia. En relación a derechos sexuales y reproductivos  que  se desarrollan en las medidas 34, 35 y 36 principalmente, considero que tomaron, en su momento, las sugerencias realizadas por las organizaciones feministas y de mujeres.

¿Qué alcances tendrá esta guía para los países y para el monitoreo de los compromisos del Consenso de Montevideo?

MAG: El alcance de la Guía Operacional, luego de la firma de conformidad a realizarse en la II Conferencia Regional, presupone el compromiso de los países firmantes de la región de llevar adelante el proceso de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de los distintos capítulos desarrollados. Lo que supone formas organizacionales interministeriales conjuntamente con la participación de las organizaciones de la sociedad civil para su implementación.

Entre las medidas prioritarias que acordaron los países de la región se encuentra la de "eliminar el aborto inseguro" y "asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad" así como "instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo". ¿Cuáles son los mayores obstáculos para alcanzar estas metas en nuestro país?

MAG: Las mayores dificultades para alcanzar estas metas en nuestro país tienen que ver con la falta de voluntad política para legalizar el aborto. De eso han dado cuenta, para el futuro, en sus declaraciones los candidatos presidenciables del próximo período de gobierno. Ello no implica que no haya medidas como la Guía de Interrupción Legal del Embarazo que asume el Ministerio de Salud y que presupone generar las condiciones de posibilidad para su implementación en el conjunto del país, lo que promovería el acceso a un aborto seguro. Sin embargo, esta situación también se ve confrontada con las autonomías provinciales que, muchas de ellas, ofrecen resistencia a la aplicación de la medida. La existencia de una fuerte sociedad civil comprometida en esta demanda ha llevado a un proceso de "despenalización social" del aborto que ha amplificado de manera exponencial la demanda y se han encontrado estrategias para paliar las condiciones del aborto inseguro, algunas de ellas instrumentadas, además, desde los propios organismos estatales (reducción de riesgos y daños, consejerías pre y post aborto). 

FOTO: María Alicia Gutiérrez

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