SECRETARIA DE SALUD

SEMINARIO

Atención Post Aborto, un tema de Salud Pública y

Derechos Humanos en el MERCOSUR

15 de noviembre de 2005

PROGRAMA

 

 

Organizan:

Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer –FEIM-

 

 

INAUGURACIÓN

Presentación del Evento y Objetivos, Dra. Mabel Bianco, Presidenta de FEIM

Buenos días. Deseo agradecerles muy especialmente por estar hoy participando en este Seminario. En nombre de quiénes lo organizamos, les pido disculpas por el cambio a último momento del local, pero todos Ustedes saben que fue por motivos de fuerza mayor, debido a un hecho político que conmocionó a esta ciudad. Pero el que hoy estemos aquí reunidos casi 200 personas a pesar de esos inconvenientes es una muestra del interés del tema. Porque la Atención Post Aborto así como la atención del aborto no penado por la ley, son un problema de salud pública y derechos humanos que requieren una solución urgente que evite las muertes y el sufrimiento de muchas mujeres y familias de nuestro país y los países del Mercosur.

            Hace dos años, el 11 de Noviembre de 2003 también por iniciativa de la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de FEIM, nos reunimos en el Centro Cultural General San Martín convocados para un Taller sobre “Atención Post Aborto, un tema de Salud Pública y Derechos Humanos en el MERCOSUR”. En esa ocasión después de analizar y actualizar el problema en Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina aprobamos la Declaración “Propuesta de Buenos Aires” y nos comprometimos a avanzar en la implementación de políticas, programas y actividades para superar este problema en cada país.

Hoy transcurridos dos años nos reunimos nuevamente para revisar los avances y las dificultades que experimentamos y para aprender unos de otros y poder avanzar en la atención en los servicios públicos de salud de las complicaciones por abortos inseguros y de la atención de los abortos no punibles o eximidos de pena en la legislación. Este es un imperativo de nuestros días, tanto desde el punto de vista de la Salud Pública, como de los Derechos Humanos de toda la ciudadanía.

            Actualizaremos el tema en tres sesiones: la primera destinada a revisar las políticas públicas y los programas y actividades que en Uruguay, Brasil y Argentina se han desarrollado desde Noviembre 2003. La segunda para analizar los dilemas médicos y legales que plantea la atención del aborto no punible en los hospitales públicos, una deuda pendiente que nuestros países tienen. Porque las leyes son de hace muchos años, pero todavía en nuestros hospitales cuando una mujer solicita esta atención, a pesar de encuadrar en lo que establece la ley, en general no se la atiende o se ponen muchos inconvenientes o se posterga la solución inútilmente con trámites, como el pedido de autorización a la justicia, que no corresponde.

Y en la tercera consideramos el papel de las organizaciones no gubernamentales y fundamentalmente de las redes y coaliciones de organizaciones de mujeres e instituciones de investigación, que papel juegan y como han actuado en este periodo.

Como Subregión los países del Mercosur, compartimos problemas como la persistencia de una considerable mortalidad materna, debida en gran medida al aborto inseguro y prohibido. Por eso no podemos segur ignorando esa realidad que por otra parte, implica una injusticia inadmisible porque las que más lo padecen son las mujeres pobres que no tienen dinero para conseguir una solución sin poner en riesgo su vida. Por eso estamos conjuntamente gobiernos, profesionales de salud y del derecho y organizaciones por la salud de la mujer compartiendo la búsqueda e implementación de soluciones. Este no es un problema que puede resolver solo alguna de las partes. Todos y cada uno debemos hacer nuestro aporte a fin de acabar esta injusticia y no permitir más que sigan muriendo mujeres por estas causas.

            Quiero agradecer a los panelistas que hoy nos acompañan, muy especialmente a los de países vecinos del Mercosur. Y ahora le cedo la palabra al Dr. Spaccavento, Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 

 

Inauguración: Palabras a cargo del Dr. Donato Spaccavento, Secretario de Salud del GCBA:

            Buenos días. Desde ya el agradecimiento por participar de la inauguración de este Seminario. A mí me parece un sueño poder en la Argentina, que es una sociedad tan compleja, y en la Ciudad de Buenos Aires, que también está compuesta por una sociedad tan compleja donde convivimos gente que estamos pensando en los derechos humanos, en los derechos humanos de los que menos tienen, en los excluidos, en los aferrados a estructuras y aferrados a principios que produjeron un daño terrible a este país y a esta Ciudad Ustedes tendrán que comprender que yo como Secretario de Salud de un Gobierno que está viviendo una situación política especial, no puedo, no soy un esquizofrénico que tengo dos personalidades y estoy hoy, después de todo lo que se vivió ayer, hoy vengo deshojando margaritas a la inauguración de este seminario como si fuera un ente apolítico, porque no lo soy. Y esto quiero remarcarlo porque esto sí es una política de estado y representa el compromiso de un gobierno de la ciudad y de un gobierno nacional que están impulsando y están apoyando a través, en este momento, de estas instituciones y de mi presencia, esta política que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con derechos que fueron postergados y que fueron anulados y negados y combatidos durante años por muchos de los que hoy están festejando en la Ciudad de Buenos Aires porque derrotaron, aparentemente, la política que estamos defendiendo. Esto no es solamente un problema técnico de la atención del post Aborto, es un problema  político de concepción; o se está de este lado apoyando con todo este tipo de política como lo está haciendo el Gobierno de la Ciudad o, y después de haber pasado un día trajinado y un día duro en la legislatura, o se está del otro lado esperando que venga Monseñor Baseotto y sus secuaces a tirarnos al mar con una piedra en el cuello para que nos ahoguemos. Por eso, a mí me parece que una cosa no puede ir separada de la otra, que no se puede ser tan hipócrita de decir que yo estoy por un lado contra este Seminario del Post Aborto y estoy de acuerdo con la atención humanizada y los derechos humanos y, por el otro, estoy con la concentración económica del poder, con el patoterismo, que estoy con romper con las instituciones a toda costa. Creo que ustedes me deben permitir y deben aceptar este análisis o este enfoque porque es inevitable.

A mí me da mucho gusto y mucha satisfacción porque trabajé en este tema y en esta área en contra de muchas adversidades durante muchos años de mi vida. Ya desde cuando era residente de obstetricia y ginecología en el Hospital Argerich, que hablar del tema del aborto era hablar prácticamente del diablo y que yo formaba parte del equipo del diablo y lo trataban a uno como si fuera realmente el Ángel Negro. Hoy, después de tanto tiempo, ser Secretario de Salud y estar acá hablando con todos ustedes y saber que hemos avanzado en una forma democrática y vamos caminando hacia una sociedad cada vez más tolerante, más amplia que entiende que ésta no es una cuestión de un sector minoritario, sino que es parte y responsabilidad de toda la sociedad me parece que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado porque los que estuvimos siempre “perseguidos” o discriminados por pensar de esta forma, hoy estamos acá, hablando con ustedes y no estamos en el ostracismo tratando de seguir luchando por estos derechos, que podría haber sido ese el camino. Pero también quiero decirles que se puede volver del infierno, que estos pasos que se dan adelante no son pasos consolidados, definitivos y que hay que defenderlos. Porque me parece que a veces cuando conseguimos algo creemos que está todo bien y que vamos para adelante y que nunca se puede volver al pasado. Siempre se puede volver al pasado. Y la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, es un ejemplo bien clásico de eso, puede venir, hoy podemos estar hablando de esto y puede venir dentro de algunos años otra persona a hablar exactamente todo lo contrario.

Por eso, este camino, no termina aquí, recién empieza. Recién empieza la lucha por estos derechos, recién empieza la consolidación de estos conceptos, recién empieza el trabajo casi militante que tiene que ser y que tenemos que hacer cada uno de nosotros para que esto sea algo que nunca más vuelva para atrás, que esto sea un paso irreductible y para que sea un paso irreductible tiene que tener un consenso en la sociedad suficiente para que la sociedad, cuando elija sus representantes, sepa quiénes apoyan estas políticas y quiénes no las apoyan.

Insisto, los trabajadores de la salud tenemos una tendencia a creer que todo lo que sea político está como partidizado. Ésta no es una cuestión partidaria, es una cuestión de política de salud. Nosotros apoyamos esta política de salud pero defendámosla, defendámosla porque no todos en la Ciudad y en el país, defiendan esto. No todos van a decir “qué bien que se hizo un Seminario y qué bien que ya están hablando del aborto y qué bueno que empezaron a hablar de la atención del post aborto, en algún momento van a empezar a hablar del aborto y de la despenalización del aborto y vaya a saber dónde terminan”.

Digamos, no crean que esto va a ser así siempre. Esta mañana, hoy, ya, cuando alguien se entere, de esos que usan paraguas cuando llueve en el Vaticano, cuando se entere alguno de ellos, va a salir a darnos fuerte, porque van a decir: “esto es la apología del delito, esto es........” Este Gobierno se la banca, este Gobierno está acá porque cree en esta política, porque la vamos a apoyar durante los dos años de gobierno que nos queda, porque estamos absolutamente comprometidos con esto y creo que cada uno de ustedes  lo debe llevar a sus hospitales, a sus servicios, porque estoy seguro, absolutamente seguro que esto no está consensuado en todos los servicios de los cuales ustedes provienen y este es el trabajo que yo digo “militante” que tienen que hacer. Sepan que tienen el apoyo del Estado, del Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Salud de la Ciudad y del Gobierno Nacional.

Sepan que ésta es política de Estado de estos Gobiernos y defiendan estas ideas contra todos los que se les vengan encima porque vamos a tener que ser muy fuertes y resistir embates. Estos derechos adquiridos son derechos que hay que defender. Así que yo celebro –disculpen si le di en vez de un tono técnico al tema, le di más bien un tono político-. Yo soy el Secretario de Salud, un secretario político, no gané por concurso la Secretaría de Salud, así que defiendo una política de salud y defiendo la política de un Gobierno y me parece oportuno que hoy pongamos los puntos sobre las ies y digamos quién es quién en esta Ciudad. Muchas gracias.

 

 

PRIMERA SESION: Avances en los países del Mercosur

Leila Adesse, en representación de la Dra. María José Araujo, Ministerio de Salud, Brasil.

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Dr. Gonzalo Vidiella, Uruguay

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Dr. Fernando Vallone, Gerente Técnico, Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, Argentina

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Dra. Daniela Daverio, Directora General Adjunta de Atención Primaria de la Salud, Secretaría de Salud, GCBA:

            Buenos días. La verdad es que ya se ha dicho bastante, lo que yo quiero contar, rápidamente es en qué estamos en la Ciudad de Buenos Aires. Realmente, después de escuchar a los países hermanos estimo que tenemos bastante camino todavía para hacer. Y solamente en esto adhiero a la posición del Secretario de Salud, doctor Spaccavento, no solamente se necesitan decisiones políticas sino también se necesita construir. Construir en el tiempo, porque una de las reflexiones que quiero hacer es que vamos a estar bastante más cambiados cuando acá haya más jefes de servicio, más directores, más gente, no solamente los que nos vemos las caras siempre, los mismos que estamos siempre en todas partes, que es la gente en general más comprometida con esta temática. Me parece que está en todos, más allá de las decisiones políticas, empezar a hacer pequeños cambios y discutir toda esta temática, llevar esta discusión a las áreas donde estamos trabajando.

Nuestra Ciudad de Buenos Aires, que ustedes saben tiene tres millones de habitantes y una pirámide de población más bien envejecida con una base pequeña; la cobertura de obra social y de prepaga es en general para los adultos y adultos mayores y las que tiene que cubrir el Estado, la gente que se atiende en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales públicos es básicamente una población de pirámide bien ancha y una población materno-infantil. Por eso se explica también que haciendo un análisis en la Dirección de Estadística de los egresos realizados en el primer trimestre de este año, el 40% de los egresos se lo llevan dos capítulos: uno que es el del embarazo, parto y puerperio y otro que es él en que están incluidos los egresos de niños sanos. Pero una de las cuestiones que a mí más me impresionó cuando asumí esta gestión, es encontrarme, en su momento estaba tercero, ahora lo veo cuarto, el aborto no especificado es la cuarta causa de egresos en nuestros hospitales públicos de la Ciudad. De un análisis de 34.473 egresos, la primer causa nacidos vivos, así que si tomamos dentro de las causas egreso de mujeres en edad fértil, es la tercera causa de egreso. La segunda causa, con el 11,4%, es el parto espontáneo, el 7% se lo llevan las demás complicaciones de embarazo, parto y puerperio y el 3,6% de los egresos en los hospitales público de la Ciudad es el aborto no especificado. Si vemos dentro del total de egresos terminados en aborto que fueron 1.370, el 79%, ocho de cada diez, fueron por aborto no especificado. Y una de las cuestiones que también se refleja en nuestra Ciudad y lamentablemente con el tema de abortos. El 60% de los abortos o sea de los egresos por aborto se producen en nuestros cuatro hospitales de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que son el Hospital Piñero, el Santojanni, el Argerich y el Penna. El resto de los siete hospitales tienen el 40% de los abortos. Éste también es un tema interesante para discutir y plantear que en la zona sur de nuestra Ciudad es donde hay más índices de pobreza y niveles de necesidades básicas insatisfechas.

Una de las cosas que me sorprendió es cuando veo estadísticas esto no está muy visualizado y no está analizado diariamente por nuestros efectores de salud. Ni siquiera eran analizados por la Secretaría de Salud.

Y en este sentido, me parece que es muy bien visto en estas jornadas, que se llama el aborto es un problema de salud pública y que nosotros lo tenemos que tomar como tal, nosotros desde las acciones de salud, digamos de las políticas de salud, que se dictaron en esta gestión en la Secretaría de Salud se hicieron varias cuestiones que adhieren a los puntos que el COFESA comparte para disminuir la mortalidad materno infantil en todo el país.

Se hizo mucho por mejorar la accesibilidad a los sistemas de salud en la Ciudad de Buenos Aires, desarrollar el área de atención primaria de la salud. En esto quiero hacer hincapié. Cuando escuchaba al compañero uruguayo para llegar al punto del aconsejamiento pre aborto, necesitamos que las mujeres vengan a consultarnos a los servicios de salud y a los centros de salud. En este sentido, los centros de salud y según los equipos que haya en cada centro de salud, tienen una relación más abierta y más directa. De hecho, en muchos centros de salud y cuando yo trabajaba en ellos, las mujeres iban y siguen yendo y como uno tiene un vínculo más desarrollado y más continuo, no solamente para atender a la problemática de la salud reproductiva o del embarazo sino para venir a atender a sus niños, se genera un vínculo donde se puede preguntar y llegan a nuestros centros de salud y también a nuestros hospitales la pregunta de cómo hacemos para abortar.

Y éste es un tema del que nadie sabe mucho, ahora tenemos muchos más elementos, pero como está penalizado el aborto en este país es un tema al que es más fácil darle vuelta la cara, como a algunos otros temas que nos es más complicado abordar y es más complicado hacer el acompañamiento con las mujeres que vienen a plantear esta problemática. Creo que poder en este seminario empezar a discutir y a plantearnos esto y poder trabajar conjuntamente y discutir e intercambiar opiniones sobre el tema del aborto y sobre el problema que esa mujer o esas mujeres, al acercarse al centro de salud o al hospital lo toman como un problema, ya es un avance muy importante y, bueno, yo felicito a todos los que tuvieron la iniciativa, puedan tomar esto y puedan continuarlo a lo largo del tiempo.

Otra de las cuestiones que también  se hizo desde la Secretaría, fue generar espacios de capacitación en los equipos. Hablamos de capacitación, también de intercambio dentro de los equipos interdisciplinarios y de reflexión, también con los mismos vecinos. Otra instancia que tuvimos también este año fue aumentar la cantidad de capacitación o actividades con promotores de salud, me parece que es un punto bastante importante. Nosotros tenemos pensado generar a fin de nuestra gestión Consejos Locales de Salud. Que a nosotros nos lo dicta la ley básica de salud que es un tema bastante complejo, complicado y con alguna resistencia, pero estamos convencidos de que la  salud de la Ciudad de Buenos Aires es un tema de todos: de los que trabajamos específicamente en salud y de los vecinos que viven y que trabajan en ella. Así que en esto también invito y me parece que es una decisión de ir de apoco generando los Consejos locales de salud que van a terminar siendo un apoyo para muchos temas de salud, para esta problemática.

Por último, para cerrar, quiero reflexionar sobre el tema de que todo esto que dije tiende, no solamente cuando se habla de la humanización de la atención, a mí me parece más acertado o más oportuno hablar de la humanización de nosotros, de los servicios de salud. Si nosotros planteamos que éste es un tema que tenemos que abordar, que estamos sensibles a esta problemática y que la humanización, como que éste es un problema de las mujeres de nuestra Ciudad, que empecemos a trabajar o sigamos trabajando más fuertemente en esto y promovamos las consejerías pre y post aborto, que en todo momento cuando se acerca una mujer al servicio de salud poder trabajar y poder generar una vinculación para que pueda plantear todos las problemáticas de la mujer en temáticas de salud y también acercarse y hacer un seguimiento del post aborto, en especial en todos los hospitales, de todos los directivos, de todos los secretarios de salud, de todos los jefes de servicio y de todo compromiso que tenemos que tener para trabajar el tema como se merece esta temática. Gracias.

 

 

SEGUNDA SESION: Atención del Aborto No Punible: un dilema médico-legal

Dr. Aníbal Faundes, Prof. Emerito Universidad de Campinhas, Brasil

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Dra. Alicia Lapidus, Jefa de Unidad Obstetrica, Hospital Fernández, Ciudad de Buenos Aires

            Buen día. Ante todo quiero agradecer a los organizadores de este Seminario la posibilidad de estar hoy con ustedes. Intentaré compartir algunas reflexiones acerca de las dificultades que los efectores tenemos: desde lo que somos, lo que vamos siendo, en lo que nos vamos convirtiendo y cuáles son nuestras dificultades. La primera empieza con que los que tenemos algunos años, venimos formados de un modo especial, venimos formados en lo que no se puede, lo que es ilegal, lo que es inmoral. Y les puedo contar desde mi experiencia en la formación como médica legista, yo debo haber oído hablar de aborto criminal más veces que en ningún otro momento de mi carrera de médica. Cuando se forma un médico legista, en realidad se lo forma con la idea del aborto criminal, ni siquiera aborto ilegal, sino “aborto criminal”. Puntualizo esta palabra porque es así.

Y además, distinguen claramente, una cosa es ustedes como médicos, en el ámbito privado, en el consultorio, donde el secreto profesional es una cosa y otra cosa son ustedes en el ámbito público donde son funcionarios y tiene  el deber de denunciar, claramente separando una medicina de ricos y una medicina de pobres. Pero uno no es dos personas, uno es el mismo en el consultorio y en el hospital o intenta. Pero de todas formas no puede dejar de cargar todo esto que le fueron enseñando y que le fueron poniendo a lo largo de los años. Entonces, debemos ponerlo también en la situación de quién es el efector, yo que soy mujer, que entiendo, que puedo estar de acuerdo pero que también de repente me agarra una cosa como de miedo, yo no les voy a decir que no, les digo que es real.

La otra cosa es cómo definimos el riesgo para la vida y la salud. El Código Penal es muy claro: riesgo para la vida o la salud. Es hacer un mal para evitar un mal mayor al que uno es ajeno, perfecto. Ahora ¿Qué definición tomamos? Cuando yo empecé mi residencia, la definición era estricta “de vida”, pero de vida vida; la única causa que solamente había por la cual se podía interrumpir un embarazo era una hipertensión pulmonar materna que tiene un 50% de mortalidad materna, de cada dos una se moría, esa era la única  causa. Lentamente, estamos tratando de empezar a poner y ponernos en nuestras cabezas el concepto no sólo de vida sino el concepto de salud, que es un concepto muchísimo más amplio, donde entran muchas cosas que también involucran a otra gente que tampoco les gusta jugarse y poner la firma donde hay riesgo para la salud: asistentes sociales, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras. Es decir, todos los que de alguna manera tienen que compartir una decisión médica dura, digamos, de la medicina dura y que realmente nosotros como médicos necesitamos que nos apoyen también, porque esta es una decisión de muchos.

El otro tema es el tiempo que transcurre entre la solicitud y la aprobación. Todos tratan de lavarse las manos, de patear para otro lado, vaya a ver este o aquel, y también, muchas veces, se judicializa, que es un modo de sacárselo de encima y de que transcurra el tiempo y que nunca se haga porque hasta que termina el proceso judicial, con la aprobación o no aprobación ya pasaron tres o cuatro meses, y tenemos que decirle: “no señora, lamentablemente es tarde”. En realidad esto es un intento del equipo de salud, no digo una decisión médica, una decisión del equipo de salud, ningún juez puede decidir sobre la salud porque no tiene saber sobre la salud. Entonces tenemos que empezar a pensar nosotros que ésta es una responsabilidad que de a poco, todo el equipo de salud tiene que empezar a sentir que es una decisión propia y una responsabilidad propia.

Nada, por otra parte, se consigue si uno no tiene cierta empatía con el hecho de ser mujer, de estar embarazada, de tener dificultades de salud, dificultades de todo tipo. Lo otro que nos pasa y que nos pasa a todos, es la subestimación de la capacidad de decidir del otro. Mucho más nos pasa en el hospital porque en eso está la gran discriminación entre medicina de ricos y de pobres. En el consultorio pensamos que nos entienden y en el hospital pensamos que no nos entienden; en el consultorio pensamos que puede decidir qué método anticonceptivo, en el hospital pensamos que no, que ella no sabe, pero tampoco le explicamos cómo para que sepa o en el idioma para que pueda contestar y la realidad es que uno se encuentra que frente a esto  -sobre todo ahora voy a hablar dos palabras sobre el adelantamiento del parto que es con lo que nosotros nos enfrentamos, por lo menos nosotros, más frecuentemente- están en capacidad absoluta de decidir, si uno se sienta y dedica media hora, media hora es mucho, exagero, 15 o 20 minutos, a explicar adecuadamente lo que pasa, darle un tiempo para que decida, que después vuelva con su decisión tomada y están absolutamente en capacidad de decidir. El otro, cuando yo puedo ver el otro como “otro” que tiene tanta capacidad de decidir como yo y que yo no soy el dueño de su vida es cuando puedo, quizás, ser mejor médico.

Y el adelantamiento del parto por las malformaciones incompatibles, nosotros no lo tenemos incorporado en el Código Penal, como decía el doctor Faundes ni todavía lo tenemos mentalmente incorporado como un daño para la salud de la madre, por lo tanto, nos aferramos a las herramientas que tenemos y la que tenemos es una ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es la 1004, que habla desde la legislatura del procedimiento a seguir en situaciones de embarazo con patologías incompatibles con la vida. Y nuevamente en esto tampoco hay ninguna indicación, ni que tengo que pasar por un comité de ética, ni que tenga pasar por la justicia. Estas dos cosas las recalco, porque hasta que uno pasa por estas dos instancias, ya que en una anencefalia hacer esperar a la mujer 24 semanas, realmente es terrible. Con otras patologías incompatibles con la vida a veces son necesarias las 24, 25 o 26 semanas para saber que es incompatible con la vida, pero con una anencefalia a las 16 o 17 semanas, ya se sabe, y tienen que esperar; si además tienen que pasar por un proceso judicial donde finalmente el juez nos dice “Decidan, yo no puedo decidir”, o por un comité de Ética que se reúne una vez cada tanto. Lo que sí uno debe y puede hacer es formar un equipo –en este sentido funciona muy bien- tener un equipo de diagnóstico prenatal, porque entonces en el equipo todos juntos toman la decisión de que es incompatible con la vida y ayuda de alguna manera, porque para uno solo le es muy difícil tomar la decisión. Yo no digo en una anencefalia, que es muy fácil, pero hay muchas otras malformaciones, en las que es muy difícil cargar sobre uno solo la responsabilidad de decidir que es incompatible con la vida antes de que nazca, entonces tener un equipo ayuda. Nosotros tuvimos un caso que se resolvió la semana pasada y hasta el neurocirujano del hospital firmó. Entonces firmamos, éramos cinco o seis que firmamos, todos de acuerdo. Y la verdad es que después que nació ese chico, sentimos que habíamos hecho bien, nos sentimos muy bien, porque además era absolutamente incompatible con la vida y le habíamos hecho bien a esa madre y ese padre, los dos estuvieron de acuerdo y les puedo asegurar que, a pesar de lo mal que hablamos de los hombres, en este tipo de situaciones, los padres están siempre o casi siempre apoyando.

Es una decisión donde los padres participan, acompañan y apoyan, así que hay que tratar siempre de convocar al padre porque nos da una mano en esto y la apoya a la mujer bastante, quien nuevamente en esto es quien finalmente decide. Yo puedo decidir que es incompatible con la vida, pero de ninguna manera puedo decidir que voy a adelantar el parto ni que no lo voy a adelantar. Es como si tiene riesgo para la vida o la salud de la madre, yo puedo decidir que tiene riesgo para la salud de la madre e informárselo, pero no puedo decidir si ella quiere terminar o no su embarazo. Y entonces ahí tenemos que darle el tiempo que ella necesita, el tiempo es importante, pero es el tiempo de ella, el tiempo que ella necesite para tomar su decisión, nosotros no tenemos que apurarla Tener la precaución de ir juntando lo que dice la ley, no es demasiado, como para tener todo listo para que ella tome su decisión libremente. Cuando toma su decisión, estamos allí para ayudarla y acompañarla. Bueno, nada más.

 

 

Dra. Nelly Minyersky, Prof. Titular Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires

            Buenos días. Yo creo que este trabajo interdisciplinario que espero ya está dando frutos, nos encuentre para marcar un camino y salir de una de las situaciones de mayor hipocresía social que existe en nuestro país y en toda Latinoamérica. Cuando uno trata de estudiar esta situación, y me viene a la cabeza, el otro día, Florentina Gómez Miranda contaba que en un lugar de mucha pobreza se les preguntó a las mujeres cuál era la enfermedad que más temían. Dijeron “el embarazo”. Quiere decir que esto, cuando se habla de que el embarazo y estas situaciones que estamos escuchando hoy, tienen que ver con la salud pública, más que notorio sería esto de que una gran cantidad de seres humanos consideran al embarazo como la “enfermedad” a la que más temen. Entonces yo creo, una vez más, que nosotros tenemos la obligación y me admira cómo van caminando los colegas, en Brasil y en el Uruguay, en cuanto a hacer realidad el marco jurídico que rodea esta situación. A lo mejor en la Argentina no avanzamos tanto como debiéramos pero no olvidemos que dentro del marco legal que tiene referencia con el tema aborto, están las leyes de derechos reproductivos, que por suerte se dictaron en nuestro país. Por suerte en algunas provincias se han reglamentado, funcionan con sus más y sus menos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hemos caminado.

¿Qué hacemos para que termine esta situación de hipocresía y discriminación? Yo creo que nos hemos dejado llevar, por centrar y focalizar todo el tema del aborto en aquello que le interesa a un sector mínimo de nuestra sociedad, que son las estériles discusiones sobre cuál es la naturaleza jurídica del embrión y qué pasa , qué hay, porqué considero, hay vida humana, es persona, no es persona, y creo que ese es uno de los temas que no debemos abordar porque es uno de los temas en los cuales no hay consenso social y por eso no es correcto que esté la interrupción de un embarazo, en determinadas circunstancias, dentro del campo del Derecho Penal. Recién la escuchaba a la doctora Lapidus y decía cómo se enseñaba, yo también, hasta los que somos abogados o médicos tenemos, muy incorporado, más de lo que creemos, el aborto como un delito. Y como si hiciera a la esencia del aborto el hecho que sea algo del Derecho Criminal. Y no es así.

Miren ustedes, cuando pensamos que un homicidio es un delito y a ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar o sostener que el homicidio debe dejar de estar en el Código Penal. En cambio, muchos de los que estamos acá presentes, muchos tratadistas de alto nivel, consideran que el hecho de que existe vida humana y esa vida humana en determinadas condiciones se interrumpa, no quiere decir que tenga que estar penalizado. Pruebas al canto, es lo que pasa en muchísimos países donde no ha habido catástrofes sociales o económicas, o si las ha habido o las puede haber, no se deben a la legalización del aborto en determinadas condiciones. Nosotros tenemos dentro de nuestro espectro y esto me interesa señalarlo porque creo que si voy a trabajar el aborto no punible también debo desacralizar una serie de conceptos que van a posibilitar que se realice el aborto en nuestro país dentro de los términos del artículo 86 del Código Penal.

Rápidamente voy a decir todas las normas constitucionales que existen en nuestro país y que nos permitirían perfectamente despenalizar el aborto o tener una concepción distinta y más amplia del artículo 86 que contempla el aborto no punible en nuestra legislación penal. Nosotros tenemos varias normas que se han dejado de lado o no se ha invocado debidamente en la Constitución y que nos dan fuerzas cuando queremos ver cómo podemos encontrar la vía para resolver el tema del aborto. Una es el artículo 19, dice: “Las acciones privadas del hombre que de ninguna manera ofendan al orden ni a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”. Si yo no asumo o considero que esta divergencia de ideas respecto a que esa vida humana que hay a partir de la concepción y en determinadas circunstancias, realmente no estoy haciéndole un daño a otro y éste es uno de los principios básicos del Derecho, que es por qué se criminalizan determinadas conductas, por qué hay un daño a un tercero.

Otro de los temas que me interesa trabajar es –como hay poco tiempo lo voy a decir sumamente rápido- el tema, se ha invocado frecuentemente el tema que nuestro Código Civil dice que “hay vida desde la concepción”. Si yo cito parcialmente un artículo, puedo decir: “es cierto”. Lástima que el mismo Código Civil me dice que “para que exista persona tiene que nacer” o sea, necesita el “requisito de la viabilidad”, palabras textuales del Código Civil porque si no es como si no hubiera existido. Entonces hay una serie de articulaciones jurídicas que rondan alrededor de nuestras ideas. Otra es muy importante, el famoso artículo cuarto, inciso 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, que dice que se debe respetar el derecho a la vida y en general dice desde el momento de la concepción. El Pacto de San José de Costa Rica es un instrumento de consenso, deja puertas abiertas porque en general, tiene una significación y tiene una significación justamente cuando se trata de situaciones dilemáticas, porque en este caso, todos estos puntos han tentando a defender a una de las partes, entre comillas, de este dilema.

Y muy pocos nos hablan de todos los derechos constitucionales que tiene la mujer y, sobre todo, a partir de la Constitución de 1994. Desde el derecho, digamos, la Convención contra todo tipo de Discriminación Contra la Mujer, en el artículo 12, el derecho a la salud de la mujer, que nos habla, que tienen todos los derechos en relación  a la salud en igualdad de condiciones que el hombre; el derecho a la planificación familiar del artículo 16. Para aquellos que no son conciudadanos les aclaro que todos los pactos de derechos humanos están en nuestra Constitución y fueron incorporados, tienen jerarquía constitucional. Y cuando se invoca la Convención de los Derechos del Niño por la reserva que hizo la Argentina, es exactamente lo mismo, porque la reserva desde el punto de vista técnico legal es una manifestación, pero no forma ni integra el nivel constitucional que tienen todos los otros derechos que trae la Convención.

No los quiero aburrir con este tema y para referirnos rápidamente, esto lo quería señalar porque creo que nos va ilustrando, nos va ampliando la cabeza y hasta tanto logremos una reforma, una modificación de cómo trata el aborto nuestro Código Penal y tengamos todas las condiciones, ya sea a nivel de una legalización, entre comillas, “legislativa”, o a través de la creación de servicios para  que atiendan a las mujeres que solicitan un aborto, debemos también luchar para que se cambie, como recién bien lo señaló la doctora Lapidus, todo el tema de la atención obligatoria que tendrían que tener los médicos cuando se trata de un aborto no punible. Algunos elementos les voy a suministrar que tendrían, de cómo darles a los médicos elementos para que se sientan habilitados para poder atender los abortos no punibles. Quiero recordar al maestro Bidart Campos, por que uno de los temas de los que estamos todo el tiempo hablamos, en última instancia hablando del derecho a la salud. Bidart Campos decía que el derecho a la salud no estuvo nunca previsto en la Constitución, no está previsto directamente ni en la Constitución de 1994. Está previsto a través del derecho a la vida y de la incorporación de los tratados e indirectamente en las artículos 41, 42. Pero él decía esta universalización de los derechos humanos de distintas generaciones nos lleva a tener que darle al derecho a la salud contenidos nuevos.

Y me voy a permitir rápidamente referir también, qué es el derecho a la salud actualmente. ¿Es el derecho a no estar enfermo, nada más? La  OPS, la OMS, a través de obligaciones que contrae también, a las que adhiere nuestro gobierno, nos da una pauta de camino totalmente distinta. El derecho a la salud no es nada más no estar enfermo, es estar plenamente sano y plenamente sano cubre integridad física, corporal, psíquica, moral. La salud abarca análoga integridad para que  la persona se instale en una situación de bienestar abarcativa de todas esas facetas que componen la compleja personalidad humana. Otro tema, siguiendo y citando a Bidart Campos, porque a veces son derechos que se nos piden y hablamos de derechos en una forma poco elaborada. Él nos habla del derecho al desarrollo que también tiene cada ser humano, titulariza un derecho personal a desarrollarse integralmente. Ahora ¿Cómo nos movemos para que todo esto pueda fructificar? Tenemos otros elementos aparte de todas las normas constitucionales. La propia ley, el propio artículo 86. Ustedes saben que nosotros actualmente nos regimos por una norma que tiene 84 años –nosotros vivimos así, con nuestras leyes que duran y duran, esta ley fue sancionada en 1922.

En 1922 posiblemente para América Latina era una ley, a lo mejor, de avanzada, pero como muchas veces nos pasa con las leyes, a veces por falta de control de la ciudadanía y se imaginan en 1922, esta ley salió con una confusión como generalmente salen todas las leyes que se refieren a derechos de la mujer, que es un interesante estudio que se puede hacer de sociología jurídica. Cuando se dicta la ley decía así: “El aborto practicado (en cuanto al aborto no punible) practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible 1) si se ha hecho con el fin de evitar peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser expeditado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre mujer idiota o demente” (en este caso no tiene importancia el consentimiento debe prestarlo por el representante legal). Ustedes se dan cuenta que el 2° párrafo,  tiene cosas absurdas: nadie queda embarazada por un atentado al pudor, es una mala traducción, mezclaron normas del Código alemán, pero lo cierto es que todavía no es tan sencillo que un médico haga un aborto porque hay de por medio una violación. Y ojalá nosotros estuviéramos como en Brasil.

Nuestra jurisprudencia es tan retrógrada que tenemos el caso paradigmático de una niña que está internada en un instituto, que tenía las características de demente, violada dentro de un instituto del Estado, que la madre pidió el aborto y nuestros asesores de menores impidieron que un médico que había aceptado hiciera el aborto. O sea, que todavía se discute que la violación, si hay fallo solamente se puede autorizar el aborto y considerarlo no punible, si la mujer es demente, o sea que en esto estamos muy atrasados pero sí podríamos incorporar el tema de la violación al inciso 1°. El inciso 1° decía que si se ha hecho con el fin de evitar peligro para la vida o la salud. Con un concepto distinto de salud, hay fallos sobre interrupción de embarazo o ligamento de trompas que pueden asimilarse en cierto modo, que han dado un paso adelante importante. El Doctor Hoft, en mar del Plata tiene unos cuantos fallos en los cuales se va más allá y también dentro del concepto de salud se consideran las condiciones socioeconómicas.

Por qué digo que el concepto de salud hoy en día no es tan rígido ni estricto en nuestro país o no debería serlo y tendría que ampliarse en esta forma. Como un elemento paradigmático de qué pasa cuando no hay estado de derecho y tenemos dictaduras en nuestro país, en dos etapas distintas de nuestra historia legislativa, este artículo fue modificado en el sentido de agregar la palabra “grave” en el artículo. Entonces, se puso en el año 1967, gobierno de Onganía, se introdujo la siguiente modificación: “El aborto practicado por un médico diplomado no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un grave peligro para la vida o la salud de la madre”. Y si este peligro, con lo cual el peligro grave o no, me sirve para las dos situaciones, peligro para la vida o la salud. Después se volvió a modificar  nuevamente el año 1976, con el Proceso, volvió a introducirse la palabra grave que fue en uno de nuestros cortos períodos de estado de derecho, eliminada. Esta historia tan negativa y nefasta, sin embargo nos puede ser útil cuando queremos darle un marco a los médicos que los tranquilice y no les dé tanto miedo el tema del aborto no punible.

El doctor Vallone ya presentó la Guía, yo les digo que esta Guía encuadra dentro del mismo marco de la Constitución. Es una Guía que no tiene nada para ser atacada, es la puesta en práctica de los tratados de derechos humanos y quiero decir más, merece también nuestra atención dedicarle a los médicos pautas de tranquilidad en relación al tema del secreto profesional. Frente a que es una situación dilemática que nuestra jurisprudencia cada vez más está pronunciándose por que el médico no tiene obligación de denunciar cuando en las atenciones post aborto, que es uno de los lemas de este encuentro, y no sólo eso sino que también rechaza las acciones, plantea la nulidad de las querellas que se practican, digamos que se inician contra la mujer que acudió a un servicio médico. Cuando estudiamos la jurisprudencia a veces pensamos cuánto nos cuesta llegar a algo, en el famoso fallo de Natividad Frías, que es del año 1966, que hizo historia. Es un Plenario que para nuestra Ciudad, por lo menos, y que para todo el ámbito federal tiene trascendencia, realmente los jueces decían cómo se le puede pedir a una persona que se enfrente a un dilema tan espantoso como “o me muero o voy a la cárcel”, entonces en ese dilema hay una prioridad básica de la atención, el médico tiene obligación de atenderla y no solamente obligación de atenderla sino que tiene obligación  de proceder como dice la Guía.

Recordemos a Bidart Campos hablándonos del derecho al desarrollo de una persona, tenemos los profesionales la obligación de explicar y enseñar todo lo que sabemos nosotros para que estas personas puedan tener un mejor vivir. Creo que es un camino, yo la verdad felicito a FEIM y a todos los organizadores porque esto es lo que tenemos que hacer para terminar con un derecho penal que no sirve a nadie. Les puedo decir lo que pasó en España, donde hacían 100 mil abortos, y solo 10 procesos. O sea, si hay una ley penal ineficaz desde el punto de vista que cese la conducta de aborto son las leyes que penalizan el aborto, por eso debemos terminar con esta falacia. Gracias.

 

 

Dra. Alejandra Tadei, Procuradora General de la Ciudad de Buenos Aires

            Buenos días. También agradezco a los organizadores haberme invitado y me parece que ésta no es una mesa muy polémica porque todos o todas tenemos las mismas posturas. Antes de contar un caso que sirve de introducción al tema, voy a decir que con la exposición de la doctora Lapidus se me aclararon algunas cosas, puesto que yo soy abogada e intuía cuáles pueden ser las pautas de formación de los médicos en esta materia o sus aproximaciones o cómo reciben cuando estudian en la facultad y en la especialidad el tema del aborto y nunca lo tuve tan claro como cuando ella lo explicó. Pero en realidad, con nuestra legislación actualmente vigente, no se explicaría tanta duda y tanto temor para realizar abortos no punibles si no lo insertamos o si no lo tratamos de ver dentro del marco de esta formación profesional. Por supuesto no sólo en la Facultad de Medicina sino también la de Derecho y una serie de prejuicios que están muy involucrados en esta temática.

Como Procuradora General de la Ciudad me tocó dictaminar el año pasado en un caso típico en este tema, me parece muy claro. Se trataba de una consulta que había llegado a través de la Secretaría de Salud a la Procuración, que es el órgano que por la Constitución de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los actos de gobierno. Una consulta que venía a nosotros a través de la Secretaría de Salud derivada de la Dirección de la Maternidad Sardá, donde nos preguntaron cuál era la conducta a seguir. El caso se trataba de una señora que padecía de una osteogenesis imperfecta de grado 4, que tenía el tamaño de una niña de seis años, medía 90 centímetros y pesaba muy pocos kilos, 20 kilos, creo. Creo que estaba en el momento que llega a la Maternidad embarazada de 7 semanas, había cinco servicios de la Maternidad que dictaminaban en el sentido de que el avance del embarazo, la prolongación del embarazo ponía gravísimamente en peligro la vida de la madre puesto que dada su conformación física no tenía lugar para alojar el feto. Esto estaba escrito tanto por el servicio de obstetricia como por el de cardiología, bueno, pasó por cinco servicios del hospital la recomendación de que ponía en serio peligro, casi la certeza de la muerte de la madre, la prosecución del embarazo. La señora había prestado el consentimiento informado que también certificaba el Comité de Bioética del Hospital. Es decir que se encontraban cubiertos todos los requisitos más evidentes establecidos en el artículo 86, inciso 1 del Código Penal para configurar el caso de aborto no punible. Y en este caso se encontraba más que acreditado el peligro de la vida de la madre y ya ni siquiera era un caso de interpretación de la salud psicológica. Por supuesto, la señora solicitaba y había prestado el consentimiento informado y solicitaba explícitamente la interrupción de su embarazo. Así y todo esto no se realiza inmediatamente, cuando llega la consulta a la Procuración la señora ya estaba cursando la semana 11 del embarazo, o sea que habían transcurrido cuatro semanas desde la configuración del expediente hasta que había llegado a mi consideración.

Y en realidad, por supuesto que la Procuración de la Ciudad como también los abogados venimos con esto de que cuando menos nos hagamos cargo de las cosas, mejor, y cuando más le podemos pasar la responsabilidad a otros es más seguro. Venía con un proyecto de dictamen (en la Procuración hay muchos abogados, el Procurador firma, en general, lo que le van trayendo), venía con un proyecto de “vamos a pedir autorización judicial” cuando es bien sabido que la jurisprudencia dice que el juez no tiene que autorizar nada porque es el médico el único que puede saber y dictaminar si existe o no existe ese supuesto fáctico, es decir, el peligro para la vida de la madre en este caso que autoriza a realizar el aborto. Por supuesto que nosotros cambiamos el dictamen e indicamos que no sólo podían hacer el aborto, sino que en esa situación debían hacerlo puesto que si no lo hacían, estaban acreditadas todas estas circunstancias, iba a haber responsabilidad médica por mala praxis, por negligencia, porque si esta señora se moría y se moría después de que todo el mundo había previsto que se iba a morir, los médicos podían ser culpables. Y yo no los quiero asustar, de una mala praxis que llevara a homicidio culposo, obviamente muy diluida la responsabilidad porque todo el mundo se pasaba la pelota. Iba a quedar diluido entre todos los que habían intervenido pero, y esto es lo que yo escribí en el dictamen, si no se requiere autorización judicial debe practicarse si las circunstancias están probadas y están acreditadas, en estos casos debe realizarse la interrupción. En este caso se realizó y la señora sobrevivió, creo que técnicamente al final indujeron un parto.

En realidad quiero analizar cómo funciona el prejuicio, porque por teléfono yo hablaba con el director de la Maternidad y le decía: “¿Usted pide permiso cada vez que amputa una pierna, un brazo, cada vez que realiza una operación a corazón abierto? Me contestaba, no. Y en esos casos también si a la persona a la que le cortaron un brazo está mal indicado o se equivocaron de paciente pues cometen un delito que tiene pena mucho más grave que la del aborto y no  este miedo, este temor, esta carga. No conozco ningún caso que antes de practicar una amputación se consulte previamente o se pida autorización judicial o se consulte al órgano encargado de dictaminar si puedo o no puedo realizar una amputación, que en el Código Penal y si no tiene causa de justificación es una lesión gravísima. Quiero dejar esto en claro para ver cómo funcionamos todos con prejuicios. Porque si no fuera por esto no se explica la diferencia de conducta del médico y supongo también que la de un abogado cuando le toca poner la firma, porque ante algunas situaciones que están tan claras las conductas cuando un médico decide que debe realizar una amputación u otra cosa que sería una lesión gravísima si no tuviera la causa de justificación, no tiene ninguna duda y ninguna duda que se vuelque, por lo menos, a una consulta legal, a consultar al abogado, pero sí la tiene cuando realiza un aborto no punible.

Que, además, en realidad, aunque no existiera escrito así en el Código Penal igual estaría justificado por una regla general que es el “estado de necesidad” que es una causa de justificación que se aplica en general para no considerar punibles algunas conductas que serían hechos típicos. Es decir que son iguales que los que sirven para constituir un delito pero como tienen una causa de justificación, es decir, evitar un mal mayor, no se penan. En el caso del aborto esto está para mayor seguridad especialmente previsto porque además exige un requisito especial que es que sea practicado por un médico diplomado pero estaría igual comprendido dentro del estado de necesidad. Yo reitero cómo funciona esto del prejuicio en este tipo de temas que además no está fundado en ningún antecedente jurisprudencial. No hay condenas a médicos que practican este tipo de atenciones en el hospital, no hay ningún antecedente, nada en estos casos. O sea que no se justifica más que por esto que evidentemente viene dado desde que estudiamos, desde este prejuicio, desde esta mezcla de valores que están en juego. En este caso se solucionó y mientras yo sea Procuradora de la Ciudad no voy a tener ningún problema en firmar cada vez que alguien necesite autorizar, quiere o duda para hacerlo, sólo que no se explica ni se justifica ni muchísimo menos la autorización judicial, porque efectivamente cada día que pasa en esos trámites se agrava el peligro, se agrava. Inclusive en este caso se agravaba el peligro que ocasionaba realizar la intervención para interrumpir el embarazo. Tenemos que poder pensar libremente por qué tenemos tan diferente criterio cuando realizamos otras prácticas médicas que cuando realizamos ésta.

Otro tema interesante que me parece que es bueno destacarlo, por lo que dijo la doctora Minyersky respecto de la violación y efectivamente ella aclaró muy bien cuáles son las dificultades en nuestro Código Penal como causa de justificación para la práctica del aborto cuando existe una violación. Pero debemos recordar que en nuestra Ciudad existe un Protocolo aprobado por la Secretaría de Salud y que es obligatorio, que indica cuáles son los pasos a seguir en el caso de que una mujer que ha sido violada concurra al hospital y que ustedes deben conocer mejor que yo y que tiene que ver con esta especie de Kit que se le proporciona a la mujer: un retroviral y otros remedios para evitar las enfermedades de transmisión sexual y que también se le da la píldora del día después. Esto es obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires y obviamente en los casos en que se den estas circunstancias.

Finalmente me parece interesante también ver el tema de la oposición entre el secreto profesional y la obligación de los médicos de denunciar en el hospital público por ser funcionarios públicos. Este falso dilema ha sido resuelto desde hace mucho por la jurisprudencia que siguió en esto el criterio de Sebastián Soler, que era un abogado penalista, de la década del 50. En la Capital, en ese momento, desde 1966 con el llamado Plenario Natividad Frías ya se dejó claro este criterio que se debatía aquí. Se trataba de una señora que había llegado al hospital con evidencias de que se había practicado un aborto clandestino, mal, y que llegaba con secuelas que hacían necesaria su curación. Entonces en este caso, los médicos hicieron la denuncia y como había jurisprudencia contradictoria se reunieron todas las Salas de la Cámara Criminal en el año 1966 y con votos muy fundados, muy interesantes, resolvieron, en primer lugar, que el secreto profesional está por encima de la obligación de funcionario público y del médico que está en el hospital público de denunciar. Y esto por qué. Porque si no justamente el médico sería dos personas distintas, una en su consultorio privado y otra, en el hospital. O sea, en el hospital sería funcionario público y no podría guardar secreto porque prima su obligación de denunciar y esto no puede ser. Esto lo dejó Sebastián Soler en su tratado de Derecho Penal y que, incorporado por los votos de la mayoría en el Plenario de Natividad Frías que era obligatorio y que esto configuraría una medicina de ricos y una medicina de pobres. La señora que llega al hospital no podría confiar y tendría que enfrentarse con esto de “o voy presa o me muero”. Además esto porque hay un principio constitucional que rige todo y es el de que “nadie está obligado a declarar contra sí mismo, nadie está obligado a autoincriminarse”. Esto es un principio del artículo 18 de la Constitución Nacional, la autoincriminación no sólo es verbal si el cuerpo de la señora demuestra signos indubitables de que ha tenido operación clandestina de pretensión de interrupción de embarazo, esto también lo demuestra con su cuerpo, pero si tomamos las evidencias de su cuerpo más allá de lo que ella relata, esto también sería alterar el principio constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y éste es el fundamento del secreto profesional, violar un secreto también es un delito.

En los casos de atención, que supongo que serán muchos los que llegan a un centro de salud, a un hospital, de mujeres que tienen signos evidentes de que requieren algún tipo de asistencia porque se han practicado algún tipo de intento de interrupción de embarazo, obviamente corresponde atenderlas y no es necesario hacer la denuncia. Sobre esto ha habido actualmente también pronunciamientos de la Cámara. En las únicas discusiones posibles en los casos en que la denuncia se hace, la mujer por supuesto nunca es punible y la jurisprudencia varía entre si esta denuncia anula todo procedimiento legal seguido contra los autores, la persona que le practicó el aborto y los cómplices. La jurisprudencia varía entre considerar todo nulo porque nace de un hecho viciado que sería esa denuncia hecha por el médico violando la obligación de guardar el secreto, o si el proceso continúa contra estas personas partícipes o los que realizaron el aborto y, por supuesto, no contra la mujer. Digamos que podemos suponer que la tendencia jurisprudencial tiende a que se pueda anular todo el procedimiento. Pero de todas maneras jamás puede ponerse a una persona ante la duda, ante el problema de si concurrir al hospital para evitar morirse le genere el temor de que esto le pueda ocasionar una denuncia. Porque el secreto profesional no sólo es para evitar una denuncia penal sino que es para evitar cualquier cosa que pueda ocasionar frente a sus parientes, o las personas que la acompañan. Yo creo que esto hay que tenerlo en claro, es obligación preservar el secreto y no hay ninguna duda jurisprudencial de que preservar el secreto esta por encima de la obligación que tiene cualquier funcionario público de hacer la denuncia cuando tome conocimiento de la comisión del delito.

 

 

TERCERA SESION: El papel de la Sociedad Civil

Lic. Mariana Romero, Centro de Estudios Sociales –CEDES-, Argentina

Ver presentación en Power Point

 

 

Lic. Alejandra López, MYSU, Uruguay

            Gracias por la invitación. Quería ubicar algunos temas del proceso uruguayo y del rol de la sociedad civil organizada. Luego voy a contar un poco ese proceso, en relación a dos campos que para la experiencia uruguaya están intervinculados, pero que al mismo tiempo también son distinguibles. Por un lado, el campo de lo que nosotros consensuamos en llamar “reducción del daño por el aborto inseguro” que se articula con lo que hoy más temprano el doctor Vidiela planteó de la implementación de la normativa de atención pre y post aborto. Y, al mismo tiempo, un proceso social en términos de la participación ciudadana en torno al cambio legal en el Uruguay respecto al marco vigente que tenemos. Estos dos escenarios son escenarios que si bien los podemos distinguir, en el caso uruguayo están articulados.

Desde las organizaciones sociales se desarrolla un trabajo de incidencia fuertemente en ambos escenarios del cual intentaré en estos minutos por lo menos plantear algunos de sus ejes. Lo segundo que quiero plantear es que por razones también de tiempo, voy a circunscribir este análisis a los últimos cuatro años, pero haciendo la observación de que éste es un proceso que, por lo menos en el Uruguay, se tiene que ubicar desde la recuperación de la democracia en el año 85. El recorte es arbitrario a partir del año 2001, porque a partir de allí se consolidan algunos procesos muy importantes que hoy están vigentes desde el punto de vista social y político pero en realidad no comienzan en el año 2001 sino que es un proceso que se inicia, insisto, por lo menos, con la recuperación democrática. Cuando el país se proyecta a recuperar, afianzar y profundizar su sistema democrático luego de la dictadura militar, que todos conocemos porque la vivimos en ambos márgenes del Plata; y que el proceso de ampliación de derechos y de reconocimiento de derechos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos que en el año 85 no los identificábamos todavía con ese término, esto lo podemos ubicar más hacia la década del 90, pero que el contenido de lo que hoy denominamos derechos sexuales y reproductivos y, particularmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sí estuvo planteado desde el año 85.

Tanto es así que cuando nosotros analizamos el proceso a nivel del debate legislativo, importa señalar que en las cuatro legislaturas anteriores a la que actualmente está en curso hubo siempre un proyecto en debate parlamentario. Y esto da cuenta de que la expresión parlamentaria del debate tiene que ver con su correlato de debate social que desde entonces se estaba construyendo. Por eso importa esta recuperación histórica, no arrancamos ahora, por lo menos en el Uruguay. Y también para calibrar que estos son procesos de mediano y largo plazo porque son procesos que apuntan a núcleos muy duros de nuestra sociedad, a cambios culturales profundos, a normativas que rigen pactos sociales que no son los pactos sociales que se están construyendo, por lo menos en mi país, respecto a estos temas.

Cuando hablamos del derecho de las personas a decidir sobre su sexualidad y su reproducción estamos hablando de temas que interpelan las construcciones y en ellas las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero también las relaciones que las personas establecen con su cuerpo, pero también las equidades sociales o las inequidades sociales, los sistemas de discriminación, algunos más sutiles, otros no tanto. Además también decir que estos son procesos de mediano y largo plazo porque además de estas transformaciones culturales profundas que implican, también se enfrentan a conflictos y tensiones muy importantes. Y es un terreno en lucha, en lucha ideológica, cultural, con otros intereses que yo los sintetizaría en dos grandes ejes que tienen que ver con estas luchas en el campo del reconocimiento de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, en el cual, desde nuestra perspectiva incluimos el tema del aborto, fundamentalmente con conservadurismos morales que están afianzados en nuestras sociedades, con fundamentalismos religiosos que juegan también sus agendas de intereses particulares, además también con las normativas que han regido o que rigen en estos temas en nuestros países.

En el Uruguay nosotros tenemos una ley vigente y yo quiero hacer algunas precisiones, particularmente por lo que planteó el doctor Faundes y también el doctor Vidiela, que data del año 38 –hoy escuché hablar a una colega argentina de las normas del año 23-, en el Uruguay la ley que nos rige es del año 38. Uruguay fue un país que, paradójicamente, tuvo una despenalización total del aborto entre el año 1934 y el año 1938, muy tempranamente, muy atípicamente en el continente. No nos vamos a detener en qué pasó en esos años en la vida del país y por qué sucedió eso, más allá de que es un capítulo muy interesante. La ley que nos rige desde 1938 es una ley, muy tramposa. Por un lado, porque es una ley que establece que el aborto es un delito siempre y en segundo lugar, porque a partir de las posibles autorizaciones del juez hay algunas causales atenuantes y eximientes de la pena. Estas causales, a su vez, que son cuatro: violación sexual, angustia económica, honor de la familia y riesgo de vida de la mujer. Dada esta dualidad de la ley de declararlo un delito y, al mismo tiempo, presentar algunas causales atenuantes y eximientes de la pena mediante este procedimiento de que el juez es el que debe autorizar siempre si luego de practicado el aborto a ese delito le cabe la pena máxima o atenuar o eximir la pena. Esto es lo que generó que en 68 años de legislación no se implementaran abortos no punibles, porque esta ley así planteada tiene lecturas múltiples.

Por lo tanto, en el Uruguay no existe la figura de aborto no punible, no existe en la consideración legal ni tampoco existe en la práctica, cualquier aborto es considerado un delito. Y esto es así también en término de los servicios, no hay, como en caso de la ley brasileña, servicios de aborto no punibles, según las causales que prevé la ley brasileña. Esto como marco. Por lo tanto esto lo que ha generado el aborto es una práctica clandestina, con las condiciones de inequidad que ya sabemos y que se han mencionado en intervenciones anteriores. Y por lo tanto, con prácticas inseguras de aborto que eclosionan desde el punto de vista de su impacto en la mortalidad materna en el año 2001-2002, conjuntamente con las crisis socioeconómicas que vivieron nuestros países. Esto genera en estos dos escenarios, de los cuales les hablaba más temprano, el escenario de las estrategias sanitarias para disminuir el riesgo del aborto inseguro. Y en el escenario de la lucha por el cambio legal una serie de iniciativas y de pasos que además están articulados, del cuál intentaré rápidamente por lo menos plantear algunas cosas.

En primer lugar decirles que surge en las iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo, de las que hoy el doctor Vidiela hizo referencia a sus contenidos, como una estrategia de reducción del daño y que tienen la originalidad para nuestro continente de incluir la orientación pre aborto en un marco legal de restricción casi absoluta como el que tenemos en el Uruguay. También esto le plantea a los profesionales de la salud algunos dilemas en términos de hasta dónde se llega con la orientación pre aborto y cuándo se entra en el filo de la ilegalidad. Pero más allá de estos dilemas que se presentan en la práctica cotidiana, de todas maneras este proceso que se inicia desde este grupo de profesionales de la salud denominado Iniciativas Sanitarias y que luego va teniendo el reconocimiento y el apoyo de instituciones, como hoy decía el doctor Vidiela, va a tener luego una expresión de reconocimiento de política pública en el año 2004, con la ordenanza ministerial que le otorga el carácter de normativa nacional, aplicable a todo el territorio nacional y todo el sistema de salud público y privado. Quiero retomar este tema porque es uno de los asuntos que tenemos hoy en la agenda pendiente. Simultáneamente este proceso y articuladamente con este proceso a nivel social también se van conjugando una serie de esfuerzos y de articulación de actores con la plena convicción de que la problemática del aborto es una problemática que no se resuelve desde un actor solo y que es necesario construir articulaciones, y que es necesario construir consensos que nos permitan acompañar, respaldar e impulsar, generar adhesión ciudadana, generar base social para lograr cambios que son legislativos, pero que son procesos de transformación cultural simultáneamente.

Con esa convicción de que se inicie así la iniciativa de las organizaciones feministas y de mujeres porque es una demanda histórica del movimiento de mujeres, pero con la plena convicción de que desde ese lugar solamente no era posible intervenir en esta realidad, se comienzan a generar y a tejer articulaciones que se consolidan hacia el año 2002-2003, en lo que se conoce como la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud Reproductiva. Esta Coordinación nuclea a organizaciones muy diversas, organizaciones de mujeres, profesionales, la Central Única de Trabajadores, religiones y éste es un tema que me gustaría puntualizar porque generalmente se ubica a una religión como la protagonista en este debate. No podemos ciertamente dejar de reconocer que la Iglesia Católica juega un papel político muy fuerte en nuestras culturas y en nuestros estados. Pero, por lo menos, en un país laico como el Uruguay, hay expresiones religiosas muy importantes que fueron progresivamente conjugando esfuerzos para impulsar una iniciativa parlamentaria, estoy hablando de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Evangélica Valdense, de los grupos religiosos afro ubandistas, que en el Uruguay son muy importantes por los límites con el Brasil, con una alta influencia en la región norte del país; además de los grupos de Católicas por el Derecho a Decidir. Quiero señalarles que también hay posicionamiento de las iglesias mencionadas. Esta articulación hace un trabajo mancomunado con los parlamentarios y parlamentarias que estaban dispuestos a impulsar un cambio de legislación.

En ese proceso se conjuga una propuesta legislativa que es el proyecto de ley de defensa de la salud reproductiva, que es un proyecto que estuvo en discusión en la anterior legislatura, que obtuvo por primera vez en la historia del país la aprobación de, la Cámara de Representantes o de Diputados. Y que, en mayo del año pasado, fue votada negativamente por una diferencia de 5 votos en la Cámara de Senadores. Esta propuesta de ley, y quiero ubicar los principales ejes, porque va a ser la misma propuesta con mejoras la que va a estar a partir de marzo de 2006 nuevamente en debate en Cámara. Es un proyecto de ley que buscó darle una respuesta integral a la problemática del aborto en el Uruguay. Esto significa que, por un lado, la propuesta ubica en sus primeros cuatro artículos la responsabilidad del estado de ser garante de generar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, garantizar el acceso universal a métodos anticonceptivos seguros y de calidad, promover la educación sexual y la inclusión de la educación sexual en la enseñanza oficial, promover las maternidades y paternidades elegidas y a partir del artículo 4° establece el derecho de toda mujer a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, luego de estos plazos, para circunstancias específicas, la ampliación del plazo cuando hay riesgo de vida, malformación congénita incompatible con la vida y violación hasta las 20 semanas. A su vez, establece consideraciones especiales para adolescentes y para personas con discapacidad intelectual y/o psíquica, establece el aborto como un acto médico no lucrativo y la obligatoriedad de la prestación de estos servicios a nivel de un sistema público y privado, esto es en términos generales.

El proyecto de ley que estamos impulsando promueve estrategias para la prevención de embarazos no deseados en sus primeros artículos, para la promoción de una sexualidad y reproducción elegida, placentera, buscada, y establece medidas para la atención adecuada para la interrupción a partir de esos plazos a los que hice mención.  ¿Qué es lo que ha pasado desde mayo de 2004 hasta ahora? En primer lugar, ha habido un cambio de gobierno, como ustedes saben, el Uruguay vivió elecciones nacionales, y por primera vez en la historia del país hay un gobierno progresista que además tiene la mayoría absoluta de los votos en el Legislativo, que ganó en primera vuelta electoral con el 53% del total de votos emitidos y que tiene una propuesta de gobierno en términos de las demandas ciudadanas, que recoge demandas históricamente postergadas de los movimientos sociales y que además fue el partido y la bancada parlamentaria que no solamente impulsó este proyecto en la Legislatura anterior, sino que también hubo un compromiso de partido con relación al mismo.

Ese escenario se ha complejizado. Esto introduce otro tema de discusión en el que no quiero entrar ahora, pero que se ha complejizado notablemente a partir de la postura del Presidente de la República quien anunció concretamente su intención de vetar la ley en caso de que ésta sea aprobada en el Parlamento. ¿Cuáles son las acciones que actualmente estamos sosteniendo desde las organizaciones sociales? ¿Cuál es nuestro interés? Les seño tres. El primero tiene que ver con impulsar la implementación efectiva de la ordenanza 369 de las Normativas de la Atención Pre y Post Aborto en todo el territorio nacional. Éste es un compromiso que estamos impulsando en un escenario en el cual estas normativas no han sido implementadas más allá de lo que se realiza en el ámbito del centro hospitalario Pereyra Rossel. Éste es un tema que tenemos planteado y en el cual estamos trabajando hacia el Ministerio de Salud Pública para que efectivamente ponga en práctica la aplicación nacional de la normativa.

En segundo lugar, estamos trabajando muy activamente en una comisión que es el único mecanismo interinstitucional de participación: estado, sociedad civil y academia, que está previsto, que es la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, en la órbita de la Comisión Intergubernamental MERCOSUR en Salud Sexual y Reproductiva. Esta Comisión Nacional, que en el Uruguay se formó el año pasado, está integrada también por la Universidad de la República, por el Sindicato Médico del Uruguay, por las Asociaciones de Ginecología y Obstetricia, por las organizaciones de mujeres y organismos gubernamentales y del Parlamento.  Y ésta es una Comisión estratégica para nosotros en el sentido de que es una Comisión donde hay un mecanismo institucional de participación y en el cual nos proponemos impulsar y desarrollar articuladamente en ese ámbito, con esos actores, una agenda integral respecto a la salud sexual y reproductiva que desde nuestra perspectiva incluye, en el marco legal vigente, la atención pre y post aborto. Esos son los límites que nos permite una atención integral en salud sexual y reproductiva, además de los otros componentes de la salud sexual y reproductiva.

Y finalmente, y sobre el cual algo les he adelantado, tiene que ver con el debate social que se generó en el Uruguay, la adhesión mayoritaria de la ciudadanía a través de las encuestas de opinión pública que disponemos, que es de un orden del 63 al 66% de adhesión a este proyecto de ley del cual yo les hice una rápida relación de su contenido. Esto da cuenta de un desfasaje entre esta madurez del debate social, de la construcción de nuevos consensos sociales y la traducción de esto en el escenario de lo político. Esta tensión que está planteada, es una tensión que no es fácil administrar, que no es fácil de acompañar pero que ciertamente lo que nosotros nos hemos planteado, y en esto están de acuerdo los legisladores y legisladoras, en impulsar nuevamente en el Parlamento este proyecto de ley a partir de marzo o abril del año próximo e ir viendo cómo se va trabajando para que este anuncio de veto presidencial que inhibe no solamente el debate parlamentario sino también el posicionamiento de varios parlamentarios que habían estado a favor en el anterior período legislativo. Cómo trabajamos esto en un escenario político que es muy nuevo para el Uruguay, con un presidente de un alto liderazgo, de un alto reconocimiento popular pero que en este punto entra en conflicto con las expectativas de su propio electorado y de la gente que va más allá de su electorado. En esa tensión estamos desarrollando estrategias que pretendemos que sean lo más calificadas posibles en términos de una intervención ciudadana responsable que valore que cada uno de los pasos que se dan en el campo del aborto sea dentro del ámbito sanitario, sea en el campo de lo legal, sea en el campo del debate social, sea en el campo de la articulación con otros actores, tenemos que ser conscientes todos los actores de que esos pasos tienen efectos, por eso hay que saber muy bien cuando uno da un paso cómo responde a la demanda que esto genera, qué respuesta tiene luego. Me parece que en ese sentido, desde nuestra perspectiva, hay un camino a recorrer que es profundizar estas alianzas, comprender el lugar que cada uno de los actores, que es distinto, comprender las posibilidades y las limitaciones de cada uno de los actores y construir puntos de acuerdo para el trabajo articulado.

En el caso uruguayo éste ha sido un trabajo de hilar fino, de mucha tolerancia mutua, pero también es uno de los procesos, que a nuestro entender, más nos ha permitido establecer un diálogo y una participación amplia de la ciudadanía, en donde la ciudadanía puede sentir que distintas voces, desde distintos ámbitos, están traduciendo públicamente, dicen públicamente lo que les pasa a las personas y a las mujeres, más concretamente, en sus vidas cotidianas cuando se trata de tomar estas decisiones restrictivas desde el punto de vista legal. Muchas gracias.

 

 

Gilberta Soares, Red Nacional Feminista de Saude, de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Brasil

            Agradezco la invitación en nombre de la Red Nacional Feminista de Saude de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos por esta posibilidad de compartir nuestra experiencia con relación a la atención de los casos de aborto inseguro. Me gustaría detenerme a hablar sobre las acciones, de la sociedad civil y los miles de mujeres organizadas en el Brasil para la implantación de asistencia en los casos de aborto no punible. Como ya se refirió el doctor Faundes en la ponencia que antecedió, en el Código Penal brasileño, desde 1940 el aborto es considerado delito en todos los casos con excepción de dos situaciones que son: el riesgo de vida para la mujer y cuando el embarazo es causado por estupro o violación sexual. El Código Penal data de 1940.

En 1989, en la ciudad de San Pablo crearon el primer servicio de asistencia a mujeres en esos dos casos, fue el primer servicio público creado oficialmente. Y como aquí sucedió, allí también se dio a partir de la elección de un gobierno progresista, una de las primeras intendencias del PT en Brasil, en San Pablo y que tuvo al frente de la coordinación del Programa de salud de la mujer a una feminista, atendiendo la reivindicación del movimiento feminista y con la presión del movimiento feminista este sector logró implantar en San Pablo el primer servicio de atención de las mujeres para estos dos casos de abortos no punibles y eso a través de una decisión administrativa, sin nada relacionado con lo legislativo o el  Parlamento, es una norma del ejecutivo  que tuvo la iniciativa de implantar la asistencia.

Porque el Código Penal no habla de criminalidad en estos dos casos, ni para la mujer ni para el profesional de salud y a partir de esa iniciativa pionera es que el movimiento de mujeres nacional en todo Brasil se movilizó, sobre todo a través de la Red Nacional Feminista de Salud, de Derechos Sexuales y Reproductivos, para implementar la asistencia en todo Brasil, para tener una cobertura nacional de esa asistencia. La alternativa encontrada eran iniciativas locales o municipales, estatales y necesitaban un decreto administrativo que viabilizase la implementación, ya que en ese momento todavía no existía interés del Ministerio de Salud federal, ni existía una coyuntura política favorable para la implementación a nivel nacional. Entonces, exactamente dentro de ese espíritu y comprendiendo el movimiento de mujeres brasileño la importancia de la salud de la mujer y que ya se habían hecho adelantos como presentar propuestas y construir junto con el Ministerio de Salud una propuesta llamada: Programa de Asistencia Integral de la Salud de la Mujer. Programa que incluye también asistencia a los casos de aborto inseguro. Considerando también todo el camino del movimiento de mujeres en Brasil, a partir de la década del 80, de implementar políticas públicas que asegurasen los derechos de las mujeres y todo lo que está relacionado a salud: violencia, trabajo, la promoción de los derechos humanos de las mujeres, los derechos reproductivos, los derechos sexuales. También considerando la asistencia integral de la salud de las mujeres, acceso a la anticoncepción, la construcción de una crítica a un proceso de esterilización masiva de control de natalidad aplicado en Brasil y de otras medidas de prevención como del cáncer de mama, cáncer de útero, las ETS e insistir con la reivindicación de mejorar la calidad de la asistencia del aborto incompleto, del aborto inseguro. Entonces consideramos ahora debíamos exigir que el estado brasileño se comprometa a cumplir con la legislación de 1940, al final de cuentas es una deuda histórica que el gobierno brasileño tenía con las mujeres,  porque una razón específica es que ya estaban estos casos excluidos de criminalidad y pero no había ninguna posibilidad para las mujeres de conseguir un servicio público de salud para ser asistidas en esas dos situaciones, cayendo más de una vez en la clandestinidad.

Dentro de esa lógica y más tarde, también pensando, y utilizando las recomendaciones de Cairo y Beijing, que son posteriores, convocamos a todo el movimiento nacional para presionar a los gobiernos locales a través de sus movimientos de mujeres. La presencia de los medios fue fundamental, sobre todo de la FEBRAGO, Federación Brasilera de Ginecología y Obstetricia en el sentido de contar con asesoramiento para implementar esa asistencia, porque esa discusión se dio estado por estado.  No significó implementarlo en San Pablo ya que en el cuadro que Aníbal Faundes mostró revela bien cómo el aumento de servicios se fue dando por la lucha del movimiento de mujeres y la lucha de la sociedad civil para lograr se implementará. El Prof. Faundes mostró un cuadro y allí se veía cómo fue creciendo vigorosamente la asistencia y también este proceso en todo el país. Es sumamente interesante como ocurrió toda la discusión sobre los únicos casos de aborto excluidos de criminalidad. La cuestión del estupro y de violencia sexual, ese proceso nos posibilitó mucho más la visibilidad que la cuestión de la violencia contra las mujeres. Y también  permitió hablar del aborto legal en Brasil, del aborto previsto en la ley o aborto no punible,  que en cierta forma va a viabilizar la entrada a la violencia y a la salud reproductiva.

En Brasil, a diferencia de otros países de América Latina, esta cuestión de la asistencia de la salud de las mujeres que sufren violencia no estaba considerada como tema de agenda de la salud pública ni de la salud reproductiva brasileña. Y la lucha para implementar la asistencia de estos casos posibilitó el acceso al tema de la violencia en los centros de salud y fue algo muy interesante. Después les voy a contar a ustedes cómo esto se destrabó.  ¿Cómo fue este proceso en la década del 90? Yo vivo en un estado brasileño en el nordeste de Brasil, muy lejos de San Pablo y Río y me siento muy involucrada en este proceso en mi estado y a partir de mi estado pude comprender cómo en cada estado acontece ese movimiento de presión. La presión del movimiento de mujeres es una combinación de factores que posibilitaron la implementación de la asistencia, la presión del movimiento de mujeres y la sociedad civil en conjunto con otras organizaciones adoptaron políticas para influir sobre políticas públicas, la decisión de sectores de salud, la acción de FEBRAGO, la participación de los médicos que fueron actores muy importantes para un proceso de sensibilización. Nosotras promovimos muchos debates, seminarios, actividades de movilización en la calle, encuestas, y una cosa muy interesante fue la posibilidad  de intercambiar experiencias entre los profesionales de los servicios de salud de San Pablo, que fue el primer servicio que se implementó. Ellos siempre fueron invitados para relatar sus experiencias  de cómo había crecido, de cómo se habían sentido, de cuántas dificultades encontraron los profesionales de salud, tanto médicos como enfermeras, asistentes sociales y otros. También trajimos a este escenario la presencia de especialistas en derecho, de jueces, de promotores que estaban abiertos para discutir esta posibilidad de implementar la política pública a partir de esa brecha, de ese desacuerdo, que había en el Código Penal.

En cuanto a la visibilización de los servicios, al ser establecidos los servicios existía una cierta fantasía de que cuando se implántese ese tipo de servicio de asistencia habría filas de mujeres, millares de mujeres que irían a solicitar el servicio mintiendo que habían sido violadas para tener acceso a un aborto legal.  Y a partir de la implementación de los primeros servicios se vio que eso no sucedía, nosotras lo sabíamos y argumentábamos políticamente porque se ha comprobado con datos que eso no sucedía porque la verdad es que una mujer que ha sufrido violencia sexual presenta una demanda de cuidados mucho mayor y muy anterior a la interrupción del embarazo. Entonces fue muy importante viabilizar esos datos para quienes estaban temerosos de que esto sucediera. Y todo ese temor nos lleva a hablar sobre una de las dificultades que aparecen y que tienen que ver exactamente con la cultura patriarcal, los defectos de nuestra cultura patriarcal, era muy interesante ver la actitud de los profesionales de la salud, sobre todo los médicos, cuando se hablaba del riesgo de vida de la mujer y cuando se hablaba de estupro.

Porque en el caso de riesgo de vida de la mujer la decisión era del médico, un médico decidía cuándo, qué riesgo y en qué condiciones él podía proceder para la interrupción. Cuando hablamos de violencia sexual, el poder de decisión estaba en la mujer y ahí aparece toda esa cosa de la desconfianza hacia las mujeres, de que las mujeres eran cómplices de la violencia, que tienen un poder que lleva al ejercicio de la violencia, que puede estar mintiendo sobre un posible estupro, se hablaba de relación consentida y se complicaba más y más cuando se hablaba de violencia sexual doméstica, si esa violencia era doméstica no se le ocurría pensar al profesional de salud que el estupro podía ser ejercido por un marido, por un padre, por un tío, por un primo, cosa muy común en nuestras sociedades  y que nosotros conocemos muy bien la gran cantidad de mujeres que sufren violencia doméstica y sexual.

Esto es muy interesante que desde el punto de vista ideológico de por qué en los casos de riesgo de vida estamos todos de acuerdo en que esa asistencia debe ser prestada y en los casos de estupro hay un gran cuestionamiento y varios criterios que eran usados para negarle ese derecho a la mujer. Y también hay un punto de vista muy importante desde el movimiento de mujeres. Para nosotras las que trabajamos con perspectiva de género, como cambia la mentalidad respecto de los derechos humanos de las mujeres. Después de esa etapa de sensibilizar, de discutir, de negociar, cuando en los estados algún gestor se mostraba dispuesto a la implementación avanzábamos desde la sociedad civil. Participé desde mi ciudad en una comisión que elaboró un Protocolo de Asistencia a Mujeres en Situación de Violencia. Y eso porque en mi estado un servicio fue implementado y el Ministerio elaboró las normas técnicas. A su vez las feministas desde el Ministerio de Salud Federal lograron que se elaboraran y aprobarán las normas técnicas, reglamentando la asistencia en violencia. Entonces antes de eso, los propios servicios, junto con el Secretario de Salud de dos municipios elaboramos protocolos y tuvimos la oportunidad junto con los médicos, operadores de derecho y pediatras de elaborar un protocolo  que prestaba asistencia. Participamos de cursos, de sensibilización y de explicación a los profesionales y también de un trabajo político para dar sustentabilidad política a los servicios. Y eso porque las dificultades que podemos tener en presencia de los opositores, sobre todo con las iglesias, la Iglesia Católica que nunca hablaron sobre qué pasa con las mujeres violentadas hasta que comenzamos la etapa para implementar la asistencia para esas mujeres y entonces se opusieron a esa asistencia, inclusive presentando proyectos de ley absurdos como, por ejemplo que se provean bolsas y becas para los niños de esas mujeres para asistirlos toda la vida, mujeres que estaban embarazadas de los violadores y ese era el problema.

Otra de las dificultades grandes fue encontrar profesionales que quisieran brindar servicios, sobre todo del área médica. Y toda la cuestión del preconcepto y una cultura patriarcal muy fuerte que coloca a la mujer violada como culpable de la situación y todo es proceso de invisibilidad y naturalidad de la violencia contra la mujer. Está considerado en Brasil el estupro y la violencia sexual como fundantes en la historia de la colonización ya que como país colonizado, las mujeres, negras o indias fueron constantemente violentadas por los invasores, los hombres blancos, y eso nunca fue visibilizado, muy por el contrario fue históricamente considerado como algo normal. Y ese proceso de visibilizar la cuestión, de dar asistencia a las mujeres víctimas de violencia sexual, también favorece la discusión sobre el tema. Me parece que la violencia contra las mujeres siempre fue un punto importante en la agenda del movimiento de mujeres.  Que conquistamos hasta ahora? Según el estudio del Prof. Faundes hay 74 servicios hasta el 2005 en todo Brasil. A pesar de eso tenemos una condición tan restrictiva en cuanto a la capacidad de decisión de las mujeres. Primero la asistencia en si misma, sobre todo a las mujeres pobres, podemos considerar que las hace sentir muy aliviadas, muy apoyadas en una situación tan difícil al haber sido violentadas y sin embargo poder contar con un equipo que las asiste y apoya. Principalmente consideremos que esas mujeres carentes de derechos de ciudadanía, como vivienda, trabajo, y otros bienes, sin embargo después de la atención, y esto es muy importante, como pude comprobarlo entrevistando mujeres testimoniaron que fueron atendidas como en servicios privados o como si hubieran pagado por la calidad del servicio. Entonces ellas dicen: “Si yo no hubiera encontrado ese profesional podría haberme muerto, me habría suicidado porque no podría seguir con ese embarazo fruto de una violación”. Tener esa posibilidad de ser atendida en forma pública, oficial es fundamental para esas mujeres. 

Por eso es muy importante desde el punto de vista de las mujeres ser atendidas en servicios públicos. También desde el punto de vista simbólico de la sociedad brasileña y desde el punto de vista de la conquista de derechos para esas mujeres. Otra cuestión muy importante es que ese proceso desencadenó la necesidad de crear redes multisectoriales de atención de mujeres en situación de violencia. También se vio que el embarazo era la punta del iceberg de un fenómeno muy complejo, con otras razones que debían ser tomadas en cuenta, y que no puede ser enfrentado apenas por el sector salud. Requiere la participación de otros sectores como justicia, seguridad pública, educación. El  fenómeno de la violencia debe ser considerado en forma más amplia.

Por eso hoy en día trabajamos mucho con la creación de redes multisectoriales que contemplan la participación de varios sectores y también la sociedad civil. Varias ciudades brasileñas cuentan con esas redes intersectoriales de asistencia y eso también como resultado de la atención del aborto legal. Aquel otro punto que yo puse después de la cuestión  de la violencia sexual para esos centros de salud y como uno de los temas de los derechos reproductivos, trayendo a otros profesionales de salud el tema del aborto y estamos trabajando muy fuertemente para que los profesionales de salud y del área psicosocial, psicólogos y asistentes sociales tengan ese tema incorporado a su agenda, ya que en el área biomédica: médicos y enfermeras, se ha visto como un delito, como dijo la médica legista antes, a menos que los médicos aprendan que el aborto no pertenece a la criminalidad. Los psicólogos y los asistentes sociales pueden durante toda su formación nunca hablar sobre el aborto. Este tipo de programa docente con carácter interdisciplinario les va a posibilitar también esa discusión para estas categorías.

Ahora en noviembre vamos a tener el 10° Foro de profesionales de servicios de salud que hablen de este tipo de asistencia y el Foro de este año va a tratar específicamente sobre las categorías psicosociales de este debate en forma central. Otra cosa es promover el debate social, toda esta década de trabajo, esta conquista de derechos en el próximo debate de aborto, de aborto inseguro, de derecho de decidir para las mujeres, esta colocada en la agenda pública. Dar debate en la opinión pública y hoy podemos decir que hay un cambio de opinión, un cambio de mentalidad, en la población brasileña con relación a esos casos. Las encuestas son muy favorables a que las mujeres puedan recurrir al aborto en casos de violación.

 

 

Mabel Bianco: Si bien no estaba en el programa, quiero ahora pedirle a Marta Alanis de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba en nombre del grupo coordinador de la Campaña Nacional por el derecho al aborto seguro, que nos relate brevemente la experiencia desde el activismo en Argentina.

 

Marta Alanis, Católicas por el Derecho a Decidir, Córdoba, Argentina:

 Buenas tardes. Gracias Mabel. Voy a comentar un poco también otro rol que tenemos desde la sociedad civil. Agradecemos muchísimo el trabajo del CEDES y de las organizaciones que han ofrecido investigaciones en los últimos años con relación al aborto en Argentina. Hemos conocido también en la mañana el diagnóstico desde el ámbito de la salud pública cómo se viene tratando y se vienen preocupando por el tema de la mortalidad materna, que es algo nuevo en nuestro país que aparezcan espacios donde hay voluntad política para abordar este tema.

Desde el movimiento de mujeres, hace 20 años, se vienen realizando encuentros nacionales de mujeres y en los últimos años este movimiento se ha radicalizado bastante con relación al tema del aborto, cosa que no ocurría en sus orígenes. Como mandato de esos encuentros nacionales, hemos lanzado el 28 de mayo de este año la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en todo el país. Hemos logrado arrancar con una alianza de más de 70 organizaciones feministas del movimiento amplio de mujeres, organizaciones sociales, sindicales, barriales, universidades, asociaciones profesionales, de derechos humanos y del arte, de la cultura, jugadores de fútbol, bueno amplísima es la alianza que vamos logrando.

De estas 70 organizaciones que hicimos la alianza inicial para lanzar la Campaña, en este momento hay 300 organizaciones y más de 500 personalidades que respaldan la Campaña que es realmente nacional, que se ha lanzado en el norte del país, en el sur más extremo y en todas las provincias y ciudades del centro del país. La Campaña tiene un lema que es: “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”. Aspiramos. Estamos juntando firmas ya desde fines del año pasado pero arrancamos con más fuerza este año a partir del 28 de mayo, las invitamos a firmar, incluso afuera hay unas planillas donde la gente puede poner su adhesión para que el aborto sea despenalizado y legalizado además de garantizada su atención en los hospitales público y en las obras sociales de todo el país. También la Campaña se propone y aspira a la atención humanizada del post aborto, que ahora hay un avance en nuestro país y a la atención del aborto no punible.

Vamos a cerrar esta etapa de la Campaña el 25 de noviembre, con una marcha hacia el Congreso Nacional, donde vamos a presentar las firmas recogidas en todo el país, las firmas a modo de muestra de lo que hemos podido juntar las mujeres que nos hemos sumado a esta Campaña y las organizaciones que se sumaron a esta Campaña,  en pocas horas durante la semana. Es a modo de muestra de la voluntad que evidencia la población para pedir, para exigir al Estado, que se despenalice y se legalice el aborto en la Argentina. Quiero dar como testimonio que hay una movilización muy grande y que en el último Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata más de 30 mil mujeres marcharon con los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro. O sea, estamos contando con una opinión pública favorable, con una sociedad civil organizada, estamos contando con expresiones, aunque aisladas, muy significativas de voluntad política en el plano nacional y de algunas provincias y creemos que esto es favorable para poder avanzar y para que también los legisladores, cuando presentemos el proyecto, puedan estar sensibilizados y podamos cambiar las leyes que hoy tenemos. Muchas gracias.

 

 

CLAUSURA: Dra. Mabel Bianco, Presidenta de FEIM

            Estimad@s amig@s llegamos al final de esta rica jornada. Creo que pudimos hoy compartir, aclarar y discutir en forma amplia sobre este tema tan convocante que nos preocupa y ocupa a los aquí presentes. Todos y todas nos llevamos hoy nuevas ideas para encarar la tarea en los servicios de salud y otros ámbitos en los que nos desempeñamos con mayor claridad. También creo todos y todas asumimos el compromiso de divulgar esto a nuestros colegas y compañeros de trabajo que hoy no pudieron llegar o se perdieron en el camino por el cambio del lugar de la reunión.

            Nos llevamos el compromiso del Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Ambos evidenciaron con su presencia, pero sobre todo con su palabra, todo el esfuerzo realizado en estos dos años. También creo, no ignoramos la fragilidad de los avances logrados, como lo señaló el Dr. Spaccavento y el compromiso militante con que debemos custodiarlo y promover aún mayores avances.

            Este es un tema de la agenda política, a pesar de la indiferencia que la mayoría de los hombres y mujeres políticas evidencian. Y es un tema de la agenda política porque se trata de la vida y la salud de las mujeres que afecta a las familiar. Y también es tema de la agenda política, porque la mayoría de las muertes que ocurren se pueden evitar y eso ya lo sabemos todas y todos.

            El miedo y los prejuicios no nos deben paralizar, por el contrario nos tienen que fortalecer para dar las respuestas adecuadas. Por eso quiero cerrar comprometiéndonos todos a continuar defendiendo el derecho a decidir de todas las mujeres y hombres sin ningún tipo de discriminación, ni coerción. Espero que la próxima reunión seamos muchos más y tengamos más avances para compartir. Nuevamente gracias y buenas tardes.