LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO GARANTIZAN PLENAMENTE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, SEGÚN LA SOCIEDAD CIVIL
La Alianza Argentina de Organizaciones con trabajo en el proceso de Cairo+20 y más allá de 2014 evaluó qué hizo el país en los últimos 20 años para avanzar en la agenda de Población y Desarrollo aprobada en Cairo en 1994 y presentó un informe con datos alternativos a los oficiales sobre el cumplimiento del Plan de Acción.
El informe de las ONG fue presentado el 17 de junio en el Salón Auditorio de la Defensoría General de la Nación, con la participación especial del director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Babatunde Osotimehin.
“En los últimos años se sancionaron leyes y se crearon programas que consagran el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, varones, y adolescentes”, reconoce el documento de las ONG, pero aclara que “aún persisten en la realidad muchas diferencias en el cumplimiento de estos derechos”. Por ejemplo, en la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral y en la igualdad de género, entre otros puntos.
La Alianza Argentina de ONG reclama al Estado Argentino que cumpla con las obligaciones de producir estadísticas confiables, actualizadas y accesibles y también con implementar efectivamente las leyes existentes en todo el territorio. “Persisten barreras en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la atención de la salud de adolescentes y jóvenes y es dispar el acceso a los abortos cuando son permitidos por la ley”. La tasa de muertes de mujeres vinculadas al embarazo, parto, puerperio y/o aborto es todavía muy elevada. Argentina no cumplirá con la meta de reducir estas muertes prevenibles y evitables.
El documento cuestiona asimismo las dificultades para que las políticas acordadas a nivel nacional lleguen por igual a toda la población. En este sentido, asegura que la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y el acceso a los servicios de salud siguen dependiendo de “la voluntad política de las autoridades ejecutivas locales o de la discrecionalidad de los profesionales”.
Mabel Bianco, presidenta de FEIM, dijo en la presentación del informe: “La diversidad de la
sociedad civil en Argentina es muy amplia y está reflejada en esta Alianza. Este informe contiene las posiciones consensuadas de 38 organizaciones que superamos nuestras diferencias e intereses particulares”. “Agradecemos al UNFPA por el apoyo que recibimos para realizar este documento y por acompañar siempre a la sociedad civil para asegurar que nos escuchen en todos los espacios”, dijo Bianco y agradeció especialmente “que el Director ejecutivo de UNFPA acompañe en esta presentación”.Sergio Maulen, de Akahata - Equipo de Trabajo en Sexualidades y Género; Paola García Rey, de Amnesty Argentina; y María Alicia Gutiérrez, de FUSA, explicaron el proceso de negociación con el gobierno para producir un informe conjunto que no se pudo dar. Además, describieron los puntos centrales del informe de las ONG entre los que destacaron las dificultades en un país federal para la implementación de leyes y programas en todo el país.
"A pesar de tener leyes de avanzada y programas de salud sexual y reproductiva y de empoderamiento de las mujeres no se aplican en forma homogénea en todo el país. La alta tasa de muertes maternas demuestra todo lo que está pendiente más allá de las leyes y programas", dijo García Rey y agregó que: "la situación se agrava para grupos vulnerables como jóvenes, pueblos originarios, migrantes, personas que viven con VIH, trabajadoras sexuales y diversidad sexual, especialmente".
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